Desde que Xi Jinping fue ungido como el nuevo presidente de China, los informes sobre la represión oficial prácticamente no menguaron. Pero, si bien las críticas del historial de derechos humanos de China claramente están fundamentadas, es importante no perder de vista el alcance del cambio político genuino en China.
Desde 1978, el sistema político de China ha monitoreado la transferencia de un amplio segmento de poder económico del estado a su pueblo. En consecuencia, los chinos pueden operar granjas familiares, ser dueños de casas y empresas, controlar sus elecciones en materia educativa, patentar inventos y amasar fortunas. Es precisamente el ejercicio de estos derechos individuales lo que ha creado las bases para la transformación económica que se está produciendo en China.
Cuando generó intereses económicos privados tan diversos y conflictivos, típicos de una sociedad capitalista, China se vio obligada a crear un conjunto de instituciones para clarificar y mediar en el ejercicio de estos derechos. Estos acuerdos institucionales emergentes incluyen contratos y derecho comercial, códigos de quiebra y laborales así como tribunales para supervisar su implementación. Más recientemente, comisiones locales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación cada vez más agresivos y manifestaciones públicas sancionadas se han vuelto los canales establecidos para mediar en el conflicto social.
Sin embargo, la transferencia de derechos muchas veces ha sido ambigua y, con demasiada frecuencia, vulnerable a la corrupción oficial. Como resultado, el Partido Comunista Chino (PCC) enfrenta crecientes demandas de la clase media bien educada y adinerada del país de una mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones de las que dependen sus carreras y su subsistencia.
La sanción de la Ley de Litigios Administrativos en 1990 les permitió a los ciudadanos chinos presentar demandas legales contra gobiernos locales y organismos públicos. En los últimos años, cientos de miles de organizaciones no gubernamentales, muchas veces con aprobación oficial, han representado a individuos en cuestiones básicas, como tomas de tierra, demoliciones de viviendas, abusos ambientales, derechos laborales y atención médica. La cantidad de demandas legales contra el gobierno se ha disparado a más de 100.00 por año, y los demandantes ganaron más de un tercio de los casos.
Otro camino por el cual los residentes chinos impulsan sus intereses es la protesta pública. En todo el país, los residentes suelen manifestar contra un desalojo injusto de sus hogares, frecuentemente a manos de funcionarios locales corruptos. Uno de nosotros recientemente observó una manifestación callejera en Wuhan, la principal ciudad de la zona central de China. Armados con pancartas y carteles y un permiso para protestar, los manifestantes callejeros, después de haberse enterado de que sus hogares iban a ser demolidos para un nuevo desarrollo inmobiliario, salieron a las calles y finalmente lograron una compensación sustancialmente mayor de lo que el gobierno local les había ofrecido inicialmente.
Estas protestas contra los organismos públicos, los empleadores y los desarrolladores inmobiliarios hoy son moneda corriente (aunque no siempre están autorizadas). De hecho, los líderes de China reconocen que si estos canales de manifestación pública de las quejas no existieran, el potencial de un malestar civil y político sería mucho mayor de lo que es. En términos generales, mientras que los manifestantes reclamen una mediación y una rectificación en materia de derechos económicos y no intenten transgredir la autoridad del PCC, los residentes chinos pueden abogar por sus intereses.
Algunos observadores ven que se está perfilando en el horizonte un sistema democrático. Tanto el presidente como el primer ministro de China están limitados a dos mandatos de cinco años. Los debates legislativos dentro del Congreso Nacional del Pueblo, cuyos casi 3.000 miembros son elegidos entre un amplio rango de organizaciones locales y nacionales, pueden ser acalorados.
Por ejemplo, la ley de quiebra de China, sancionada en 2006, demandó una negociación de 12 años, durante los cuales facciones dentro del Congreso, el PCC y la rama ejecutiva pelearon para equilibrar los intereses de los trabajadores y los acreedores. De la misma manera, la ley de propiedad de China se debatió durante años, ya que las fuerzas conservadoras, con el respaldo de varios medios de comunicación, se resistían a la comercialización y la privatización en defensa de los ciudadanos de más edad cuya subsistencia seguía dependiendo del "tazón de arroz de hierro" que entregaba el estado.
En resumen, si bien el sistema político de China funciona de una manera mucho más centralizada de lo que se establece en la constitución del país, ofrece un conjunto cada vez más significativo de canales a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer influencia en la vida política.
Dos de las limitaciones oficiales más irritantes que se aplican a los ciudadanos chinos son las restricciones al desplazamiento del campo a las ciudades y los límites respecto de la cantidad de hijos que pueden tener las parejas. Ambas políticas reflejan la distribución sesgada de la población de China, con más del 90% de los habitantes apiñados en la mitad oriental del país, lo que crea una congestión extrema y el potencial de inestabilidad política. No obstante, en respuesta a la presión popular, ambas restricciones se han relajado sustancialmente.
La motivación de los líderes chinos para implementar este tipo de cambios no es la de abrazar los ideales de la Declaración Universal de Derechos Humanos o aplacar las demandas extranjeras. Unidos por el objetivo de la prosperidad económica, los líderes de China permitieron que el genio de los derechos individuales saliera de la botella. Estos mismos líderes ahora deben tolerar -y hasta facilitar- la creación de instituciones que medien en los conflictos que inevitablemente se producen alrededor de estos derechos.
Mientras China siga ofreciendo derechos económicos básicos a sus ciudadanos, estos cambios incrementales, aunque lentos, generarán la democratización gradual del país. Donde los derechos están bien establecidos, el progreso en la construcción de una sociedad civil, sin duda, es lo que viene a continuación.
Zhang Jun is Professor of Economics and Director of the China Center for Economic Studies at Fudan University, Shanghai. Gary H. Jefferson is Professor of Economics at the International Business School and Chair of East Asian Studies at Brandeis University.