La demonización de los musulmanes

La campaña electoral en Cataluña se desarrolla entre un gran nerviosismo político y una aparente indiferencia ciudadana. En medio, el tema de la inmigración recorre el escenario electoral. Las tensiones se van acumulando alrededor de tres ejes: “Los inmigrantes son los causantes de la delincuencia”, “los inmigrantes amenazan nuestro bienestar y reducen nuestras posibilidades de tener trabajo”, o “muchos inmigrantes son fundamentalistas religiosos potencialmente peligrosos”. Lo cierto es que Cataluña ha pasado de una población de 6 millones de personas en el 2000 a superar los 7,5 millones en la actualidad. Son cifras récord. Y es meritorio que todo ello se haya producido, como en el resto de España, sin notables tropiezos, gracias, básicamente, a muchos municipios y a las entidades que trabajan en ese ámbito. De todos es sabido que la distribución de tan ingente volumen de recién llegados no ha sido proporcional en el territorio. Y, por tanto, hay poblaciones y barrios que acumulan porcentajes de población inmigrada muy significativos. Sabemos que sus lugares de acogida se concentran en los barrios que resultan más accesibles para las frágiles economías de los que apenas sí han reunido lo necesario para llegar e instalarse. Y es a esos barrios donde se dirigen ahora las esperanzas electorales de algunas formaciones políticas. Unas, con más descaro y desinhibición, como Plataforma per Catalunya, apuntan directamente al exceso de inmigrantes que “roban” oportunidades y prestaciones a los “nacionales”, y proponen la necesaria expulsión de los inmigrantes de religión musulmana, apelando a las raíces cristianas de los españoles. Otras, como el Partido Popular, tratan de compensar sus debilidades entre el electorado conservador y nacionalista catalán, con una campaña muy agresiva en inmigración. Un día arremete contra los gitanos rumanos en Badalona, amparándose en el ruido generado por Sarkozy y la débil respuesta de la UE y del propio Zapatero; otro, acusa a los inmigrantes de abusar de la sanidad pública; y al siguiente exige que los inmigrantes dispongan de “certificados de buena conducta” donde conste la opinión de sus vecinos. Y todo ello muy bien aderezado con constantes e inequívocas alusiones a la conexión entre inmigración, incivismo y delincuencia.

¿Hasta dónde llegará el PP y hasta qué punto contaminará al resto de fuerzas políticas catalanas? El panfleto que editó el líder popular en Badalona, García Albiol, preguntaba: “¿Tu barrio es seguro?”, acompañando el texto con una foto de un balcón con el lema “No queremos rumanos”. Esa iniciativa ha provocado que la Fiscalía de Cataluña especializada en temas de odio y discriminación haya citado al concejal para dilucidar si esa campaña puede ser constitutiva de delito. Para García Albiol, “lo que no han podido parar en la calle, lo intentan parar en el juzgado”. Lo cierto es que García Albiol crea escuela, y el dirigente popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, trata de imitar la estrategia haciéndose acompañar por los medios de comunicación en busca de campamentos de gitanos en Barcelona, o acusando a los inmigrantes de los problemas de sostenibilidad de la sanidad pública o de otros servicios públicos. En otro folleto preelectoral, el PP afirma que “nosotros decimos lo que muchos piensan y no se atreven a decir”, y consideran que convendría priorizar a la inmigración “que comparte con nosotros cultura y valores”. En esta misma línea, han acusado recientemente a CiU de haber favorecido a la inmigración que no supusiera un acicate a la españolización lingüística de Cataluña. Faltan semanas para las elecciones catalanas, y meses para las elecciones municipales, pero parece que la estrategia del PP en Cataluña es una especie de banco de pruebas para el resto de España. La cautela actual de los dirigentes españoles del PP puede trocarse en “garcialbiolización” si la cosa sale bien en Cataluña.

La líder popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha relacionado sus posiciones con lo que ocurre en Europa. Y no le falta razón. Sarkozy, Berlusconi y la reciente evolución de la opinión pública en Alemania, Suecia u Holanda, apuntan a un rebrote de la derecha xenófoba, acompañada por la derecha más convencional, que ha radicalizado sus posiciones políticas para taponar el ascenso de la extrema derecha. En Cataluña, buenos son los ataques a “los otros”. La presencia de Plataforma per Catalunya en los Consistorios de algunos de los municipios con mayor número de inmigrantes puede catapultar a su líder, Josep Anglada, al Parlamento catalán, y genera nerviosismo su extensión en los próximos comicios locales. El problema es que contra esa tendencia a criminalizar a los inmigrantes, sobre todo y por ahora a los de religión musulmana, no caben medias tintas, y son precisamente las medias tintas lo que caracteriza no solo al PP, sino también a CiU y a algunos dirigentes socialistas. Después de la escaramuza de Vic, en la que el alcalde democristiano de CiU propusiera denunciar a los inmigrantes sin papeles, la formación nacionalista catalana impulsa la creación de un mapa de los sin papeles con finalidades aún no aclaradas. Algunos alcaldes socialistas han abanderado la prohibición del burka en sus poblaciones, a pesar de que su número es meramente anecdótico, y ponen todo tipo de pegas a la instalación y al funcionamiento de mezquitas. Con todo ello, lo que se está consiguiendo es que se vayan considerando como normales y dignas de ser tenidas en cuenta por parte de la ciudadanía, opiniones que fácilmente se deslizan hacia la xenofobia y a la discriminación.

Es preocupante la tibieza o incluso condescendencia de algunos partidos políticos ante la gravedad de los escarceos del PP con esas posiciones. En momentos como los actuales, y ante la sensación de amenaza que muchos ciudadanos pueden tener en relación a la sostenibilidad de prestaciones sociales de todo tipo, se puede empezar con la heterofobia, acusando a “otros” de lo que nos viene sucediendo, y acabar con posiciones de racismo que no tengan de hecho base racial. Se niega a nuestros “otros” clásicos (los gitanos), se sigue con los nuevos “otros” (islamofobia) y al final se va ampliando la cosa hacia esos “tantos” que abusan de nuestros derechos y ponen en peligro el poco trabajo al que “nosotros” tenemos derecho y el poco o mucho bienestar del que “nosotros” ahora disponemos. Estamos ante el clásico tema del desplazamiento de las fronteras entre “nosotros” y “ellos”. Es increíble que un dirigente político justifique su posición aludiendo a que expresa lo que los ciudadanos piensan pero no se atreven a manifestar. Construir posiciones de fuerza política desde las bajas pasiones ha conducido siempre a peligrosos excesos. Si la fuerza de algunos partidos en Cataluña ha de basarse en la estigmatización de colectivos por razón de su origen, más vale que se lo hagan mirar. De hecho, están dignificando con su actitud ambigua posiciones mucho más radicales y abiertamente racistas. Y, al final, si entendemos que muchas de las acusaciones que se hacen a los inmigrantes derivan de su situación de exclusión social (que comparten con muchos “nacionales”), lo que acaba desencadenando un racismo primario es la situación de aquellos que acumulan rechazo al unir a su condición de pobres, el origen étnico y la religión que profesan, y esos son los musulmanes.

La Europa actual se ha edificado sobre innumerables conflictos de religión, y hemos inscrito en nuestros códigos la libertad religiosa como algo insoslayable. Pero tenemos miedo del radicalismo de aquellos que no han hecho aún los deberes de secularización de sus pautas de conducta pública y política. No avanzaremos en la aceptabilidad mutua con exacerbación de las diferencias, y menos si convertimos la religión en la divisoria cultural y en el límite de la incorporación a la plena ciudadanía. El islam es ya una religión europea, que debe encuadrarse en la lógica de la secularización del espacio público y de la vida política. No podemos caer en la trampa de confundir una opción religiosa, que no todas las personas de un mismo origen comparten o practican, con una forma de vida o como una expresión cultural. Necesitamos una clara desautorización de aquellos que pretendan criminalizar una práctica religiosa convirtiéndola en un cuerpo extraño desde el punto de vista cultural y social. Y en Cataluña, algo de eso nos estamos jugando.

Joan Subirats, profesor de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.