Una semana después de la aprobación en el Parlament de la Proposta de Nou Estatut, Víctor Ferreres y cuatro profesores de varias ramas del Derecho más Josep Ramoneda publicaron un artículo importante. Se titulaba “Discutamos el Estatuto” (El País, 7/10/2005). No recuerdo si provocó controversia y, sin embargo, releído, más valor adquiere la advertencia final que pocos atendieron. “Los ciudadanos nos merecemos un debate más serio, centrado en las cuestiones que son propias de un Estatuto de Autonomía, sin generar falsas expectativas acerca de las transformaciones que es posible introducir a través de una reforma estatutaria”. Estas expectativas se derivaban del movimiento que había activado el motor de la reforma: la convicción que a través de ella se podría resolver el insatisfactorio encaje institucional de la nación catalana en el Estado español de modo más o menos equitativa y definitiva.
Fueron unas expectativas falsas, avivadas por el aval frívolo de una proclama del jefe de la oposición Rodríguez Zapatero, porque partían de un principio como mínimo discutible: “Para conseguir un mayor y, sobre todo, un mejor nivel de autogobierno de las comunidades autónomas”, es decir, para “reformar el Estado de las Autonomías”, se debía trazar y avanzar por un sendero oblicuo ya que el ensanchamiento del camino constitucional estaba obturado. Son palabras, estas últimas, de la ponencia presentada por el catedrático Carles Viver Pi-Sunyer en las Jornadas de la Abogacía General del Estado de octubre del 2004 y que luego publicó el Centro de Estudios Políticos Constitucionales. Desde el momento que este principio cuestionable defendido por Viver –director del Institut d’Estudis Autonòmics, el organismo a quien el presidente Maragall encargó que pilotara la reforma– fue aceptado de manera acrítica por el grueso del políticos del catalanismo en el gobierno y la oposición, desde el momento que empezó la subasta del Estatut (todo el mundo pedía más, como explica Clar i català de José Montilla con Rafael Jorba), el autogobierno quedó cautivo de un simulacro que no se pararía.
Llevamos atrapados en este callejón sin salida desde hace una década. El tiempo no ha pasado en vano. El lunes, con la aprobación de la moción insurreccional, llegó la hora del hielo: el careo entre el Estado de derecho y las consecuencias del simulacro originario que a partir de un momento, fruto de una compleja evolución y de un determinado mando político, mutó en una sostenida y activísima movilización independentista que ha desbordado a casi todo el mundo y sobre todo al Gobierno español incapaz de afrontarla con realismo, sentido de Estado y un mínimo afán de comprensión.
La moción suspendida, en este sentido, no puede ser más explícita: habría sido su sentencia de julio del 2010 sobre el Estatut aprobado en referéndum aquello que deslegitimaría el TC y sería en virtud de la sentencia que no se considera competente. Difícilmente se podía y se puede sostener de manera honesta que el TC, como tantos organismos claves del Estado, no sufre la artrosis partitocrática que está poniendo en cuestión la viabilidad del Estado de 1978 nacido del consenso de una transición compleja y ambigua que hay que revisar sin prejuicios de partida (vale la pena volver a Qué hacer con España, de César Molinas). Para paliar esta enfermedad del sistema, catapultado por el 15-M, nació Podemos. Por eso mismo se ha refundado, dicen, Ciudadanos, la alternativa regeneracionista a la moda. El independentismo se mantiene con tanta fuerza, asimismo, porque este mal, que afecta a las familias del poder, no ha sido tratado, como el jueves ponía de manifiesto Marta Rovira en el momento más valiente de su intervención parlamentaria.
Pero centrifugando la responsabilidad de la deriva del proceso en el TC, que actuó como una tercera cámara de deliberación política rebasando sus funciones y corrigiendo el acuerdo mayoritario obtenido al Parlamento español, se impide revisar críticamente el papel desarrollado por buena parte de la generación de políticos catalanistas que sustituyeron la generación que estrenó su madurez a lo largo de la transición. Dicho de otro modo, en lugar de un debate serio sobre el precio del Estatut fallido, desde julio del 2010, desde la manifestación del deshonroso escarnecimiento del presidente Montilla, se han ido girando páginas a base de insuflar más combustible en el globo del simulacro. Ha sido necesario el uso de un nuevo lenguaje, de un nuevo relato histórico y de una decantación de los medios de comunicación públicos para cuajar un objetivo inequívoco: la consolidación de un determinado marco mental que tuvo su articulación discursiva más nítida en el discurso tan vacío del lunes de Raül Romeva (“queremos un Estado porque es la manera factible de cambiarlo todo”).
Llegados aquí, mientras esperamos las elecciones generales, convendría que el catalanismo reformista encontrara mecanismos para reconstruirse y así, como mínimo, los consellers pudieran aplaudir de nuevo en el Parlament.
Jordi Amat