De un tiempo a esta parte arrecian las campañas contra la figura de Felipe VI: reprobación por parte del Parlamento de Cataluña, resoluciones en diferentes ayuntamientos, organización de referéndums en algunas universidades y declaraciones de los principales líderes de Podemos e Izquierda Unida cuestionando la legitimidad democrática de la institución monárquica. Intentan de este modo, quienes promueven estas iniciativas, monopolizar y adueñarse de la bandera de la República como patrimonio exclusivo de la izquierda y los separatistas, siendo esta pretensión una gran manipulación y otra gran mentira de la desmemoria histórica que padecemos.
En contra de lo que muchos piensan, la República y los ideales republicanos no son patrimonio de la izquierda y mucho menos de la extrema izquierda y los separatistas. En la historia de nuestro país aparecen personas, acontecimientos y propuestas -no muchas, pero sí todas ellas con un carácter significativo- donde se asemejan los conceptos políticos de liberalismo, conservadurismo y derecha con la idea genérica de República. Así sucedió, por ejemplo, durante la crisis de 1868, en la I República, al final del reinado de Alfonso XIII, en el desarrollo de la II República y también, no se pude negar, en 1936 y como derivada en diferentes etapas del franquismo.
También durante la Transición fueron importantes los personajes y las propuestas públicas, no situadas en la izquierda ni en el separatismo, que defendieron la idea de República unida a los conceptos de España y de Democracia, como fue el caso de Antonio García-Trevijano, aunque en este periodo, hay que reconocerlo, primó más el pragmatismo (para otros el oportunismo) de defender la monarquía de Juan Carlos como el milagro alcanzado de configurar un régimen de consenso sintetizado en las expresiones ilusorias de “monarquía para republicanos” o “república coronada”.
En aras de saber lo que fue parte de esta derecha republicana hay que felicitar a la Fundación Faes por la publicación del libro de Antonio Cañellas Mas Miguel Maura, la derecha republicana presentado en Madrid hace unas semanas por José María Aznar. El estudio trata sobre la figura de Miguel Maura Gamazo, el que fuera hijo de Antonio Maura Montaner, jefe del Partido Conservador entre 1902 y 1913, cinco veces presidente del Gobierno y una de las figuras más distinguidas de lo que representó el régimen de la Restauración de finales del siglo XIX y principios del XX.
Fue en esa atmósfera de una derecha monárquica, fuertemente conservadora y católica donde se formó Miguel Maura en política: primero en 1915, dentro de las juventudes mauristas, después como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y finalmente como diputado en Cortes en 1916 y 1919. Como muy bien señala Antonio Cañellas en su estudio, fue el rechazo al golpe monárquico del general Primo de Rivera en 1923 lo que hizo derivar la posición de Miguel Maura y de otros dirigentes liberales y conservadores hacia un republicanismo por resentimiento.
Su compromiso con la República proviene, por tanto, más de un desengaño con la Monarquía -en concreto con la figura de Alfonso XIII- que en la aceptación de unos valores políticos propiamente republicanos. Tanto para Miguel Maura como para Niceto Alcalá Zamora, fundadores en julio de 1930 del partido Derecha Liberal Republicana (DLR), la República debía ser un “régimen de orden”. Ellos propugnaron como forma de gobierno un travestido sistema de “separación de poderes” en donde se contemplaban dos figuras: la del presidente de la República con funciones moderadoras y arbitrales, y un jefe de gobierno dependiente en su elección del apoyo mayoritario del Parlamento. Esta fue la fórmula que finalmente se adoptó en la Constitución de 1931, lo que en teoría política se entiende como república parlamentaria. Un sistema nada alejado de nuestra forma de gobierno actual: la elección del poder ejecutivo no la realiza directamente el pueblo y sí los diputados del poder legislativo. En definitiva, no existe una separación en origen de los poderes y sí una confusión en la elección de los mismos.
Acierta plenamente Antonio Cañellas al calificar este sistema de la II República como “un retorno a los orígenes de la Constitución de 1876 pero sin monarca”. Y es que esta llamada derecha republicana, como la izquierda con igual apellido, nunca dejaron de entender la jefatura del Estado como un instrumento componedor de apaños. El famoso “borboneo”, tantas veces utilizado por Alfonso XIII para garantizarse el turnismo durante la Restauración, mutó durante la II República en la forma de utilizar la jefatura del Estado por parte de Alcalá Zamora y después, de igual manera, por Manuel Azaña.
Enmarcadas en su actuación, quedaron dos cacicadas históricas: primera, el encargo de formar Gobierno que le otorgó Alcalá Zamora a Alejandro Lerroux, del Partido Radical, el 16 de diciembre de 1933, después de que la CEDA de Gil Robles hubiera ganado las elecciones el mes anterior; y, como segundo y más grave desacierto, el del 14 de diciembre de 1935, cuando Alcalá Zamora maniobró desde la presidencia de la República para que Portela Valladares, carente de fuerza parlamentaria pero amigo personal suyo, sustituyera en la presidencia del Gobierno a Joaquín Chapaprieta, sucesor a su vez de Lerroux, a fin de que intentara formar una fuerza equidistante de la izquierda y la derecha (el añorado hasta hoy centro político) y convocase unas elecciones cuya pretensión era que fueran convenientemente dirigidas desde el poder.
El tiro les salió por la culata, porque las elecciones sí fueron eficazmente controladas pero, para su sorpresa, desde la oposición. Es lo que aconteció con el hoy más que documentado “pucherazo de febrero de 1936”. Fraude electoral que trajo como consecuencia la llegada al poder del Frente Popular y unos meses después, tras la deriva totalitaria de esta coalición, el estallido sangriento de la Guerra Civil.
Es un error pensar que los tiempos políticos reinciden. Marx, como en tantas cosas, se equivocó en su tesis hegeliana de la doble aparición de los fenómenos: “la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa”. En nuestro caso, desde luego, no es verdad (por mucho que se empeñen algunos) y la situación actual de España nada tiene que ver con la crisis padecida en la década de los años treinta del siglo pasado en nuestro país.
Lo que se ha producido en la actualidad es un hecho fundamental que ha hecho variar las piezas de nuestro tablero político: la rebelión y proclamación de la independencia de Cataluña obligó a Felipe VI a salir en defensa de la unidad de España. El Rey hizo un llamamiento expreso a todos los poderes del Estado para que pusieran fin a la ruptura del texto constitucional. Esto descolocó en su momento a los separatistas (que no se lo esperaban) y desordena ahora a la izquierda (PSOE-Podemos) rehenes como son del pacto de investidura con sus socios independentistas.
Es por eso que, al margen de planteamientos ideológicos o históricos que siempre estarán ahí, la actual ofensiva contra Felipe VI responde únicamente a factores singulares de nuestra situación política. Esto es, son consecuencia directa del posicionamiento político que mantuvo el monarca en su famoso discurso del 3-O de hace un año. Si el discurso de Felipe VI no hubiera sido firme en este sentido (como lo fue) y sí componedor (como algunos así lo esperaban) las loas y alabanzas por parte de la izquierda y los nacionalistas hubieran superado a las realizadas en su momento a favor de su padre, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y estas adulaciones continuarían a día de hoy.
Felipe VI, ante la crisis institucional provocada por el intento de la Generalitat de declarar la independencia de Cataluña, y en contra de la posición timorata del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, responsabilizó directamente a las autoridades catalanas de estar incumpliendo sistemáticamente las leyes e hizo un llamamiento explícito a todos los poderes del Estado para que asegurasen el orden constitucional. En ningún momento hizo una apelación al diálogo, la negociación, la mediación, ni utilizó en ninguno de sus párrafos el vocablo mágico del consenso.
Por eso, frente a los que únicamente ven una ofensiva republicana en la izquierda y los separatistas frente a la figura de Felipe VI, habría que recordarles cuál ha sido la historia de los últimos 40 años en nuestro país: complicidad más que evidente, tanto en intereses como en posiciones políticas, de socialistas y nacionalistas con el anterior monarca, Juan Carlos I. Aquellos lodos son los causantes de muchos de los légamos actuales.
Tanto es así que, en el fondo de las posiciones políticas supuestamente republicanas, no exista como tal una alternativa política al régimen de poder vigente en nuestro país. Un ejemplo claro de todo lo anterior lo encontramos en la llamada “Ley de Transitoriedad a la República Catalana”, suspendida por el Tribunal Constitucional, donde se pretendía repetir en Cataluña el mismo régimen de poder que se instauró en España en 1978: ausencia de libertad constituyente; forma de Gobierno parlamentaria; sistema electoral proporcional; poder judicial sometido al poder político y estructura de participación partitocrática.
Una derecha republicana, a día de hoy en España, no tiene sentido con el mismo significado que monopoliza la izquierda al apropiarse de esta bandera y unirla a pretensiones antidemocráticas de separatistas y comunistas. Sí la tendría como referente, al menos intelectual, de las reformas constitucionales que necesita nuestro sistema para garantizar la unidad nacional, la instauración de un sistema auténticamente democrático con separación de poderes de origen y la recuperación de los valores morales y sociales que vertebran cualquier sociedad. Si Felipe VI, como monarca constitucional, ampara esta posibilidad (democracia auténtica, lucha contra la corrupción y unidad de España), no sería necesaria una posición política en sentido contrario. Y la supuesta ofensiva republicana quedaría reducida a lo que es: extrema izquierda y separatismo.
Javier Castro-Villacañas es abogado y periodista.