América Latina vive una época de pesimismo democrático. Las malas noticias parecen multiplicarse: el colapso de toda semblanza de democracia en Venezuela y Nicaragua, el ascenso de un candidato fascistoide en Brasil, la interminable carnicería desatada por el crimen organizado en México, la larga lista de expresidentes latinoamericanos procesados, prófugos o presos por casos de corrupción.
No por casualidad, según cifras de Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en la región ha perdido ocho puntos en menos de diez años: de 61 por ciento en 2010 a 53 por ciento en 2017. Al mismo tiempo, la proporción de quienes se declaran indiferentes entre un régimen democrático y uno no democrático ha subido nueve puntos en el mismo periodo: ahora es una cuarta parte de la población.
Es tiempo de prender luces de alarma, pero también de combatir el catastrofismo retórico prevaleciente, que alberga peligros reales. La percepción de que nuestras democracias son incapaces de construir sociedades mejores, embustes diseñados para proteger a los poderosos, puede conducir a desahuciarlas sin mayor ceremonia. Eso sería trágico, además de injusto. Así como decía Mark Twain sobre la música de Wagner, la democracia en América Latina es mejor de lo que suena.
Cabe empezar por lo más obvio: ya nadie cuestiona hoy en la región la vía electoral como la única legítima para acceder al poder. La transformación de las Farc en partido político clausura un largo ciclo de experiencias insurreccionales y de devaluación de las instituciones democrático-liberales por una parte considerable de la izquierda latinoamericana. Lo que aprendieron los guerrilleros, lo aprendieron también los generales. Como lo ha advertido el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso: en medio de la grave crisis política de Brasil todos se preguntan qué harán los jueces, no los generales. Eso es progreso. Como progreso es que —con las excepciones de países en estado crítico, como Venezuela—, el fraude electoral puro y duro se ha convertido en una rareza en América Latina.
Lo que ocurre en el ámbito electoral de la democracia, se aplica también al acceso y al ejercicio de derechos económicos y sociales. En las últimas dos décadas, la región ha hecho avances notables en elevar los niveles de desarrollo humano. El estancamiento de los últimos tres años no debe hacernos olvidar que la pobreza en América Latina se ha reducido 18 puntos porcentuales desde 1990 o que la pobreza extrema hoy es menos de la mitad de lo que era en la década de los noventa. También ha caído la desigualdad: en diecisiete de los dieciocho países de la región hay un descenso del coeficiente de Gini en la última década. Tras ese progreso social ciertamente hay crecimiento económico, hoy menos visible que hace un lustro, pero también hay decisiones de política pública, como el aumento significativo de la inversión social. En 1990 esta última equivalía, como promedio, al 9 por ciento del PIB; hoy es casi el 15 por ciento.
La consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social son procesos que van ligados. La región avanza en la dirección correcta en el plano social porque la democracia, aunque con enormes imperfecciones, está haciendo su trabajo de permitir la participación y la representación de intereses antes excluidos y, en consecuencia, de reducir las disparidades socioeconómicas. La distribución de poder político que permite la democracia electoral termina por manifestarse en progreso social.
Una América Latina en la que la clase media, por primera vez en su historia, supera ampliamente a la población en condiciones de pobreza se traduce en una región donde la exigencia por bienes y servicios públicos de calidad —esto es: por el acceso a derechos fundamentales— será cada vez más potente. Una América Latina con una amplia clase media es una región donde millones de familias, que por vez primera tienen acceso a una casa, a un auto y a un préstamo bancario, harán valer todo su poder político para que el gobierno no haga locuras con los equilibrios macroeconómicos.
Aun en el componente del Estado de derecho —por mucho el más problemático de la consolidación democrática de la región— hay avances nada desdeñables. Las noticias del hallazgo de fosas comunes en México oscurecen el hecho de que e n la mayoría de los países de la región las cifras de violencia criminal están bajando, no subiendo. Algunos de los países latinoamericanos más afligidos históricamente por la violencia —como Colombia, Guatemala y Honduras— han tenido una caída en la tasa de homicidios sostenida.
El otro gran problema de América Latina es la corrupción, que sin duda campea por toda la región. Pero su prominencia en la discusión pública es el resultado de transformaciones saludables: la creación de normas e instituciones que fortalecen la transparencia, la expansión de las redes sociales y la aparición de una ciudadanía más consciente de sus derechos y menos tolerante de la venalidad. Según cifras del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en 2006 uno de cada cuatro latinoamericanos creía que se justificaba pagar un soborno en algunas situaciones. Ocho años después, la proporción había descendido a uno de cada seis.
La reciente negativa del presidente Jimmy Morales a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un enorme retroceso para América Latina. Pero tan solo en los quince días siguientes a la defenestración de la comisión, Elías Antonio Saca se convirtió en el primer mandatario salvadoreño en ser condenado a prisión por un tribunal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por presuntamente liderar una extensa red de sobornos en Argentina y el otrora invencible Luiz Inácio Lula da Silva debió renunciar a su candidatura presidencial desde la cárcel, bajo la sombra de la corrupción. Por primera vez, en algunos de nuestros países se está dando el paso crucial del simple aumento de la transparencia a la reducción de la impunidad. Eso también es progreso.
Ese avance es lento, pero no debemos perder de vista que a Estados Unidos le tomó casi doscientos años hacer posible la igualdad de derechos para la población afroestadounidense y que Europa duró nueve siglos en pasar de un parlamento de nobles a un parlamento electo por sufragio universal.
En solo una generación, con altas y bajas, las democracias que nacieron en América Latina tienen logros reales que mostrar y es vital no olvidarlo en este invierno del descontento.
Jair Bolsonaro y los otros profetas enloquecidos que pueblan nuestro paisaje político parecen tener razón en un aspecto: falta mucho por hacer para construir sociedades equitativas, comunidades seguras y gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Ahora hay que continuar llenándolo con respeto al Estado de derecho, con integridad en la función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias impostergables y con mayor inclusión social.
Continuar con la tarea de construcción democrática que iniciaron los latinoamericanos durante el siglo pasado es nuestro deber, pero es también nuestra única oportunidad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la opción a la democracia en América Latina es una sola: la oscuridad.
Kevin Casas es investigador asociado de Diálogo Interamericano; fue vicepresidente de Costa Rica de 2006 a 2007.