El PSOE tiene prisa, mucha prisa, y la historia demuestra que cuando le pasa eso es capaz de llevárselo todo por delante porque es la historia misma la que se acelera. Buscan apuntalar el nuevo régimen con tiempo suficiente para dedicar los últimos meses de legislatura a un antagonismo salvaje. Así, el voto a la derecha se dibujará como un intento de acabar con la democracia. Es decir, como un intento de hacer lo que Sánchez está haciendo ya. Todo se basará en la demonización sistemática del socio necesario del PP. Los noticiarios serán monográficos sobre Vox y su intrínseca naturaleza maligna. Los paralelismos con el nazismo ya han comenzado en el diario del régimen, y la ola irá a más. Cree el PSOE que con tanta tinta de calamar el PP se extraviará y dedicará el valioso tiempo preelectoral a pedir disculpas anticipadas, a desmarcarse sin desmarcarse (al fin y al cabo necesitará a Abascal).
De ahí la importancia de que el PP corrija cuanto antes su punto débil, entrene el brazo flojo, no pierda un segundo defendiéndose, se acostumbre a romper las premisas del sanchismo y el lenguaje de la izquierda al iniciar cualquier debate, aprenda a retratar el proyecto destructivo del PSOE y no solo a recitar sus cien patadas a la Constitución y a la concordia. No deben engañarse, este adversario carece de escrúpulos. Lo que la izquierda va a cuestionar seria y profundamente es la propia posibilidad de una alternancia política, repartiendo carnets de legitimidad y condenas de ilegitimidad desde un estrado levantado con el auxilio bildutarra y del secesionismo catalán, dos proyectos capitaneados por expresidiarios. Y, por supuesto, de la mano de una extrema izquierda que provee de ideas, expresiones y palabras clave a lo que un día fue un partido socialdemócrata. Es un socio de Gobierno el que se va a Argentina a hacer campaña contra sus jueces. Acompañados de Zapatero, que no deja de ser el puente entre las tiránicas izquierdas iberoamericanas y este régimen español en construcción. Del mismo modo que, durante su presidencia, fue el puente entre el pasado guerracivilista español y este futuro que, como dirían González y Cebrián, ya no es lo que era.
El último movimiento autoritario del sanchismo pisotea la Constitución –clara a la hora de establecer que el Tribunal Constitucional se renueva por terceras partes (Art.159.3)– y amenaza al gobierno de los jueces con la creación de un delito que lleva su cara. Otra norma con nombre y apellidos. Es decir, aberrante. Prueba de que el puñado de modificaciones 'ad hoc' del Código Penal no solo sirven para limpiar, habilitar y proveer de impunidad a sus socios, sino también para acogotar a los representantes de cuantos poderes del Estado dejen de someterse a los designios del autócrata. Del Rey abajo, no hay institución a la que el Gobierno Sánchez no haya presionado, amenazado o forzado en sus costuras. El juego de controles y equilibrios que define a la democracia liberal es y será siempre el principal obstáculo de un líder autoritario con vocación dictatorial. Por eso lo vienen desmontando. Los nombres de los dos juristas designados por el Gobierno para el TC están escogidos para romper consensos y regodearse. A Juan Carlos Campo, que fue secretario de Estado de Justicia con Zapatero y ha sido ministro de Justicia con Sánchez, le debemos la formalización de los indultos a los sediciosos catalanes y la alarmante franqueza de reconocer abiertamente que estábamos en un momento de «crisis constituyente». En cuanto a Laura Díez, aporta en el currículum su función como asesora de Jordi Pujol y Pasqual Maragall para la reforma del 'Estatut'. Aquel mismo 'Estatut' que tuvo que podar de inconstitucionalidades el órgano en el que ahora va a entrar. También fue adjunta al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), sin advertir 'greuge' (agravio) alguno en la absoluta discriminación en la escuela y en la Administración de la lengua de la mayoría de los catalanes. Recientemente, impulsada por los separatistas y el PSC (valga la redundancia) ha fungido de vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries. Tampoco consta que desde ahí haya señalado inadecuación a la Constitución de ninguna resolución de la Generalitat.
El Gobierno pretende renovar el TC por sextos y colocar ya a sus dos peones. El movimiento será flagrantemente inconstitucional, pero teniendo mayoría en el órgano que es intérprete máximo de la Constitución, ¿a quién le importa? Campo y Díez van a decidir si fue correcto el nombramiento de Campo y Díez. En cuanto a la reducción de mayorías reforzadas –en este caso, pasando de tres quintos a mayoría simple en el CGPJ para elegir magistrados al Constitucional–, o bien la reforma está diseñada con las miras muy cortas, pues en el futuro se volverá contra ellos, o bien Sánchez maneja una idea de futuro donde la alternancia simplemente no es posible. En el primer caso, estamos ante un improvisador insensato; en el segundo, ante un déspota. Yo tengo mi opinión; fórmese cada cual la suya. Pero no puedo dejar de advertir coherencia dentro de la disolución. Me explicaré: las muchas modificaciones del Código Penal, por ejemplo, lo llenan objetivamente de incoherencias, como la falta de proporcionalidad que recientemente se glosó en estas páginas con la voz de varios expertos. Pero esto es así porque tenemos en mente la coherencia de un Estado democrático de Derecho, con lo que ello implica. Si pensamos en un proyecto personal de desvirtuación de la democracia donde lo único que importa es la voluntad del líder, esta empresa de demoliciones es coherente.
Juan Carlos Girauta