Pablo iglesias, vicepresidente del Gobierno, ha afirmado esta semana al diario Ara, dándole la razón al ministro ruso de Exteriores, que en España no hay «normalidad democrática» ya que cuando ésta existe «los conflictos políticos se gestionan democráticamente». Precisamente, un fracaso de esta falta de gestión democrática de un conflicto político puede evidenciarse en la situación por la que atraviesan «los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, [pues] están uno en la cárcel y el otro en Bruselas». Su reflexión le llevó finalmente a formular retóricamente el siguiente interrogante: «¿Cómo va a haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionándose por vías policiales o judiciales?».
Esta última afirmación, si bien planteada entre interrogantes, nos sirve para comenzar a entender cuál es la concepción de Iglesias de la democracia. Aunque necesitaríamos saber qué quiere decir con normalidad democrática. Tras 40 años de ejercicio democrático en nuestro país, sabemos que en una democracia liberal la normalidad se estructura en torno a los procedimientos formalmente establecidos en la Constitución y las leyes que desarrollan los principios que en la misma se encuentran. Estos son fundamentalmente dos: el principio de soberanía popular y la división de poderes. Así pues, una democracia liberal exige que el pueblo sea soberano, al mismo tiempo que se reconoce que ese poder soberano no se ejerce directamente, sino a través de los poderes que de él emanan, fundamentalmente el poder legislativo, para cuya institución es imprescindible que el poder soberano se determine mediante el ejercicio de los derechos políticos individuales. De esta manera, la democracia liberal establece un marco procedimental que de alguna manera constriñe la política, pues se exige que ésta se desarrolle dentro y no al margen de esos procedimientos que vienen establecidos normativamente.
Sin embargo, tras las declaraciones del líder de Podemos, no parece que su concepción de la normalidad democrática se compadezca muy bien con las exigencias de una democracia liberal. Por el contrario, pareciera que los límites que ésta nos impone, mejor dicho, que en ella nos autoimponemos, al exigirnos el respeto a los procedimientos legalmente establecidos, impiden gravemente su concepción de la democracia, que requiere que los conflictos políticos se gestionen por vías políticas, esto es, democráticamente. La conclusión que podemos obtener es clara: la democracia es política y solo política, por lo que no tiene sentido esgrimir políticamente conceptos como derecho, pues éste se encuentra a la sombra de una gran decisión política. Es decir, el derecho depende de la política, por lo que está subordinado a ella. Dicho de otra manera, la voluntad política dispone del derecho. De ahí que quienes reclaman el imperio de la ley, el respeto a los procedimientos establecidos por el derecho, no reivindican otra cosa que «la legitimación de un determinado status quo en cuyo mantenimiento están lógicamente interesados todos aquellos [que poseen su] poder político, [su] ventaja económica [así como] su estabilidad en el seno de ese derecho» (C. Schmitt, El concepto de lo político). Por eso es por lo que la política democrática no puede enfrentarse a los conflictos políticos desde el derecho, sino que ha de ir más allá de él, si es que nos queremos librar del yugo al que se nos somete por medio de ese derecho.
Iglesias no está comparando nuestra democracia liberal con un modelo utópico, lo que le llevaría a criticar esa democracia por no ajustarse a la irrealidad del modelo. No, no es ese su planteamiento; la perfección absoluta de la democracia y su nefasta aplicación a la realidad. En verdad, lo que plantea Iglesias es un modelo distinto, no utópico, sino plenamente real, de democracia. Su democracia no se asienta sobre la idea normativa de soberanía, tal y como la tenemos plasmada en nuestra Constitución, sino que su concepción de la democracia se erige sobre la voluntad mayoritaria expresada contingentemente por el pueblo en cada momento, sin que tal voluntad esté sujeta a límite alguno, pues la opinión del pueblo constituye, de acuerdo con Hobbes, el auténtico soberano. Su democracia no es una democracia liberal, sino multitudinaria. Es la voluntad mayoritaria de la multitud la que decidirá en cada momento cuál es su apetencia y, además, sin límite alguno.
Esta concepción se clarifica si atendemos a las afirmaciones de uno de sus socios, a los que ha llevado, según sus propias palabras, a la dirección del Estado, con la intención de colaborar, en palabras de Otegi (20-10-2020), a la democratización del Estado, al mismo tiempo que a acabar con el proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas, cuyo proyecto de dominación pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. Además, nos advierte que, caso de que esa democratización fuese imposible, entonces habría que poner en marcha procesos constituyentes en las naciones –Galicia, Cataluña y Euskalerría– del Estado, pues el voto independentista pone en cuestión ese sistema de dominación.
En su opinión, ésta es la única solución y, para alcanzarla, el voto independentista habrá de violar la unidad de España, lo que exige que se quebrante la Constitución. Con este fin hay que poner en marcha procesos constituyentes, pero no de reforma constitucional, sino al margen de la Constitución, es decir, procesos de ruptura democrática nacional. De esta manera se logrará que España sea roja, republicana y laica, aunque para llegar a tal meta lo primero que hay que lograr es que España se rompa. Así pues, si la unidad es la clave para mantener el proyecto de dominación oligárquico, los proyectos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional, constituyen, por el contrario, la garantía para que haya una democratización real del Estado.
Parece clara la sintonía de fondo entre ambos proyectos. Lo importante es la decisión política, calificada además como liberadora, en la medida en que trata de librarse de la opresión que la oligarquía ejerce a través del derecho sobre la multitud oprimida. Para liberarse del yugo de tal opresión, el pueblo ha de organizarse en torno a las distintas naciones, que es lo que permitirá romper la unidad, la soberanía nacional, y, consecuentemente, el orden jurídico-político que representa la Constitución de 1978. Llama la atención que tal pensamiento pueda incorporarse de algún modo a la dirección del Estado. Una dirección que nos llevará a que el navío del Estado, en términos de Neurath, zozobre contra los acantilados, pues al timón del mismo se encuentran fuerzas que eso es lo que quieren.
Esta es la razón por la que es absolutamente incomprensible que tales dirigentes formen parte del Gobierno, en un caso, o de la dirección del Estado, en el otro, cuando no cejan de poner en cuestión las instituciones de nuestra democracia liberal, especialmente sus elementos sensibles, como son el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, esto es, el Rey, o el poder judicial, garantía de nuestros derechos ciudadanos, que quedarán dinamitados en cuanto logren la quiebra del Estado. No se trata, por tanto, de que en este país se haya iniciado, como se ha dicho, un proceso de autodestrucción (A. Caño, El País, 11-II-2021), sino que el problema con el que nos enfrentamos es con un proceso de destrucción dirigido, al menos parcialmente, por el poder ejecutivo, y consentido plenamente por el presidente del Gobierno y la mayoría de las fuerzas que lo sostienen parlamentariamente.
José J. Jiménez Sánchez es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada.