La defensa Núremberg, así llamada por los procesos iniciados en el Palacio de Justicia de dicha ciudad en 1945, es un procedimiento legal encaminado a conseguir la absolución del acusado argumentando que «se limitaba a cumplir órdenes».
Para comprender la necesidad que pueda tener el Gobierno de recurrir a esta defensa es menester, ante todo, delimitar claramente la responsabilidad política de la que estamos hablando. No se debe caer en la trampa de culpar al Gobierno por esta funesta plaga, ni por los comprensibles errores veniales que haya podido cometer en la gestión de la misma ni, consiguientemente, por la crisis económica que en cualquier caso habría provocado esta epidemia. Al Gobierno sí se le puede responsabilizar, sin embargo, de los errores capitales cometidos que hayan agravado la crisis sanitaria y también, por consiguiente, del empeoramiento añadido de la crisis económica que dicho agravamiento haya podido ocasionar. Algo ha tenido que hacer muy mal este Gobierno para que nuestro país haya alcanzado, a fecha de hoy, la segunda cifra más alta de muertos per cápita por Covid-19 del mundo y el mayor porcentaje de personal sanitario contagiado (más del doble que el siguiente peor país).
La primera línea de defensa del Gobierno consiste en negar que se hayan cometido errores capitales, despachando las críticas con variantes retóricas más o menos elaboradas del dicho «a toro pasado todos somos Manolete». Así, el Gobierno insinúa hoy y sostendrá mañana que con la información y recursos sanitarios disponibles en su momento, y dadas las características demográficas y socioculturales de nuestro país, la gestión de la crisis sanitaria ha sido razonablemente satisfactoria. Esta es una defensa muy frágil que se derrumba estrepitosamente ante el peso de las contundentes evidencias existentes en su contra.
En efecto, múltiples estudios demuestran sin lugar a dudas que las variables clave que marcan la diferencia en la evolución de la crisis sanitaria entre países, en el perfil y la altura de las curvas de infectados y fallecidos, son el número de contagios y de muertos por habitante oficialmente detectados en el momento de decretar el confinamiento, así como las medidas de prohibición o limitación de actos multitudinarios y de entradas de viajeros procedentes de los focos geográficos de infección. Esto es, el mayor o menor número de fallecidos e infectados por habitante depende básicamente de la mayor o menor tardanza con la que el país haya implementado medidas adecuadas de prevención. El monto de recursos sanitarios (personal sanitario, UCI, EPI, etc.) en porcentaje del PIB o de la población, o las características demográficas y socioculturales resultan ser muy poco relevantes. Así se explica que países como Grecia y Portugal, por ceñirnos al sur de Europa, con características demográficas y socioculturales similares a las nuestras y recursos sanitarios en proporción al PIB o a la población muy inferiores a los nuestros, hayan gestionado tan bien esta crisis: porque con la información disponible, que era la misma que tenía nuestro Gobierno, adoptaron las medidas preventivas adecuadas mucho antes que nosotros. Grecia y Portugal, por cierto, son los países que más recortaron el gasto sanitario durante la crisis de 2008.
En los países que no adoptaron a tiempo medidas preventivas, y en los que inevitablemente sus sistemas de salud fueron desbordados por la explosión de contagios, desempeña un papel especialmente relevante la gestión del material sanitario existente y adquirido. Estos países se ven inmersos en una carrera contra reloj para adquirir test y EPI (batas, mascarillas, ventiladores, etc.) en mercados muy presionados por una excesiva sobredemanda. Lo que determina el mayor o menor acierto de la gestión no es tanto la cantidad de material sanitario disponible o los test realizados como la calidad y eficiente distribución de lo uno y de lo otro. Es difícil para cualquier Gobierno hacerlo bien en estas circunstancias, pero el nuestro lo ha hecho especialmente mal como lo atestigua un indicador que subsume muchos otros: el altísimo porcentaje de infectados dentro del personal sanitario, muy por encima del de cualquier otro país. Estas elevadísimas cotas de infección, además de debilitar la salud y las energías de dicho personal, ejercen un serio efecto multiplicador sobre el total de contagios, un multiplicador que sigue operando incluso en condiciones de confinamiento extremo. La ineficiencia de la gestión alcanza su apoteosis lógica al fijar precios máximos de mascarillas y otros elementos de protección por debajo de los precios de importación y muy por debajo del coste de producción nacional. En resumen, la defensa convencional es indefendible.
Es aquí donde entra en juego la defensa Núremberg «hemos seguido en todo momento las instrucciones del comité científico». Debería ser evidente que el Gobierno no puede desviar su responsabilidad a los científicos que le asesoran porque han sido nombrados (y podían haber sido cesados) por el propio Gobierno. Por otra parte, esta defensa plantea múltiples interrogantes ¿pensaban lo mismo todos los científicos y, en caso contrario, qué regla de decisión se aplicaba? ¿Actuaba Simón por cuenta propia y el Gobierno acataba sus decisiones o seguía Simón instrucciones del Gobierno que lo nombró? En fin, esta es una defensa que sólo se puede esgrimir con el propósito de captar incautos o retener el favor de los afines.
Cuando no hay defensa posible, siempre queda el recurso de compartir la culpa, «soy culpable pero no soy el único culpable, todos hemos cometido errores», o invocar un contrafactual «otros no lo hubieran hecho mejor» que, por definición, es inverificable. Un ejemplo palmario de lo primero son las andanadas retóricas lanzadas por miembros del Gobierno a las CC.AA. (a las que no están gobernadas por partidos de la coalición gobernante) siguiendo la añeja retórica comunista del «compañero te voy a hacer una autocrítica». Pero las CC.AA. no tenían capacidad legislativa alguna para haber adoptado las medidas de limitación de movimientos internacionales o intercomunidades, o de confinamiento, imprescindibles para haber frenado la propagación excesiva de la epidemia y, obviamente, no tenían la responsabilidad última de la gestión una vez promulgado el estado de alarma.
Es posible que la combinación de defensas y la retórica de la culpa compartida, así como la invocación del contrafactual, arteramente manejadas por medios de comunicación empecinados en salvar al Gobierno y tumbar a la oposición, sirvan para retener el favor de votantes impermeables a evidencias y razonamientos. Pero este favor terminará cuarteándose si a la deficiente gestión de la crisis sanitaria se une la deficiente gestión de la crisis económica y el nivel de paro, el del paro juvenil y el de hogares con todos sus miembros en el paro sobrepasa o se acerca a las escalofriantes cifras alcanzadas durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
José Luis Feito es economista.