La democracia derrotó al golpe

Hace poco más de un año que el intento de derogar la Constitución pasando por encima del Parlamento de Cataluña, pisoteando los derechos de los representantes de la mayoría de los catalanes e ignorando la voluntad de todos los españoles de convivir en paz y libertad, fue derrotado. Fue, sin duda, el momento más delicado por el que ha transitado la democracia española desde el golpe de Estado de 1981.

Aquello no fue, como algunos pretenden todavía hoy, un intento pacífico y democrático de consultar a la ciudadanía catalana sobre su futuro, sino un referéndum de autodeterminación ilegal. Un referéndum basado en una ley exprés aprobada en desafío al Tribunal Constitucional y que no contó ni con los informes preceptivos del Consell de Garanties Estatutàries ni con la participación de la oposición. Una ley que, disfrazada de inocua fiesta cívica, abocaba a la proclamación de la independencia de Cataluña en las 48 horas posteriores a una votación celebrada sin garantías y sin requerimientos de participación para considerar el resultado válido y vinculante. Una ley por la que el Parlament, sin haber pasado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia, se concedía a sí mismo el derecho a la autodeterminación. Una ley que se postulaba a sí misma como inderogable y “superior jerárquicamente a todas las demás” y, por tanto, se situaba por encima de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La democracia derrotó al golpeSorprende el consumo de horas dedicado todavía hoy a si lo acontecido fue o no un golpe de Estado o de si hubo o no rebelión con o sin violencia. Se trata de una discusión nominalista y tramposa que pretende generar un ruido que enmascare y diluya la gravedad de lo sucedido. Es evidente que el independentismo pretendió dar un golpe a la democracia, la Constitución y la convivencia. Que lo hiciera desde las instituciones del autogobierno valiéndose del Govern, el Parlament, la Administración Pública, los Mossos d’Esquadra y los centros educativos, y que pretendiera legalizar su golpe con una (en realidad dos) leyes, distinguen a Puigdemont y Junqueras de Tejero en los métodos, pero no en los propósitos (atentar contra la Constitución).

El golpe de Estado parlamentario (o autogolpe sin violencia) no es una novedad. Han sido muchas las democracias que se han derogado a sí mismas utilizando mayorías parlamentarias o plebiscitos populares. Desde la Asamblea Constituyente de Venezuela, que con su mera existencia perpetra todos los días un golpe de Estado contra la misma Constitución bolivariana, hasta la defunción de la República de Weimar, que no requirió que Hitler entrara pistola en mano en el Reichstag, sino lograr que éste concediera todos los poderes del estado al Führer. Fijémonos pues, en lo sustantivo, que es el intento de derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y no en la técnica para ejecutar el golpe.

Es seguro que Carl Schmitt, el teórico de los estados de excepción, no hubiera dudado en homologar un golpe tan perfecto como el diseñado por los independentistas catalanes. Y es seguro que cualquier demócrata en cualquier parte del mundo hubiera advertido la aberración que suponía cometer semejante atentando contra una democracia precisamente en su nombre. Pese a las autoalabanzas sobre el 1 de octubre como un momento cumbre de la ruta democrática catalana hacia la república, ningún demócrata puede hablar de «resultados» ni de «referéndum» de un proceso que hasta los observadores internacionales invitados por la Generalitat certificaron que careció de ninguna posibilidad de verificación de su integridad. Pero incluso salvando la inexistencia de una junta electoral independiente o un censo válido, todo demócrata sabe que cuando en una consulta no comparece la mitad del censo y la mitad que comparece vota abrumadoramente en favor de la opción que defiende el gobierno, se trata de una votación que no cuenta con el suficiente consenso ni legitimidad.

En la cuestión catalana queda mucho por hacer. Las heridas dejadas por la profunda división sembrada en nuestra sociedad tardarán todavía en cicatrizar. Con todo, estoy convencido de que la crisis catalana ha llevado a la ciudadanía a reforzar, no debilitar, su aprecio por la democracia, la Constitución y el Estado de derecho. Salvo Podemos y los nacionalistas, la mayoría de los políticos lo han sabido ver. Y aunque oportunistas y arriesgados, si el actual Gobierno socialista se puede permitir los devaneos, gestos, contradicciones, cambios de discurso y aproximaciones “empáticas” al independentismo, es justo porque sabe que éste ha sido derrotado por la democracia.

Si el independentismo fue derrotado no solo fue por fortuna, sino por virtú democrática. Lo fue gracias al coraje cívico de los cientos de miles de personas que salieron a la calle a defender nuestro proyecto en común. El resto lo lograron nuestros representantes políticos, dejando atrás temporalmente sus diferencias e intereses partidistas, los jueces y fiscales, la Policía y la Guardia Civil, actuando conjuntamente en defensa del Estado de derecho y las instituciones democráticas, así como nuestros diplomáticos, que defendieron ante el mundo la legitimidad de la posición de España y la justicia de las razones que asistían a la democracia española.

También hay que honrar a los medios de comunicación independientes, que cumplieron con su deber de proveer información plural y veraz que desmintiera las falacias y mentiras de un independentismo, que no sólo contó con el aparato de propaganda oficial de la radio y televisión pública de Cataluña y sus medios afines, sino del apoyo activo y la injerencia de los medios de la órbita rusa y sus operadores en las redes sociales, como Julian Assange.

Ese triunfo de la democracia lo es también de nuestros socios europeos, cuyo apoyo y solidaridad hemos recibido más allá de unas estridentes excepciones cuyo papel no es sino revelar la generalidad del apoyo a la democracia española fuera de nuestras fronteras. Los gobiernos de nuestros vecinos y amigos entendieron la necesidad de cerrar paso a la peor forma de nacionalismo que conocemos: el irredentista y chauvinista, el que aspira a convertir la pretendida superioridad moral, social o económica de un grupo en un derecho a excluir y discriminar a los que son diferentes y piensan distinto. Esa fue la mejor mediación internacional de la que nos pudimos beneficiar: la de los que dijeron claramente y sin ambigüedades que en ningún caso aceptarían una secesión unilateral e ilegal llevada a cabo en contra de la mayoría de los españoles y en violación abierta de la Constitución. Ese rechazo de las capitales y las instituciones europeas también hizo fracasar en este caso el intento de dar un golpe mortal a la Constitución de 1978.

El año 2017 fue un año traumático para la democracia española. Para una generación entera de españoles, que no vivió el golpe de estado del 81 o lo vivió de lejos, los dramáticos momentos de septiembre-octubre del año pasado reforzarán su sentimiento de pertenencia a esta comunidad política. Como entonces Juan Carlos I, el Rey Felipe VI ha enfrentado ahora y superado su momento crítico democrático y constitucional. El daño causado ha servido a la inmensa mayoría de los españoles para redescubrir el valor de la convivencia en paz y libertad bajo unas mismas normas, en una democracia donde caben todos y en una Europa donde 40 años después de la aprobación de la Constitución todavía somos admirados por nuestro compromiso cívico con los valores de una sociedad abierta, democrática y plural. El independentismo cree haber despertado al nacionalismo español y que eso le legitima para negociar de igual a igual, pero lo que ha reforzado es la nación política y el sentido de pertenencia a ella.

José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencias Políticas en la UNED y Director de la Oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations.

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