El Banco del Sur
El proyecto de crear un banco regional, bautizado como Banco del Sur (BS), fue impulsado en febrero de 2007 por los presidentes Kirchner y Chávez, al que luego se sumaron los primeros mandatarios de Bolivia y Ecuador. Desde la perspectiva kirchnerista, el BS debería ser una herramienta eficaz para liberar definitivamente a su país de la dependencia de los organismos de crédito multilaterales, como el FMI, el BID o el Banco Mundial, que según su presidente ha sido fatal para el desarrollo nacional. La iniciativa argentina cobra más valor después de la cancelación de la deuda de casi 10.000 millones de dólares que tenía con el FMI. El Gobierno argentino, al igual que el venezolano, ha puesto demasiadas expectativas en este banco regional. Según declaraciones del jefe de Gabinete Alberto Fernández, “el Banco del Sur es un hecho que puede ayudar a fortalecer el desarrollo de infraestructura en toda la región”. Pero no sólo eso, ya que se quiere dotar a la nueva entidad financiera de las más diversas funciones, algo que por su gran indefinición no termina de entusiasmar al Gobierno de Brasil.
Los impulsores del proyecto quieren crear un fondo de 7.000 millones de dólares, provenientes de las cada vez mayores reservas de divisas en manos de los Bancos Centrales sudamericanos, con el objetivo de financiar infraestructuras, el desarrollo económico y el comercio regional, así como evitar crisis fiscales y externas que puedan poner en peligro la estabilidad de los gobiernos actualmente en el poder. Sin embargo, las autoridades brasileñas antes de comprometerse en el proyecto quieren definir claramente los objetivos del banco, ver qué tipo de estructura se quiere construir (si se quiere reemplazar al FMI y al Banco Mundial o si se pretende sustituir al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social –BNDES–, la mayor entidad financiera de fomento de Brasil).[11] A estas críticas se suman otras, como aquellas que insisten en la existencia de organizaciones similares, razón por la cual no es necesario recrear estructuras ya existentes, lo que implicaría, entre otros problemas, un fuerte desarrollo de la burocracia supranacional. De alguna manera, buena parte de las reticencias brasileñas al proyecto se explican en función de la existencia de organismos regionales que ya cumplen las tareas potenciales del BS, como son el BID, la CAF (Corporación Andina de Fomento) –que está cumpliendo una extraordinaria labor–, o incluso el Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata), a pesar de contar con recursos escasos. Pese a sus reparos, Brasil ha participado en las reuniones técnicas para definir las características y la carta orgánica del Banco, reuniones en las que también participa Paraguay, además de los adherentes Bolivia y Ecuador.
Lula dejó claro en la Cumbre que la “reunión de la Isla Margarita no tenía como finalidad discutir esa institución financiera”, un argumento que le sirvió para cortar en seco el tema y evitar que fuera tratado durante la Cumbre. En todo caso, Brasil apoya la idea de que el BS se limite a financiar la construcción de grandes infraestructuras. En este contexto se inscriben las declaraciones realizadas una semana antes de la Cumbre por Guido Mantega, el ministro de Hacienda brasileño, quien dio a entender que su país sólo se adheriría al Banco en la medida que se tratara de una entidad regional de desarrollo, que tuviera como principal objetivo respaldar y financiar proyectos de integración física. En realidad, Brasil, que ya tiene en el BNDES una potente herramienta para sus proyectos de desarrollo interno, no requiere de nuevas herramientas financieras de ese tipo. Por el contrario, Argentina, que tuvo un Banco de Desarrollo, ya no lo tiene y ese mismo vacío se observa en Ecuador y Bolivia. Para Venezuela se trata de un mecanismo útil para expandir su influencia en América Latina, y al que le ha dado el sello de “Sur” con el que intenta dotar de una clara identidad corporativa a sus iniciativas regionales.[12]
Finalmente, Lula aceptó la idea del presidente Correa de que los ministros de Economía se reunieran en Quito. Y así fue como el 3 de mayo los ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela mantuvieron una reunión en Quito. En ella, y pese a las fuertes presiones del presidente Correa, los ministros sólo ratificaron la voluntad de sus países de continuar en el proceso de creación del BS. El presidente Correa había propuesto crear dos instituciones: el Fondo del Sur, para recoger las reservas en divisas de los países y evitar los terribles efectos de las crisis fiscales y externas y el BS, para financiar proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructuras, en línea con la propuesta hecha por Brasil.
Dadas las reticencias brasileñas a todo este proyecto, el tratamiento de la idea de crear un Fondo del Sur, en línea con ciertas funciones del FMI, fue pospuesta para otra oportunidad. Sin embargo, sí se decidió fortalecer el Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar), con el fin de afrontar potenciales crisis fiscales, aunque no se dio ningún paso concreto en esa dirección. El ministro ecuatoriano Ricardo Patiño, intentando justificar la posición de su Gobierno, explicó que el fondo operaría, inicialmente, en transacciones comerciales. “La propuesta de Ecuador fue que se empiece a usar una unidad de cuenta monetaria que podría ser el germen de lo que en el futuro se denominaría una moneda sudamericana”. Sin embargo, la retórica siguió dominando el encuentro, como puso de manifiesto Rodrigo Cabezas, el ministro venezolano: “Crearemos un banco que sustituya las viejas prácticas de los organismos multilaterales”.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que debe afrontar la nueva institución, más allá de la definición de las funciones del BS, es el de los fondos. Si bien se habla de un aporte de 500 millones de dólares de cada uno de los países miembros, se mantienen las grandes cuestiones: ¿de dónde saldrá el capital para fondear el BS?, ¿quién o quiénes harán los principales aportes? Se habla de las reservas en divisas de los países, que han crecido en los últimos años de forma considerable, pero el problema es si todos los países querrán invertirlas, y en qué proporciones, en esta aventura. Finalmente, cabe la posibilidad que el BS, como tantos otros experimentos del largo, controvertido y poco exitoso proceso de integración latinoamericano quede convertido en una cáscara vacía, pero teniendo que soportar un costoso directorio, que permitirá a media docena de personas, al menos, beneficiarse de importantes salarios y grandes privilegios.
A lo largo del mes de mayo una comisión técnica, primero, y los ministros de Economía después, deben definir el objetivo y las funciones de la entidad, la constitución de los órganos de gobierno y de administración (estructura, accionistas, votos, etc), y el régimen de capital. Mientras tanto, Argentina y Ecuador propusieron que cada país miembro del BS tenga un voto en el Consejo rector. Hasta ahora se ha acordado que el organismo tendrá como prioridad el financiamiento de obras de infraestructura, comercio exterior y desarrollo de sus países miembros. Finalmente, el 22 ó 26 de junio, en la medida que se avance satisfactoriamente para todas las partes implicadas, bien en la reunión del Mercosur, en Asunción, o en la inauguración de la Copa América, en Caracas, los seis países deberían firmar el manifiesto fundacional del Banco, que despejara todas las incógnitas anteriores. El ministro brasileño de Economía, Guido Mantega justificó su rechazo al Fondo del Sur en que “colocar los dos organismos juntos resultaría más difícil de viabilizar. Es difícil conformar un banco y sería más difícil hacer dos. Por ello, primero vamos a priorizar el banco de desarrollo (Banco del Sur) para luego pensar en un banco de estabilización, que podría resultar del aprovechamiento de otra institución”.
Las indefiniciones y el voluntarismo, en ésta como en otras materias, son la norma. De ahí los grandes anuncios de medidas prodigiosas, que luego no se concretan y terminan siendo la causa de nuevas frustraciones. En Cochabamba, el Gobierno boliviano impulsa la construcción de la sede del Parlamento Sudamericano, una institución que, como tantas otras del proyecto de integración regional, nacerá vacía de contenido. Sin embargo, esto no excluye que en su construcción se gasten importantes cantidades de dinero, o que luego otras tantas se consuman en los salarios de los parlamentarios, asesores y personal de apoyo. Lo mismo se puede decir del recientemente constituido Parlamento del Mercosur. Durante una inspección a los terrenos donde se levantará el Parlamento, a fines de abril, Evo Morales, siguiendo la estela de Rafael Correa, reveló que en la región ya existe consenso para la creación de una moneda común, aunque no aclaró entre qué países existe ese consenso ni cuál será el camino para arribar a la misma.
En la visión de Morales la moneda única es una pieza clave en el camino de la integración regional, y no una consecuencia de la misma. De ahí que se comience a construir la casa por el tejado y en este caso lo central sea el nombre. “Esa es la tarea y que viene de muchos debates; nosotros hasta hemos puesto un nombre, que se llame Pacha, un poco viendo el futuro. Venezuela también tiene una propuesta (de nombre), todos los países tienen una propuesta, pero hay coincidencia en que toda Sudamérica tenga una sola moneda, eso ya es una coincidencia” y agregó Morales que uno de los “animados” es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien “apuesta con fuerza” por la moneda única. También dijo que se ha organizado una comisión, una más, que hasta diciembre redactará un borrador del estatuto constitutivo para la integración regional en torno a la Unasur.
Las relaciones Brasil-Bolivia
Las relaciones entre Brasil y Bolivia se deterioraron gravemente a partir del 1 de mayo de 2006, cuando el Gobierno de Evo Morales sancionó el Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos, que afectó la posición de Petrobras. Algunos observadores describieron la reunión bilateral entre ambos presidentes como la peor de todas las celebradas hasta la fecha y en ella se celebró un “áspero debate”. Como se ha señalado más arriba, el Decreto supuso un punto de inflexión en las ya deterioradas relaciones entre Brasil y Bolivia, dada la clara opción venezolana adoptada por el Gobierno de Evo Morales, una opción que ha supuesto, en el largo plazo, un profundo e irreparable daño al proceso de crecimiento boliviano.
Una prueba más del deterioro de las relaciones bilaterales fue la firma entre los presidentes Chávez y Lula de un acuerdo para formar dos empresas mixtas encargadas de construir un conjunto petroquímico que debe incluir una planta de etileno y otra de polipropileno en el Complejo Criogénico de Jose. El proyecto mixto, que contempla inversiones por valor de 5.000 millones de dólares, será ejecutado por Pequiven, filial de PdVsa y por la brasileña Braskem. Se da la circunstancia que Braskem pensaba construir el polo petroquímico en la frontera entre Bolivia y Brasil, con una inversión de 1.300 millones de dólares, que crearía 100.000 puestos de trabajo en Bolivia, pero finalmente se abstuvo de formalizar la iniciativa dada la prolongada actitud de silencio del Gobierno de Evo Morales frente a la propuesta brasileña. Finalmente, en diciembre de 2006, Braskem desistió de su oferta.
Tampoco ayuda demasiado para la evolución futura de la relación bilateral la deriva pro iraní que está teniendo el Gobierno de Evo Morales, de la mano de Hugo Chávez. Morales llegó a Venezuela con un día de anticipación al inicio de la Cumbre y acompañó a Chávez durante la inauguración de una planta láctea construida con tecnología iraní. Posteriormente, durante el programa Alo Presidente, Chávez le sugirió establecer negociaciones con Irán para montar fábricas similares a las establecidas en Venezuela para producir automóviles, tractores, plásticos y productos agroalimentarios. Simultáneamente, funcionarios diplomáticos iraníes reiteraron el plan de Mahmud Ahmadineyad de crear en Venezuela una base de operaciones para importar y exportar productos desde y hacia América Latina. Con este objetivo se creará una empresa binacional para desarrollar negocios bilaterales, a los cuales Chávez solicitó incorporar productos bolivianos.
Una de las quejas permanentes de Lula en relación a sus negaciones con Morales sobre la situación de Petrobras en Bolivia son los constantes cambios de opinión del Gobierno de La Paz. Durante la Cumbre de Isla Margarita, el principal punto en disputa entre ambos presidentes giró en torno al intento de compra por parte de Bolivia de las dos refinerías de petróleo de Petrobras, que el Gobierno boliviano quiere nacionalizar. Mientras Petrobras quiere venderlas a precio de mercado, Bolivia las quiere adquirir al precio de su valor patrimonial, al precio contable. Bolivia quería gastar en la compra entre 50 y 70 millones de dólares (inicialmente se habló de 90 millones), con el argumento de que cuando Petrobras las compró, en 1999 (en febrero de ese año el barril de Brent costaba 10 dólares), pagó un monto similar. Por su parte, Petrobras quería 200 millones, que luego bajó a 153, para terminar aceptando 112 millones de dólares. Según el Gobierno brasileño, se acabó cediendo para no provocar una crisis en el Gobierno boliviano, ya golpeado por distintos conflictos en diferentes frentes. Lula no quería verse retratado como el causante de una crisis en Bolivia o de la caída de su Gobierno.
Tras muchas y tensas negociaciones, y dada la falta de acuerdo entre las partes, el Gobierno boliviano, a principios de mayo, decidió recurrir a una consultora internacional para zanjar el diferendo. Según algunas fuentes del entorno de Evo Morales, en caso de no alcanzarse ningún acuerdo, el presidente firmaría un decreto para confiscar el flujo de caja de las refinerías, si bien se trataba de una medida para presionar en la negociación. Como no podía ser de otra manera, las declaraciones oficiales, especialmente las bolivianas, negaron la existencia de conflictos. Morales dijo tras la Cumbre que “no ha habido ninguna diferencia” con Lula y que en el pasado el presidente brasileño ha terminado resolviendo los problemas existentes en torno a la falta de acuerdo por el precio del gas que Bolivia le vende a Brasil.
Pese a ello, según la prensa brasileña la disputa fue muy dura, especialmente después de que el Gobierno brasileño se terminara cansando de las evasivas bolivianas y de sus continuos cambios de rumbo. También en la línea de endurecer la negociación, el presidente Lula amenazó, en caso de no llegar a ningún acuerdo, con retirar todas las inversiones de Petrobras en Bolivia e instar a otros países e inversores a hacer lo mismo. Sin embargo, una vez que se alcanzó el acuerdo un alto responsable de Petrobras señaló que su empresa podría volver a invertir en Bolivia siempre y cuando cambiaran las actuales circunstancias.
Evo Morales tampoco quiere tensar más la cuerda en estos momentos y, por eso, durante una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas, manifestó de un modo contundente, aunque poco creíble, que: “Hacen aparecer desde Brasil como una pelea con el compañero Lula. En todo caso nuestro respeto, nuestra admiración (hacia Lula)”. Al margen de la nacionalización de las refinerías y de la negociación por el precio del gas natural que Bolivia vende a Brasil, uno de los principales puntos del conflicto bilateral es el tributo de 30 millones de dólares mensuales que Petrobras debe pagar a YPFB, al igual que Repsol YPF y Total Fina, en concepto del 32% de su producción. El pago del tributo le costó a Petrobras 99 millones de dólares en 2006, lo que incidió en sus resultados de gestión de ese año, cuando obtuvo unas ganancias de 27 millones de dólares, una cuarta parte de los 107 millones obtenidos en 2005.
Una de las consecuencias de la Cumbre fue la reunión mantenida por Lula a su regreso a Brasil con el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, quien manifestó, poco después, que su empresa invertirá 22.400 millones de dólares en la explotación y producción de gas hasta 2011. De este modo, en 2010 debería triplicarse la oferta, pasando de los 42 millones de m3 diarios a 121 millones, una oferta que deberá ser garantizada por la producción nacional. De este modo, poco crecerá el volumen comprado a Bolivia, que llegará a 30 millones de m3. Brasil importará otros 20 millones de m3 de gas líquido y 71 millones corresponderán a la producción nacional. Se trata de una noticia que a buen seguro no será vista con buenos ojos en Bolivia.
El ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, señaló que su país quiere comprar gas licuado a quienes ofrezcan precios competitivos y garanticen el abastecimiento, como Qatar, Trinidad y Tobago, Nigeria, Omán o Argelia. En esta línea, el 25 de abril, Petrobras firmó con Nigerian GNL su primer acuerdo para importar gas natural licuado (GNL), como parte de su estrategia de diversificar el abastecimiento de gas y reducir la dependencia con Bolivia. Petrobras también firmó un acuerdo de confidencialidad con Omán GNL, para la posible importación de gas del Golfo Pérsico. A estos efectos, el Gobierno brasileño ya aprobó la construcción de dos plantas de regasificación. Las plantas se construirán en los estados de Río de Janeiro y Ceará y estarán operativas en mayo de 2008. Podrán regasificar 20 millones de m3 diarios de gas, casi el 80% de lo que hoy se importa de Bolivia.
Otras cuestiones energéticas
Argentina: gas y petróleo
La llegada de Kirchner a la presidencia argentina en 2003 supuso un giro de 180º en relación a la política energética desarrollada por los Gobiernos anteriores. Su interpretación fuertemente estatista de la economía lo lleva a concebir al sector energético como un núcleo estratégico que debe estar controlado por, y desde, el Estado. Con ese fin se creó la empresa Energía Argentina (Enarsa), que más allá de los grandes objetivos trazados aún no ha terminado de despegar. Una de sus metas era neutralizar, con emprendimientos propios, lo que se estimaba una reducción sensible de las inversiones en exploración y explotación de las empresas privadas del sector (gas y petróleo) que operan en el país. En este sentido, las manifestaciones del todopoderoso ministro de Planificación, Julio de Vido (el responsable del sector energético), fueron categóricas, cuando el pasado 18 de abril (tras la Cumbre energética) manifestó su disconformidad con las inversiones hechas por las empresas petroleras, ya que “la exploración no aumenta conforme a las expectativas que tenemos nosotros” y que “A mí no me parece mucho lo que están invirtiendo. Además lo que ellos quieren es que yo les pague el barril a 60 dólares, o lo que es peor: que lo pague el usuario final”.
Esta situación ha llevado al Gobierno argentino a plantearse la revisión de 18 contratos de explotación de hidrocarburos. En lo que a Repsol-YPF se refiere, el secretario de Energía, Daniel Cameron, sostuvo que las inversiones anunciadas por la empresa están por debajo de las que hizo antes de enero de 2002, tras la grave crisis económica que sacudió al país. Hay que tener en cuenta que desde la salida de la convertibilidad y la posterior devaluación del peso (en enero de 2002), el Gobierno argentino mantiene congelado el precio de los combustibles, además de aplicar impuestos, bajo la figura de “retenciones a la exportación”, del 45% a las ventas al exterior de hidrocarburos, entre otras regulaciones que son motivo de quejas de la industria petrolera.
Las constantes presiones sobre la petrolera española, que llegaron incluso a plantear la posibilidad de una renacionalización de la empresa, llevaron a su presidente, Antonio Brufau, a anunciar recientemente que no verían con malos ojos la entrada de un inversor argentino minoritario en el capital de YPF. De momento, los potenciales socios no quieren dar el paso, ya que muchos de ellos se resisten a tener sólo una posición secundaria y preferirían responsabilizarse de la gestión, por lo que no habría que descartar nuevas presiones gubernamentales contra Repsol.
La producción argentina de petróleo aumentó un 3,52% en el primer bimestre de 2007, hasta los 6,2 millones de metros cúbicos, el primer incremento logrado desde 2001. Este ligero aumento contrasta con el estancamiento de la extracción de gas natural, cuyo volumen sólo alcanza a cubrir el 50% de la demanda interna, lo que ha llevado a Argentina a recortar sus ventas a Chile e importar gas de Bolivia. En ambos casos, las razones del estancamiento del sector descansan en la parálisis de inversiones provocadas por la congelación de las tarifas y el deterioro de los marcos regulatorios y de la seguridad jurídica.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela
En el nada sencillo, y siempre turbulento, campo de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas, la reunión entre los presidentes Chávez y Uribe tuvo un importante plus de normalidad. Pese a las grandes diferencias políticas e ideológicas existentes entre ambos mandatarios, la relación bilateral está sólidamente anclada en un comercio que pasa por su mejor momento. En 2006 los intercambios alcanzaron la cifra de 4.300 millones de dólares. Se trata de un dato que hace cada vez más necesario definir un nuevo marco para el comercio bilateral después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque tampoco habría que descartar totalmente la posibilidad de un retorno de Venezuela a la CAN, en la medida que pueda hacer compatible esta situación con su condición de miembro (aunque todavía no pleno) del Mercosur.
Durante la reunión, los Gobiernos de Colombia y Venezuela se comprometieron a firmar un acuerdo comercial bilateral el próximo julio para relanzar sus intercambios. Los dos mandatarios también hablaron de proyectos energéticos concretos. De este modo, la agenda contó con cuatro temas: (1) un gasoducto que atravesará bajo tierra el departamento de La Guajira, con el objetivo de expandir las redes de gas y satisfacer la demanda energética en ambos países –se trata de una obra que deberá finalizar en agosto próximo–; (2) el oleoducto de Maracaibo al Pacífico colombiano, para exportar a Asia (China) el petróleo venezolano; (3) la explotación conjunta del petróleo extrapesado del Orinoco; y (4) la venta de gasolina desde Venezuela, con precios inferiores a los del mercado, a poblaciones fronterizas colombianas, a fin de erradicar el comercio ilegal de gasolina. En el caso del gasoducto Transguajiro, también se estudió su posible extensión hasta Panamá. Como se ve, en el caso de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas se ha impuesto claramente el pragmatismo, por ambas partes, aunque el peso del esfuerzo, especialmente a la hora de no responder a las continuas provocaciones a las que se ve sometido, corre a cargo de Álvaro Uribe.
La integración sudamericana
A principios de mayo de 2007, el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, si bien reconocía los logros de la Cumbre Energética, hacía una advertencia importante, al llamar a no confundir en América Latina “los espacios políticos y económicos cuando se habla de integración”, ya que ello lleva a confundir “las referencias y las metas”. Dadas las distintas especificidades económicas existentes en los países de la región, “la integración económica… requiere… una geometría variable” que parta de los múltiples intereses nacionales y a partir de ahí definir cómo avanzar.[13]
Pese a ello, se ha proclamado como uno de los grandes logros de la Cumbre la adopción del nombre de Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en lugar de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA). Como se ha señalado anteriormente, esta definición no está incluida en la Declaración Final de la Cumbre, aunque sí en una declaración adicional firmada por todos los mandatarios. En ella se señala que la sede de esta nueva institución se establece en Quito (como forma de premiar la fidelidad de un estrecho aliado de Chávez), donde se establecería su secretaría permanente, que se ofrece al ex presidente ecuatoriano, Rodrigo Borja. En este sentido, el principal cambio en relación con la CSN es que ésta tenía una secretaría pro temporey no una secretaría general.
Detrás de estas cuestiones nominalistas se vuelve a encontrar la pugna entre Brasil y Venezuela por el liderazgo regional, ya que el proyecto de la CSN, que queda totalmente obsoleto con la entrada en vigor de la Unasur, había sido impulsado por Lula, en la Cumbre de Cuzco de 2004. Las diferencias en la aproximación al tema entre ambos mandatarios se ve en la afirmación de Chávez de que una de las metas del esfuerzo integrador es que “incorporemos las corrientes sociales de nuestros pueblos”, en lugar de poner el acento en la integración comercial o económica o en la construcción de infraestructuras, la base de la propuesta brasileña.
Pocos días antes de que se celebrara la Cumbre Energética de Isla Margarita, el Plan Puebla Panamá, impulsada inicialmente por el presidente mexicano Vicente Fox, celebró su propia reunión presidencial, esta vez con la presencia de Colombia, que decidió adherirse a este esquema de integración. En el contexto de su iniciativa regional, México impulsa la construcción de una refinería en América Central, un proyecto que podría entrar en colisión con los planes venezolanos en América Central y el Caribe. La adhesión colombiana al Plan Puebla Panamá le ha servido al presidente nicaragüense Daniel Ortega, cada vez más alineado con Hugo Chávez –como prueban sus crecientes y estrechas relaciones con el régimen iraní–, para faltar a la cita. Su principal argumento fue que Colombia se había integrado en el Plan Puebla Panamá únicamente para buscar nuevos apoyos en su litigio con Nicaragua por el Archipiélago de San Andrés y los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, en el Mar Caribe. Por el contrario, Ortega, junto con Evo Morales, acudió a la Cumbre del ALBA organizada por Chávez en Barquisimeto a partir del 28 de abril de 2007. En realidad, el argumento manejado por Ortega era una mera excusa, pero, con todo, es una prueba más de que la política latinoamericana impulsada por Venezuela es más un factor de división que de unión.
El problema regional es que permanentemente se mezclan los aspectos políticos, e inclusive los ideológicos, con los económicos. La idea en este momento, y es la que vemos como uno de los principales motores dinamizadores del ALBA, es que la confluencia de posturas políticas o ideológicas ayudará a cementar el proceso de integración regional y que esa convergencia entre distintos gobiernos, caracterizado por su creciente nacionalismo y estatismo, será suficiente para limar (o eliminar) las diferencias.
Por eso, es interesante discutir cuál es el potencial realmente integrador de la agenda energética, en la cual, algunos mandatarios latinoamericanos, comenzando por Hugo Chávez, pero no limitados a los partidarios del ALBA, piensan que han encontrado la llave que deberá abrir todas las puertas hacia la integración regional. Algunos analistas, como el boliviano Alfredo Seoane Flores, creen que el proceso de integración energética, sumado a la de infraestructuras y la financiera es el camino más adecuado para llegar a una América Latina unida e integrada. Pese a ello, como muestra la evolución del mercado eléctrico, es muy poco lo que se ha avanzado en los procesos de interconexión entre los distintos países (América Central es quizá el caso más espectacular). Al mismo tiempo tenemos el caso de Paraguay, un gran país generador de energía hidroeléctrica, con sus presas de Itaipú (compartida con Brasil) y Yaciretá (compartida con Argentina), que no exporta toda la energía que podría debido a los bajos precios que intentan pagarle sus vecinos. Como Venezuela no es un productor importante de este tipo de energía, la electricidad, su generación y distribución no fueron temas centrales de la Cumbre.
La Cumbre del ALBA
Diez días después de la celebración de la Cumbre Energética, en Isla Margarita, se realizó también en Venezuela, en Barquisimeto, la I Cumbre del ALBA (del 27 al 29 de abril). La cita contó con la presencia de los presidentes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, hasta ahora los únicos socios firmantes del acuerdo regional, aunque no habría que descartar un futuro ingreso de Ecuador o de algún país del Caribe. Por eso, hemos visto en la Cumbre del ALBA, como invitados especiales, a algunos representantes del Caribe, un área particularmente cuidada por las diplomacias de Cuba y Venezuela. Entre todos los representantes caribeños sobresalió el presidente de Haití, René Preval, que últimamente se deja ver mucho junto a Chávez.
Según el presidente venezolano, el ALBA, que tiene un componente más político que económico, promueve una integración latinoamericana basada en la “solidaridad, la cooperación, no la competencia y la ganancia capitalista”. Al ser una herramienta de la petrodiplomacia venezolana, y estar tan reciente la Cumbre Energética, la energía no podía estar al margen. De esta forma, Venezuela propuso a los países miembros del ALBA (Cuba, Bolivia y Nicaragua) y a Haití, cubrir todas sus necesidades energéticas financiándoles el 50% de su factura en la compra de hidrocarburos. Para Chávez, esa cantidad debe destinarse a desarrollar el “fondo ALBA” con el que se promoverán en los países acreedores “proyectos agrícolas, producción de alimentos, pequeña y media industria”. Venezuela garantiza a los países incorporados al ALBA y a Haití el suministro de todas sus necesidades energéticas. “Además, proponemos financiar el 50% de la factura petrolera que genere esos suministros” y “ha llegado la hora de que el petróleo venezolano sirva al desarrollo y unión de nuestros pueblos”, de la misma manera en que antes había impulsado el desarrollo de EEUU.
Durante la Cumbre del ALBA, en Barquisimeto, el presidente Chávez también anunció su intención de abandonar el Banco Mundial (BM) –incluido el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)– y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su política de abandonos también contempla a la OEA (Organización de los Estados Americanos), si ésta se pronuncia contra su deseo de cerrar Radio Caracas Televisión (RCTV), notable por su oposición al régimen. Ya se han visto los duros epítetos que dirigió al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuando mostró su preocupación por el caso.
Esta política de creciente aislamiento tuvo uno de sus puntos álgidos en la visita del Papa a Brasil. El secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, afirmó que la Santa Sede estaba preocupada por el surgimiento “de gobiernos autoritarios en América latina, como en Venezuela”, una idea que fue retomada por el Papa en su último discurso, aunque el Pontífice no hizo ninguna alusión concreta. La respuesta venezolana fue contundente y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Nicolás Maduro, advirtió al Vaticano que no debe calificar al Gobierno venezolano de ninguna manera y dijo que de lo contrario “tendrá una respuesta contundente”. A la vista de ésta y otras manifestaciones semejantes de la política exterior venezolana, no sería de extrañar que en el supuesto caso de que el Gobierno de España emitiera un juicio rotundo sobre la situación venezolana, ante el deterioro creciente de la democracia, ante un posible ataque a los intereses españoles o cualquier otro tema polémico, se produzca una respuesta dura, que, entre otras posibilidades, pase por el abandono o boicoteo del sistema de Cumbres Iberoamericanas.
La cuestión es adónde conducirá a Venezuela el aislamiento en que Chávez quiere sumirla. Lo más grave es que en su deriva arrastra a sus más cercanos aliados, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, países pobres sin los abultados recursos que nutren las arcas venezolanas. A finales de abril, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expulsó al representante del BM en Quito, tras acusar al organismo de tratar de chantajearlo con un préstamo de 100 millones de dólares cuando era ministro de Economía en 2005. Posteriormente, durante la Cumbre del ALBA, el presidente de Bolivia Evo Morales anunció que los países firmantes acordaron “retirarse y denunciar de manera conjunta la convención del CIADI, garantizando el derecho soberano de los pueblos a regular la inversión extranjera en su territorio”. Su explicación se centró en que algunas empresas extranjeras que incumplen las leyes bolivianas han decidido recurrir al CIADI frente a los legítimos derechos de Bolivia y en que el mismo generalmente se ha pronunciado contra los países y a favor de las empresas, incluso si transgreden las leyes, salvo en un par de casos en que favoreció a los EEUU. La idea fue remachada por Chávez, que insistió en el hecho de que mientras haya organismos internacionales subordinados a los “intereses del imperio”, estarán deslegitimados para imponer sus decisiones. Pese a este deseo de ruptura con el CIADI, los países que lo hayan integrado están obligados a someterse a su disciplina durante un período de 10 años posterior a la denuncia del convenio.
Si Venezuela puede presumir de no necesitar la inversión extranjera, una boutade de difícil cumplimiento, Bolivia o Nicaragua (firmantes del ALBA) las necesitan en abundancia. Esta idea ha sido ratificada por el propio Morales durante el primer aniversario del Decreto Supremo que nacionalizó los hidrocarburos en su país, cuando admitió que sin inversión extranjera será difícil avanzar, para lo cual, en un tono menos amenazante que en el pasado, invitó a las empresas petroleras a seguir negociando para continuar su actividad en el país. Este llamamiento es contradictorio con el anuncio de la salida del CIADI, ya que no sólo aumenta la inseguridad y el riesgo de quedarse en el país, sino también desincentiva nuevas inversiones.
Lo mismo puede ocurrir con las empresas presentes en la Faja del Orinoco, sean las que ya han acordado permanecer en el país, como las estadounidenses ChevronTexaco y ExxonMobil, la británica British Petroleum, la francesa Total y la noruega Statoil, o bien aquellas que todavía no lo han hecho, como la estadounidense Conoco Philips, la italiana ENI y Petrocanadá. Si bien las condiciones de negociación son durísimas, su apuesta es quedarse, ya que la salida de Venezuela les supondría perder la mayor parte de los casi 17.000 millones de dólares invertidos. Gracias a ellos, diariamente se extraen de la Faja 600.000 barriles de petróleo, prácticamente la quinta parte de los 3.500.000 barriles que el Gobierno de Venezuela asegura produce al día, aunque observadores internacionales estiman que se trata de una cantidad algo menor. El problema radica, si se tensa la cuerda demasiado, en que los incentivos para irse sean mayores a los incentivos para quedarse, o que si se quedan lo hagan reduciendo al mínimo la inversión, como se puede ver en el caso argentino. Sin la tecnología y la capacidad de dirección de esas empresas, virtudes de las que carece la petrolera estatal PdVsa, resulta difícil mantener los actuales volúmenes de producción, más allá de las invitaciones a invertir hechas a empresas estatales de Argentina, Brasil, Chile, China, India o Irán.
Conclusiones
Si bien la Cumbre Energética se celebró bajo el lema de la energía, su agenda fue rápidamente politizada y más que de proyectos concretos se habló de otras cuestiones, algunas, como las Malvinas, el Banco del Sur o la moneda única, muy alejadas del tema central de la Cumbre. De todas maneras, y muy a pesar de las expectativas venezolanas, la Cumbre no dio ningún paso significativo en el proceso de creación de un mercado regional energético. El objetivo venezolano era imponer su propia agenda de gran potencia internacional en materia petrolera y que la Cumbre girara en torno al potencial de su gas y su petróleo, lo que de alguna manera dejó al margen de la agenda otras importantes fuentes energéticas, como la hidroeléctrica o la generación de energías alternativas renovables, pese a que fueron convenientemente citadas en la Declaración Final. Sin embargo, en la actualidad la energía se ha convertido en el eje en torno al cual gira, para bien o para mal, todo el proceso de integración latinoamericano.
Dado el profundo sesgo estatista de los principales impulsores de la Cumbre (Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador), no es de extrañar que el acento se pusiera en el papel que pueden cumplir las empresas petroleras estatales, obviando la gran capacidad de generar riqueza de la inversión privada y, muy especialmente, de la inversión extranjera directa (IED). Por la misma razón, y al asumir la omnipresencia del Estado en la actividad económica, algunos temas importantes de la agenda energética internacional, como el del calentamiento global y la preservación del medio ambiente, tampoco merecieron una gran atención. Lo mismo se puede decir de la energía nuclear, ya que su uso es asumido acríticamente por todos los gobiernos regionales, con total independencia de su signo político o ideológico.
De alguna manera, y a falta de que el tiempo termine de demostrar el rumbo de los acontecimientos, el resultado de la Cumbre parecería demostrar las virtudes de la política de Lula hacia Chávez, a la hora de neutralizarlo, en el sentido de que es mejor tenerlo dentro del sistema que fuera. Sin embargo, para que esto fuera posible, fue necesario que Lula comenzara a alzar la voz en defensa de sus puntos de vista y no transigir frente a todas y cada una de las demandas chavistas, como fue el caso del impracticable, más allá que de tanto en tanto se vuelva sobre él, Gran Gasoducto del Sur. La oposición de Brasil impidió el tratamiento en la Cumbre de todo lo concerniente al Banco del Sur y la parálisis del macroproyecto de crear la Oppegasur.
En base a estas cuestiones, Chávez se ha dado cuenta que no tiene nada que ganar en una confrontación abierta con Lula y con Brasil y que en el caso de enconarse el clima regional muchos de sus potenciales aliados (bien por convicción, bien por interés) podrían terminar dándole la espalda. A nadie en América Latina le interesa enfrentarse a Brasil, aunque no sea tan generoso como Venezuela. Por eso, en el discurso inaugural de la Cumbre, Chávez llamó a “diversificar la matriz energética” y que los biocombustibles, a los que dijo no se opone, “son una estrategia válida, sobre todo sin descuidar los alimentos”.
Una de las cuestiones en juego más importantes en la Cumbre era la del liderazgo regional. De acuerdo con el desarrollo reciente de los acontecimientos, una vez pasado el bache que supusieron las denuncias de corrupción contra su Gobierno y materializada su reelección, Lula y Brasil parecen dispuestos a asumir su condición de líderes regionales, lo que implica, de alguna manera, frenar las pretensiones hegemónicas de Hugo Chávez en América Latina, y en particular en América del Sur. Sin embargo, Brasil debe terminar de decidir si quiere convertirse en una gran potencia internacional o se conforma con ser el máximo referente sudamericano. En este sentido, la ampliación de la OCDE a nuevos miembros, de la que Brasil es un candidato potencial, será todo un test, dada la negativa anterior del Gobierno de Lula a considerar su ingreso en la organización.
Una de las grandes paradojas de la Cumbre es que ha puesto un gran signo de interrogación en torno a la idea previamente asumida de forma acrítica, de que el eje de la integración regional en las próximas décadas giraría en torno a la energía. Desde esta perspectiva parece emerger una idea cada vez más presente en ciertos círculos latinoamericanos de que las propuestas de integración bolivarianas tienden más a la división que a la unión y poco aportan, en el largo plazo, a la consecución de las metas deseadas. De todas formas, y más allá de la creación (recreación o renominación) de la Unasur, los avances concretos en el proceso de integración regional alcanzados durante la Cumbre Energética de Isla Margarita han sido poco significativos o, incluso, prácticamente nulos.
Carlos Malamud, investigador principal de América Latina, Real Instituto Elcano.
Notas:
[1] Patricio Navia, “UNASUR, la energía y el liderazgo de Chávez”, Infolatam, 18/IV/2007.
[2] Declaración presidencial sobre las Islas Malvinas.
[3] Decisiones del diálogo político entre los jefes de estado y de gobierno.
[4] Declaración de Margarita. Construyendo la integración energética del Sur, 17/IV/2007.
[6] Paul Isbell, “Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano (I): el resurgimiento del nacionalismo energético” y “Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano (II): el pillaje de PdVsa y la amenaza a su nivel de producción”; y Norman Gall, “Petróleo y democracia en Venezuela”, Braudel Papers.
[7] Según Patricio Navia, “UNASUR, la energía y el liderazgo de Chávez”, Infolatam, 18/IV/2007 , “En la medida que Chávez logre construir una red de cooperación entre esas compañías, los incentivos para que otros países nacionalicen su sector energético y tomen ventaja de las oportunidades para colaboración aumentarán. La intención de Chávez es que los países que promueven políticas de privatizaciones queden aislados y sus costos energéticos –especialmente el de gas– aumenten significativamente. Así, los incentivos para sumarse a este proyecto de unificación energética suramericana aumentarán… Además de producir presión política para sumarse al proyecto de Chávez, de ser exitoso, este modelo de integración energética terminará siendo muy costoso para los países que se nieguen a participar”.
[8] Véase Manuel Hidalgo, “En torno a un petro-estado: petróleo, política y democracia en Venezuela”, en Carlos Malamud, Paul Isbell y Concha Tejedor, Anuario Iberoamericano 2007, Real Instituto Elcano-EFE, Madrid, 2007.
[9] Genaro Arraigada, “Petróleo y gas en América Latina. Un análisis político de relaciones internacionales a partir de la política venezolana”, DT nº 20/2006, 19/IX/2006, Real Instituto Elcano.
[10] El Universal, de Caracas, 22/IV/2007.
[11] Durante la Cumbre el presidente Lula manifestó textualmente: “Primero tenemos que debatir sobre qué es esa nueva institución. Eso es si tiene la finalidad de una especie de FMI regional, si pretende ser algo así como un Banco Mundial del área o, por ejemplo, se acerca al perfil del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Mientras no lleguemos a un acuerdo en este punto, todo lo demás no puede avanzar”.
[12] Este es el caso de Telesur, Unasur, Petrosur, Oppegasur, Radio Sur, la Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), la cooperación Sur-Sur, el Gran Gasoducto del Sur, Editorial del Sur, la Comisión del Sur en el Movimiento de no Alineados o las Fuerzas Armadas del Sur, entre las más variadas iniciativas.
[13] Ricardo Lagos, “Diferenciar la integración política de la económica”, Clarín, 6/V/2007.