La democracia en movimiento

Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional en Santiago, acaba de comprimir en diez capítulos el itinerario que siguió Europa hasta consolidar la democracia. Luego de muchas y bonísimas páginas, La construcción de la libertad—así se llama el libro— se cierra con un optimismo del que discreparé por los motivos que luego se verán. Mi disidencia tardía, sin embargo, es lo de menos. Lo de más es que el texto de Blanco sacará de su inercia, de su inane ensimismamiento, a quienes padecen el achaque —yo el primero— de estudiar las ideas políticas sin atender lo suficiente a su plasmación jurídica. Este vicio es fruto de un error aún más general: el de pensar que las ideas surten completas y, por así decirlo, armadas hasta los dientes, de la minerva del filósofo. Nada más absurdo. La idea se define al ser aplicada, y no solo se define sino que experimenta una transformación creadora, original. Lo demuestra con contundencia el proceso que permitió transitar a los europeos desde la monarquía constitucional a la parlamentaria. La primera estaba construida sobre la yuxtaposición, y simultánea oposición, del poder regio y el Parlamento, expresiones respectivas del Antiguo Régimen y de una burguesía en expansión. El parlamentarismo neutraliza la prerrogativa real, desplaza la iniciativa legislativa al gabinete de ministros, y habilita un camino entre este y los representantes del pueblo por el procedimiento de transferir el poder ejecutivo al que disfrute de mayoría en la cámara baja. Durante más de cien años, la naturaleza de la representación había constituido un enigma metafísico. El hallazgo del parlamentarismo convirtió la representación en un hecho. El hecho, además, influyó en la idea. Ahora sabemos lo que es la representación democrática tanto desde el punto de vista político… como filosófico. Roberto Blanco explica esto magníficamente, y lo vincula a los cambios que mientras tanto venían registrándose en la sociedad y la opinión. El balance es más convincente, más iluminador, que las síntesis en que suelen esmerarse los historiadores de las ideas.

El libro de Blanco me ha enriquecido por una segunda razón. Blanco recuerda a los liberales, tribu de la que creo ser miembro, algunas verdades sencillas. La Declaración de 1789 adjudica los derechos, no se sabe si disyuntivamente o por agregación, al hombre y al ciudadano. ¿Por qué se distingue entre uno y otros Porque se entiende que la igualdad frente a la ley, un bien de alcance universal, no implica que todos deban estar autorizados a participar en su elaboración. Lo último sería prerrogativa de los ciudadanos, no de los hombres de tropa. Tendemos a olvidar, después de lo que ha llovido, hasta qué extremo fueron excluyentes los regímenes censitarios durante la etapa liberal. Por ejemplo: a principios del XIX, en Inglaterra, al condado de Cornualles le correspondían cuarenta y dos diputados, contra los cuatro que podía alegar Londres. El sufragio universal tardó mucho en llegar —las mujeres no obtienen esa franquía, en Gran Bretaña, hasta 1928—, y lo hizo por la presión de las cosas y con independencia del color político del gabinete de turno. Una de las ampliaciones decisivas, de nuevo en Gran Bretaña, se verifica bajo un gobierno presidido por Disraeli, un conservador.

El caso es que los liberales no se mostraron excesivamente afanosos en extender el derecho al voto. Se descubre el motivo principal leyendo los Principes de politique de Benjamin Constant. Una de las urgencias máximas de Constant es poner límites al poder, cuyos excesos asocia, simultáneamente, a la monarquía absoluta, al despotismo napoleónico y a los desmanes revolucionarios de los jacobinos. Muchos liberales, en fin, fueron políticamente conservadores. El término «conservador» ingresa de hecho en el léxico político a través de Mme. de Staël, muy ligada en ese momento a Constant. Todo esto tiene sentido, colocado en su contexto. Provoca mayor intriga que no pocos exponentes del liberalismo contemporáneo hayan perseverado en no comprender de modo cabal por qué la democracia persigue, y persigue legítimamente, asegurar a todos un mismo estatus moral. La igualdad moral no se obtiene, por cierto, universalizando sin más los derechos políticos. También exige que hagamos lo que esté a nuestro alcance por impedir que circunstancias fortuitas —origen social, condiciones asimétricas en el acceso a bienes básicos— condenen al que las padece a una situación de inferioridad crónica. De ahí que la redistribución sea inevitable desde una perspectiva democrática. Blanco discute estas complejidades de modo impecable. La cuestión reside en los límites. ¿Hasta dónde se puede llegar sin destruir la propia libertad?

Durante los últimos cuarenta años, hemos abordado esta pregunta a través, sobre todo, de John Rawls. Rawls, mitad socialista, mitad liberal, excogitó un expediente famoso para conciliar la libertad con la igualdad. Estipuló una situación hipotética en que hombres por entero ignorantes de sus cualidades específicas arbitran reglas para el disfrute de los bienes generados entre todos. Como los firmantes del contrato desconocen cómo están repartidas esas cualidades, se ponen en lo peor y abrazan una estrategia basada en la cautela pesimista: determinan que los recursos se redistribuyan preventivamente de modo y manera que lo producido por los inteligentes, los enérgicos, los hacendosos, venga a refluir en parte a los menos inteligentes, los menos enérgicos, los menos hacendosos (parroquia desgraciada a la que nadie está seguro de no pertenecer). El invento rawlsiano integra en esencia un artificio heurístico cuyo objetivo es deducir a priori la socialdemocracia, con su Estado Benefactor y sus leyes amparadoras del disenso y la libertad política —irrenunciables también para Rawls—. Por desgracia, el esquema de Rawls no funciona. En la medida no desdeñable en que soy lo que mis cualidades hacen de mí, no parece agible que lo generado por ellas se someta a redistribución indefinida sin que yo mismo me convierta en mercancía redistribuible. Así que, luego de mucho filtiré, y muchas vueltas y revueltas, lo que ocurre es que Rawls termina por inmolar al individuo en el ara sacrificial del bien común —nosotros preferiríamos decir «solidaridad»—. La filosofía rawlsiana señala, crepuscularmente, la difícil adaptación del socialismo a un régimen de libertad

Pero esto, como digo, es filosofía. Más importante que la filosofía, es la práctica. Roberto Blanco saluda con alborozo las constituciones que durante el periodo de entreguerras incorporaron, al menú o repertorio clásico, los derechos sociales. Aquí se abre, y por eso discrepo de Blanco, una fase muy peligrosa para la democracia, por dos razones. La primera es que no se pueden garantizar derechos cuyo cumplimiento está indiciado a recursos muy escasos. Lo confirma la crisis de las pensiones y de la sanidad, las cuales habrán de ser radicalmente reformuladas por causa del cambio demográfico y el endeudamiento del Estado. Habría resultado mucho más prudente promover las prestaciones públicas sin confundirlas con derechos que llamar «derecho» a lo que no puede serlo. La promesa excesiva y su fatal inobservancia deslegitimarán profundamente a los sistemas vigentes.

La segunda razón que me lleva a ser más sombrío que Blanco es que la complicación de la política con la justicia social ha extraviado, de modo simétrico, a los partidos y los votantes. Aquellos allegan votos tirando de recursos públicos; estos reclaman bienes en especie sin ocuparse en investigar de dónde proceden. El lector hallará un paralelo sugestivo entre el ambiente que predomina en nuestras democracias y la crítica que Polibio hace de la griega allá por el siglo II a.C. La griega acabó como acabó. Nosotros estamos todavía a tiempo de evitar ese desenlace infausto.

Álvaro Delgado-Gal, escritor.

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