El Instituto Nacional Electoral (INE) es una pieza de relojería organizacional, acreditada durante más de dos décadas, que hoy está amenazada de muerte por la reforma electoral diseñada al gusto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante todo lo que lleva el siglo XXI, el personal del INE ha garantizado la eficacia de la compleja organización electoral mexicana y se ha ganado a pulso, después de probarse en más de tres centenas de procesos electorales, la confianza de las y los mexicanos.
El proceso no fue sencillo. En el Instituto Nacional Electoral todavía se recuerda “la noche de los cuchillos largos”. Así se le llamó al despido de varias decenas de servidores públicos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en los inicios del proceso electoral de 1994, como secuela de la desconfianza que despertaban entre los partidos de oposición.
En ese momento, esa institución todavía era dirigida por la Secretaría de Gobernación y su titular, Jorge Carpizo, concedió aquella purga: cada partido hizo listas (también el Partido Revolucionario Institucional, que gobernaba, hizo una para ser parejos) y, sin más argumentos que los de la antipatía y la sospecha, ese personal fue despedido unas horas después.
Aquella decisión arbitraria no sirvió de gran cosa; las vacantes se ocuparon con otro grupo de funcionarios que tampoco despertó la confianza de los partidos. Así que al final de 1996, cuando el IFE estrenó autonomía bajo la dirección de los consejeros electorales recién designados, los representantes de los partidos reiteraron la petición. Pedían otra purga y querían, además, incidir en el nombramiento de quienes suplirían a los funcionarios defenestrados. Pero esta vez, la Comisión del Servicio Profesional Electoral (SPE) se negó a reproducir aquella noche de los cuchillos largos.
A cambio, esa comisión ofreció evaluar el desempeño de cada servidor público a la luz de las evidencias, construir nuevos métodos de reclutamiento, selección y ascenso, establecer sistemas renovados de capacitación y acreditación de competencias y resultados, y abrir cada procedimiento al escrutinio de los partidos y de cualquiera que quisiera cotejar su veracidad. Al final, habría un nuevo estatuto para regular el SPE que perduraría por más de una década y que permitiría consolidar la columna vertebral del IFE y de lo que también sería, a partir de 2014, el INE.
De prosperar la reforma presentada por el presidente López Obrador, echaría a la calle a 84% de las y los funcionarios que hoy integran la estructura profesional del INE.
Estarían fuera casi todos los vocales, menos uno por cada distrito, que han hecho posible el trabajo de campo en México. También saldrían casi 2,000 servidoras y servidores públicos que han colaborado en las oficinas centrales tras la compactación de las direcciones ejecutivas, un proceso diseñado sin ningún diagnóstico previo, pero con la consigna de ahorrar dinero.
Según la reforma aprobada por una mayoría de legisladores federales de los partidos Morena, Verde y Del Trabajo, todo eso tendría que ocurrir antes de agosto de 2023. Y llegado el momento, cuando sea indispensable enfrentar el proceso electoral presidencial de 2024, se buscará personal eventual —así dice la reforma aprobada— contratado temporalmente y reclutado quién sabe cómo y de quién sabe dónde —no se ha detalla en los cambios— para suplir a los profesionales de carrera que serán despedidos como en aquella noche de los cuchillos largos.
Para que esa nueva purga suceda, justificada ahora por el principio de austeridad, es preciso concluir primero el proceso legislativo que quedó trunco por las prisas y las correcciones de última hora entre las dos cámaras y salvar los litigios que seguramente vendrán tras la promulgación de esas normas: acciones de inconstitucionalidad que han anunciado los partidos de oposición, las controversias que interpondrá el Consejo General del INE, los litigios laborales que se acumularán por parte de los funcionarios del SPE que sean despedidos, y los amparos que, eventualmente, promueva la ciudadanía en defensa de sus derechos políticos. Un alud de decisiones jurisdiccionales que tendrá que ser resuelto con prisa, pues cualquiera que sea el resultado, afectará la organización de las elecciones presidenciales en junio del 2024.
En el camino, puesto que las organizaciones están formadas por seres humanos que albergan emociones y sentimientos, el INE seguirá siendo sometido a la presión política del presidente de la República y de su partido, Morena.
El instituto estará arrinconado en los plazos que siguen corriendo para llegar a los siguientes comicios federales, sin tener certidumbre ni claridad sobre la conclusión de esta ofensiva presidencial. Lo único que sabemos es que aquella institución mexicana que fue ejemplar para el resto del mundo y que se ganó la confianza de la población, hoy está bajo asedio y en el centro de la polémica política más profunda de la historia reciente de México.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegaremos a la elección presidencial del 2024 ni qué quedará del INE cuando termine esta tormenta. Tampoco sabemos cuándo ni cómo terminará. Muchos de los que formamos parte del Consejo General de esa institución en otros momentos, y todas y todos quienes la dirigen ahora, hemos advertido que esa reforma era innecesaria y que traería más riesgos que beneficios. Pero no solo hemos sido desoídos, sino que también hemos sido difamados y descalificados. Empero, tengo para mí que la última víctima de este conjunto de decisiones odiosas e inopinadas, no serán los funcionarios defenestrados sino la muy joven y frágil democracia de México.
Mauricio Merino es investigador de la Universidad de Guadalajara y exconsejero del Instituto Federal Electoral.