Estamos inmersos -España, Europa y el resto del mundo- en una crisis sanitaria, económica e incluso geopolítica que no tiene precedentes.
Parecería lógico que los europeos, angustiados por su salud y preocupados por sus empleos, esperaran soluciones de la Unión Europea. Pero la Unión es una organización más intergubernamental que federal, sin competencias en el ámbito sanitario. Por eso, gestionar 27 Estados cuyos intereses pueden ser distintos no es tarea fácil. No podemos olvidar que la UE se bloquea si sus principales Estados miembros no empujan en la misma dirección.
Acabamos de ver hace días cómo Pedro Sánchez ha criticado a algunos socios europeos, especialmente a Alemania y Holanda -incluso al proyecto europeo-, por su oposición a la estrategia coordinada que se propuso en el último Consejo. El presidente no esbozó, sin embargo, ningún atisbo de autocrítica sobre su gestión en tiempos de bonanza, en los que podría haber tomado medidas para reducir el déficit de España. Estar en la UE implica ser consecuente y responsable con lo que uno hace, sin echar mano de populismos ni de guiños antieuropeístas que digan "la culpa es de Bruselas", solo cuando las cosas van mal.
¿Qué han hecho las instituciones europeas en esta situación de crisis excepcional? Han desplegado todos los recursos a su alcance y dentro de sus competencias. Y recalco: a su alcance y dentro de sus competencias. Vamos por partes. Desde la Comisión Europea se están trasladando 1.000 millones de euros al Fondo Europeo de Inversiones para dar liquidez, además de a otros fondos estructurales como el novedoso Fondo Social Europeo, o el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que tratan de aliviar el impacto en el empleo. Por primera vez en la historia se ha activado la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad, lo que significa que los gobiernos pueden gastar sin límites en los sectores que lo necesiten. Y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha propuesto un esquema de ayudas para mantener el empleo en los países más afectados como España e Italia. Un plan que pidió el jefe de Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, el pasado 3 de marzo y que se inspira en el Kurzarbeit alemán, para que las empresas puedan reducir las horas trabajadas por sus plantillas en lugar de despedir a los trabajadores.
Además, se ha puesto en marcha una Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC), para hacer llegar rápidamente a los Estados miembros fondos presupuestarios para afrontar la crisis. Asimismo, la Comisión ha comprado material sanitario y ha financiado investigaciones que luchan para tener cuanto antes una vacuna.
En el Parlamento Europeo hemos aprobado iniciativas de inversión que encauzarán 37.000 millones de euros de fondos estructurales y de inversión; se ha extendido el Fondo de Solidaridad y se han suspendido las franjas horarias de los aeropuertos para evitar los vuelos vacíos. Por su parte, la institución más federal y más ágil con la que contamos, el Banco Central Europeo, ha lanzado un programa de compra de deuda de 750.000 millones de euros.
Importante: sí hay medidas, y suponen un salto cualitativo con respecto a la gestión de la crisis del 2008. La UE ha actuado mucho más deprisa y ha tomado decisiones de enorme calado, como la flexibilización del marco fiscal. Fue precisamente la rigidez fiscal la que ocasionó entonces el colapso de algunos países.
El plan de una estrategia coordinada contra el Covid-19 se encontró en la cumbre del jueves de la pasada semana con la oposición de varios Estados miembros, encabezados por Países Bajos y Alemania, que defienden la austeridad y creen que cada país debe hacer frente a la crisis con sus propios recursos. Enfrente, nueve Estados miembros, con España, Italia y Francia a la cabeza.
Hay una lógica en la oposición al plan: más de 10 años después de la crisis económica, son precisamente los países más afectados por el coronavirus los que también acumulan los mayores déficits. Un escenario que podría complicarse aún más con la próxima publicación de las cifras de 2019, con la posible confirmación de que países como España e Italia han sobrepasado los límites pactados.
Cada bloque basa sus decisiones en cálculos electorales -nacionales- y costes políticos, además de criterios económicos y diferencias culturales. Igual que en la época de bonanza económica no se aprovechó en España para realizar las reformas necesarias ni sanear sus finanzas por miedo a las urnas. También los electores holandeses podrían castigar al gobierno del primer ministro Mark Rutte en las próximas elecciones si decide ligar su deuda a la italiana o española.
El proyecto de coordinación no se bloquea por la UE, sino por algunos países de la UE. ¿Las iniciativas mencionadas han llegado en el momento oportuno o han sido tardías? Se puede discutir, pero responsabilizar a la Unión de la crisis no es coherente cuando no se ha cumplido con los deberes propios.
Queda crisis. Hay ahora opiniones distintas que impiden avanzar en la misma dirección. Quizá mañana se vean necesitados los que ahora se niegan a poner en pie una respuesta más conjunta y coordinada. Sus reticencias pueden tener alguna base, pero también ofrecen munición fácil a la retórica euroescéptica de los que identifican su posición con el conjunto de la UE. En cualquier caso, ni las sociedades ni, sobre todo, sus líderes pueden perder de vista ni siquiera por un momento que estamos en una situación excepcional que exige una única respuesta: la solidaridad. Precisamente la piedra angular del proyecto europeo.
Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos.