Existe una tendencia equivocada a atribuir la corrupción en México a una serie de prácticas que se remontan a la conquista española. Es una teoría del pecado original que enraíza la creación de una “cultura de la corrupción” con la lejanía entre la autoridad del rey y los gobernantes locales, y para la que la famosa frase de Hernán Cortés “Obedezco pero no cumplo” es un símbolo de la cultura nacional mexicana, tan icónico —y tan apócrifo— como lo es para Estados Unidos la supuesta e irrefrenable confesión de George Washington de que había talado un cerezo de su padre.
Ahora bien, achacar los problemas actuales de México a una historia tan antigua es insostenible. El tipo de corrupción que abundaba en la colonia de Nueva España —compraventa de puestos políticos, petición de favores políticos a amigos, contrabando, etcétera— era similar a los existentes en Italia y en Chile, e incluso en la no tan puritana Inglaterra. Y, sin embargo, ni Italia, ni Chile ni Inglaterra sufren los problemas que tiene México. Desde la época de la conquista ha tenido que ocurrir alguna otra cosa capaz de explicar la diferencia. Por desgracia, esa explicación no es tan sencilla como los mitos de los cerezos.
En realidad, para comprender el marasmo de impunidad en que está sumido México actualmente, es necesario analizar la complicada historia de la debilidad del Estado mexicano, especialmente en comparación con Estados Unidos; no hay otra forma de entenderlo.
1. Un Estado débil. Desde el punto de vista económico, México perdió mucho terreno respecto a Estados Unidos en las décadas entre 1820 y 1880. Sus destructivas guerras de independencia asolaron la economía de la vieja colonia, basada en la minería y la agricultura. El comercio interior era limitado debido a la escasez de ríos navegables. Además, la mayor parte de la población mexicana ha vivido siempre en zonas altas y montañosas, por lo que el transporte era caro. La construcción del ferrocarril era un requisito indispensable para el desarrollo nacional, pero la guerra y las revueltas retrasaron ese tipo de inversiones durante muchos años.
En las décadas de 1820 y 1830, México libró guerras pequeñas pero costosas contra España, Francia y Texas. En 1847, Estados Unidos declaró la guerra a México y se apoderó de más de la mitad de su territorio, y tras esa derrota el país padeció una guerra civil que, a su vez, se vio complicada por una invasión francesa. Y durante la mayor parte del siglo, las guerras contra los comanches y los mayas arruinaron a los gobiernos locales en el norte y el sur.
Debido a toda esta inestabilidad, el tendido de la primera línea de ferrocarril, para unir el puerto de Veracruz con Ciudad de México, tardó 40 años en hacerse realidad. Sin ningún crecimiento económico durante esas décadas, la nueva república solo pudo desarrollar un Estado débil, y esa debilidad lo convirtió en terreno abonado para la corrupción. Se exigían sobornos a cambio de favores y para obstruir la justicia. Los bandoleros mexicanos se hicieron legendarios; después de que se consiguiera, por fin, derrotarlos, a costa de instaurar una dictadura militar, volvieron a aparecer aún con más fuerza durante la Revolución mexicana de 1910.
Estos son los orígenes decimonónicos de la corrupción y la impunidad. Tuvieron consecuencias duraderas, en la medida en que crearon una gran diferencia entre el funcionamiento del Estado en México y en Estados Unidos. No obstante, a ellos hay que sumar otros factores y acontecimientos más recientes que hoy siguen teniendo repercusión.
2. La economía sumergida. El primer factor es el volumen de la economía sumergida en México. Según los criterios con que se mida, entre un tercio y dos tercios de la población mexicana actual vive de prácticas económicas toleradas pero al margen de la ley. En general suele tratarse de infracciones menores, como la ocupación de parcelas vacías en las periferias de las ciudades o la venta ambulante. Pero la única forma de regular una economía sumergida es practicar pequeñas formas de corrupción: por ejemplo, los policías que aceptan sobornos para hacer la vista gorda en los controles del volumen y el tráfico de operaciones.
3. No se pueden pedir responsabilidades si no se pagan impuestos. Un segundo factor anclado en el presente es el relacionado con la base fiscal de México. El gobierno mexicano lleva mucho tiempo obteniendo una parte desproporcionada de sus ingresos de la empresa petrolífera estatal, Pemex, que, en la actualidad, proporciona muy por encima del 30% del presupuesto federal. Esos ingresos del petróleo han hecho que el gobierno federal recaude poco de los impuestos. En 2012, los ingresos tributarios representaron algo menos del 10% del PIB, y los ingresos totales del Estado, incluidos los de Pemex, no constituyeron más que el 18% del PIB, un porcentaje muy inferior al 26% del PIB en el caso de Estados Unidos y el 32% en Brasil. Esa base tributaria tan reducida hace que la capacidad de pedir responsabilidades sea escasa. A la hora de la verdad, uno obtiene lo que paga.
4. Las políticas de drogas y control de armas de Estados Unidos. Por último, existe un factor especialmente destructivo que hay que tener en cuenta para completar el cuadro: la ciénaga de impunidad de México se debe en gran parte a las políticas estadounidenses en materia de control de armas y lucha contra el narcotráfico.
La frontera entre Estados Unidos y México soporta el tráfico más intenso del mundo, un tráfico que depende de las diferencias entre los dos países: como la mano de obra es más barata a un lado, los trabajadores atraviesan la frontera para pasar al otro, y lo mismo ocurre con cualquier otra mercancía. También depende de las diferencias entre los dos sistemas legales y el coste de los servicios. Si las leyes medioambientales son más permisivas en uno de los dos países, el tráfico fronterizo aumenta; si la medicina es más barata en uno de los dos lados, también.
Estados Unidos ha decidido criminalizar la economía que satisface su inmenso apetito por consumir drogas. Como México tiene un sistema policial más débil y corrupto, la tentación de dejar que se lleven a cabo allí las actividades ilegales relacionadas es natural e incluso perfectamente previsible. Además, Estados Unidos permite la venta legal de armas, con mínimas regulaciones, mientras que México no. Ese es otro factor que estimula el tráfico fronterizo.
Los resultados de esta mezcla son letales. México paga un precio desproporcionado por los hábitos de consumo de drogas y el uso de armas en el país vecino; algunos cálculos hablan de más de 100.000 muertos y 22.000 desaparecidos desde que el expresidente Felipe Calderón puso en marcha la guerra contra el narcotráfico en 2006, para no hablar del deterioro que está sufriendo la legitimidad del gobierno actual.
Ciudad Juárez permite ver el reparto geográfico de los costes sociales que acarrean las políticas de Estados Unidos para combatir la droga. Según cifras de hace cuatro años, su tasa de asesinatos era mayor que la de Bagdad, mientras que, al otro lado del puente, El Paso figuraba como la ciudad más segura de su categoría en todo Estados Unidos. ¿Pero dónde compraban sus armas las bandas de Ciudad Juárez? En El Paso. ¿Y dónde iban a parar las drogas que circulaban por Ciudad Juárez? A El Paso.
Detrás de los horrores actuales, los crímenes y la impunidad que padece México, existe una historia de profundas raíces que solo pueden afrontar los mexicanos, pero las políticas estadounidenses en materia de drogas y armas también son responsables
Claudio Lomnitz es catedrático de antropología en Columbia University y autor de Death and the Idea of Mexico.
© 2014 The Worldpost / Global Viewpoint Network, distributed by Tribune Content Agency, LLC.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.