La defensa del Estado

Joseba Arregi fue militante del PNV y consejero de Cultura en los gobiernos de Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza (EL MUNDO, 26/01/06):

El año 1931, cuando se proclamó la Segunda República española, tuvo lugar en el ámbito alemán un debate en torno a la defensa de la Constitución entre dos insignes juristas, Carl Schmitt por un lado, y Hans Kelsen por otro. Mientras que este segundo apostaba por la defensa institucional de la Constitución, Schmitt tendía a dejar la defensa de la misma en manos de la decisión del presidente de la República de Weimar. Era un debate de fondo: entre la supremacía del Derecho y la comprensión del Estado como Derecho, y el decisionismo como procedimiento político legítimo.

No se trata de forzar los elementos de aquel debate para trasladarlos a la situación española actual. Pero sí puede ser una memoria que active la reflexión en torno a lo que es el Estado hoy y cómo se puede defender al Estado en las circunstancias actuales.

Alguien puede decir que la pregunta misma es un sinsentido, puesto que el Estado español no necesita de defensa alguna al ser algo incontestable. Pero si fuera tan incontestable no se perderían tantos ríos de tinta hablando de su presente y de su futuro, de su viabilidad, de su estructura. No existiría tanto debate sobre el modelo de Estado.

El mismo lenguaje delata poca seguridad: existe una tendencia a confundir la Administración general del Estado con el Estado mismo. Se dice que si se transfieren determinadas competencias adjudicadas a la Administración general del Estado, éste puede quedar vaciado de toda competencia. Se habla de que Cataluña pide al Estado, de que es concebible que Cataluña tenga su agencia tributaria y que el Estado tenga en Cataluña la suya. Porque los nacionalistas, especialmente los vascos, no quieren hablar de España y recurren al circunloquio Estado español, este término ha sido repudiado por muchos, aunque tenga pleno sentido en el debate en curso.

La primera defensa del Estado, por lo tanto, debiera radicar en la corrección del lenguaje: las autonomías son Estado, al igual que la Administración central, y entre todas ellas se conforma el Estado. Una competencia ejercida por una autonomía es tan competencia del Estado como la ejercida por la Administración general.

Claro que todo ello presupone algo que parece que se echa en falta en estos momentos en España: la lealtad básica de todos para con el todo, para con el conjunto. Por referencias de prensa sabemos que en un debate entre intelectuales celebrado en Barcelona para hablar del nuevo Estatuto de Cataluña y de la España plural alguien dijo que el proyecto de reforma del Estatuto andaluz habla tan pocas veces de España como lo hace el catalán, pero que nadie se escandaliza por ello. Está clara la razón: nadie supone que alguno de los partidos políticos andaluces que vayan a acordar la reforma de su Estatuto ponga en duda mínimamente a España como Estado, el conjunto estatal que es España. Ni siquiera para buscar un modelo territorial que prime las relaciones bilaterales -con el Estado, como se dice normalmente en contra de toda la lógica de la Constitución- sobre las relaciones multilaterales que consolidan siempre el conjunto. Pero parece que todo lo último no se da por supuesto en el caso de algunos partidos catalanes.

La defensa del Estado no pasa, por supuesto, por la proclamación de la inamovilidad de las estructuras ni por la defensa a ultranza de una literalidad que puede terminar ahogando el espíritu que la informa. La pregunta básica para saber si los distintos planteamientos que se formulan suponen una defensa del Estado radica en si en ellos se pone de manifiesto con claridad la primacía del conjunto sobre las partes, o si se transmite en ellos un deseo, manifiesto u oculto, por debilitar el conjunto a favor de las partes.

Uno puede concebir cambios constitucionales que vayan incluso más allá de los planteados por el presidente del Gobierno, cambios que pretendan desarrollar la Constitución autonómica en la línea de su federalización completa. Dicha federalización pasaría, sin embargo, por plantear que de la misma forma que existe una representación igualitaria del conjunto de España, del conjunto del Estado, en el Congreso de los diputados -con los problemas que distorsionan ese igualiarismo respresentacional- existiera también una representación del conjunto del Estado no igualitaria, sino pluralista: no de los ciudadanos iguales en cuanto tal, sino de la pluralidad territorializada en cuanto tal. Pero sería una propuesta en la que la preocupación seguiría estando en establecer con claridad el valor del conjunto sobre el valor de las partes.

En la federación, la suma de las partes no es igual a la suma matemática, puramente cuantitativa, de esas mismas partes, sino que produce un novum que es el conjunto y que posee valor por sí mismo, y no por delegación de cada una de esas partes. Por eso las federaciones -como la alemana, que se cita siempre como ejemplo- se asientan en tres principios básicos: la lealtad federal, del todo con las partes, pero también de las partes con el todo; el principio de que ley federal supera a ley federada; y el principio de la imposición federal: cuando una de las partes no puede cumplir con sus fines de Estado, la Federación, es decir el conjunto, asume el Gobierno directo de esa parte.

La defensa del Estado, la defensa de la Constitución, siguiendo a Kelsen, no está en proclamas de voluntad de los actores políticos, aunque a veces incluso ellas son necesarias, deseadas y bienvenidas.La defensa del Estado y de la Constitución debe estar en el sistema institucional mismo, sistema que debe reflejar en sus textos y en sus estructuras los principios básicos citados: lealtad, valor primordial del conjunto, estatalidad clara de las partes.

Parece que va a haber nuevo Estatuto de Cataluña. Y algunos de sus promotores no se cansan de decir que va a ser bueno para Cataluña y bueno para España. El futuro lo dirá. Dependerá de si los políticos son capaces de recomponer la mucha porcelana que se ha roto en el camino: tantos conceptos desvirtuados, tantas palabras vaciadas de sentido, tantos términos travestidos, tantos argumentos instrumentales cuyo contenido ha sido imposible discutir y que se han establecido como dogmas. Habrá que repasar todo ello, especialmente dos argumentos: más autogobierno es bueno por sí mismo y siempre. Si así fuera, el proyecto político de Europa estaría totalmente de sobra, no solamente el de España como Estado. El sumo del autogobierno es la mayor de las autarquías, que es la peor de las independencias.

El segundo argumento es el que dice que los sentimientos y las identidades tienen primacía sobre las instituciones y las estructuras políticas: si éstas contradicen algún sentimiento o alguna identidad, que se cambien las instituciones, las constituciones y las estructuras políticas. Pero los sentimientos y las identidades son merecedoras de libertad, son elementos de libertad sólo en la medida en que no tratan de ser normativas para todos. Lo que es válido para todos es el espacio público constituido precisamente por no estar sometido a ninguna identidad, ni sentimiento, ni creencia religiosa o arreligiosa, ni interés económico particular. Lo que es válido son las instituciones que estructuran ese espacio público como espacio de todos por estar libre de identidades normativas.

Se ha dicho que Cataluña ha pedido mucho, menos que la luna, que el Estatuto es ambicioso. No importa. Lo que importa para la defensa del Estado es lo que Cataluña, en su nuevo Estatuto y en sus artículos, ofrece al conjunto para que se consolide como conjunto. Así se defiende el Estado.