La democracia continua

Los sistemas parlamentarios son democracias de opinión pública. Quiere decirse que, con independencia de las formalidades constitucionales, que tasan rigurosamente el modelo de representación semidirecta –los ciudadanos eligen parlamentarios que a su vez designan al Ejecutivo—, el devenir de los diferentes poderes y de las instituciones está sometido al escrutinio constante de la ciudadanía, a través de esta abstracción que denominamos opinión pública.

La opinión pública es, en definitiva, el juicio colectivo más o menos difuso que en cada momento merece la actuación de los diferentes actores. Se establece sobre la estructura del sistema mediático, de forma que el conjunto de los medios de comunicación es el gran elemento vertebrador de una opinión continua que sirve de contraste a las instituciones democráticas. Por supuesto, existen mecanismos diversos para conocer el estado de opinión de la ciudadanía, como las encuestas sociológicas, pero el concepto cabal de opinión pública va más allá de esta concreción: el sentir espontáneo del cuerpo social se percibe con claridad si se observan con cierta perspectiva todas sus circulaciones abstractas y si se palpa el pulso del país a través del conjunto de los flujos mediáticos e informativos.

La vigencia del concepto de democracia continua, que infunde verdadera alma a nuestros depurados regímenes políticos, explica en sí mismo la conveniencia de mantener un sistema mediático saludable y pletórico. El conjunto de los medios, tanto los tradicionales como los emergentes que han surgido a caballo de las nuevas tecnologías de la información, forma una vigorosa estructura que otorga expresión e influencia a la opinión pública. Si, por causa de la depresión económica, este sistema se debilitara o enflaqueciera, la voz del cuerpo social se haría menos audible y más precaria, por lo que la democracia misma se resentiría de esa falta de acompañamiento que modula y condiciona la acción política de manera constante.

Viene esto a cuento del clima controvertido que se ha instalado en el panorama político español tras la derrota del PSOE en las elecciones europeas. Con el argumento de que el Gobierno ha perdido parte del apoyo popular, el PP ha exigido al Ejecutivo que presente una moción de confianza, a lo que el Gobierno ha respondido retando al principal partido de la oposición a que plantee una moción de censura. Y Rodríguez Zapatero ha manifestado que para conquistar el poder hay que vencer en las elecciones generales y no solo conseguir mayoría en la representación que España envía a Estrasburgo.

En cierta manera, ambos actores tienen su parte de razón. La legitimidad de este Gobierno, que logró en el 2008 una holgada mayoría, es plena, y además el Partido Popular no tiene –salvo piruetas inimaginables de algunas minorías parlamentarias— posibilidad alguna de sacar adelante una moción de censura. Pero también es innegable que el Gobierno y el partido que lo sostiene han sufrido un bofetón en el rostro y deben asimilar el explícito aviso del cuerpo electoral que, aunque elegía en esta ocasión a sus representantes europeos, también juzgaba indirectamente el papel desempeñado por los diferentes sujetos políticos en los últimos tiempos.

Por supuesto, la derrota del PSOE no ha sido humillante, y se corresponde con el descenso que han experimentado todos los partidos gobernantes europeos, enfrentados con la crisis y, por tanto, con el malhumor de los electores. Pero no cabe duda de que este contratiempo ha de llevar al Gobierno a una reflexión humilde sobre sus propios errores, que son los que a fin de cuentas ha sancionado el cuerpo social. Ni el «Zapatero dimisión» que coreaban algunos partidarios de Rajoy en la noche electoral tiene sentido, ni el sostenella y no enmendalla de un presidente del Gobierno que no parece dispuesto a analizar el porqué de algunas defecciones resulta razonable. Porque bien pudiera ser que el desaire del electorado tenga que ver con la radicalización ideológica del Gobierno en ciertas materias sensibles, con el planteamiento de la crisis económica y la forma dudosa de hacer pedagogía al respecto, o con el retraso inexplicable de ciertas decisiones urgentes, como la referente a la financiación autonómica, que, sin duda, ha afectado al comportamiento del electorado catalán.

La democracia de opinión plantea, junto a su propia grandeza, un problema de fondo: los líderes políticos ceden con frecuencia a la tentación de complacer acríticamente las demandas colectivas. Es lo que se llama gobernar con encuestas. Cuando es patente que, en ocasiones, los estadistas tienen la obligación moral de afrontar las consecuencias de decisiones impopulares si creen que beneficiarán a la colectividad. Talleyrand –cuenta Ortega– reprochó con dureza a Mirabeau «no haber tenido el coraje de ser impopular» cuando le correspondía enfrentarse a las críticas para salvar a la patria.

Pero este no es el caso que suscita este comentario: Zapatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero, tienen la obligación de mantener el oído atento a la democracia continua que se expresa a través de la opinión pública y de los hitos electorales de la legislatura… Porque ese sonido de fondo enriquece la ceremonia política, orienta a los líderes y carga de matices el debate entre el poder y la oposición.

Antonio Papell, periodista.