La derecha y el Poder Judicial

Hace unos días, tres asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial independiente, que suman más de 2.500 asociados, presentaron una carta-denuncia ante la Comisión Europea a fin de que intervenga en España ante el riesgo de vulneración de los principios fundacionales de la Unión, en particular, la separación de poderes y la independencia judicial, como pilares que son de un Estado Democrático de Derecho.

En dicha carta advierten de que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de 35 años permitiendo la politización del órgano y, consecuentemente, la de los altos cargos judiciales que dependen de él, con todo lo que ello supone de ataque a los citados principios fundacionales. Y denuncian que la última reforma legal al respecto, y la que está anunciada, multiplican sus defectos, yendo en dirección contraria a las exigencias de despolitización que nos llegan precisamente desde Europa, vía Greco, Comisión de Venecia y TJUE.

Como el actual Gobierno es de izquierdas y dicha carta no ha sido firmada por la progresista asociación Juezas y Jueces para la Democracia, no han faltado análisis ideológicos de la cuestión. Desde la simpleza y el maniqueísmo se ataca la iniciativa indicando que detrás de ella están los jueces conservadores, los cuales, contrarios a la mayoría de izquierdas que domina el poder legislativo y ejecutivo, buscan desgastar a ambos. Son discursos que aprovechan para cargar contra los jueces en general y pedir su «democratización» a fin, dicen, de arrancarlos de las garras del franquismo que aun los tiene presos.

Esto lo hacen sin mencionar los argumentos esgrimidos en dicha carta, que, repito, son argumentos que vienen de Europa, no se los han inventado las asociaciones judiciales. La desechan con una explicación ideológica, obviando que en esas asociaciones hay jueces de todas las ideologías y que esta reclamación de despolitización del CGPJ lleva años en sus agendas, hasta el punto de haber justificado varias huelgas de jueces (la última con un Gobierno socialista y la anterior con un Gobierno del PP), una manifestación ante las puertas del Ministerio de Justicia (con el PP en el poder), concentraciones en los edificios judiciales, decenas de acuerdos de juntas, un par de manifiestos firmados por miles de jueces y ciudadanos y un sinfín de reuniones con todos los grupos parlamentarios para tratar de convencerles de la necesidad de reducir su influencia en el órgano de gobierno de los jueces.

Y todo ello, para nada, pues cada sucesiva reforma del CGPJ ocurrida durante nuestra democracia, llevada a cabo por el PP o por el PSOE, ha reforzado aún más el control político del órgano.

La última reforma aprobada a impulso del PSOE y de Unidas Podemos, consistente en apagar el CGPJ una vez pasan los cinco años de su mandato; y la reforma que está preparándose, consistente en rebajar la mayoría necesaria para renovarlo, han sido la puntilla que, ante lo infructuoso de todo lo anterior, han llevado a estas asociaciones a recurrir a Europa.

Y frente a esta incontestable realidad, se lanzan soflamas de primero de polarización, como si la explicación de un fenómeno tan complejo, que se lleva marinando lustros, con picos de ebullición, y que ha desembocado en una iniciativa que ha sido de todo menos fácil de articular (venciendo resistencias internas y desconfianzas mutuas entre las asociaciones), pudiese reducirse a una dialéctica de derecha contra izquierda.

Así, se acusa a estas asociaciones de no haber sido tan diligentes en pedir la renovación del CGPJ, que lleva más de dos años paralizada por el bloqueo del Partido Popular, señalando que los jueces estamos muy cómodos con que la derecha siga mandando en el CGPJ. Dejando de lado que algunas de estas asociaciones sí que han pedido públicamente esa renovación, está claro que uno y otro problema no están en el mismo plano.

Para empezar, asumimos que la culpa del bloqueo en la renovación es del PP porque se entiende que las fuerzas de izquierdas, por haber ganado las elecciones, tienen derecho a que el CGPJ se configure a su imagen y semejanza. Pero esta premisa está muy equivocada, porque si algo quiso la Constitución fue precisamente desligar las elecciones generales del CGPJ. Por eso aquéllas son cada cuatro años y la renovación de éste cada cinco; por eso, para renovarlo es necesario el acuerdo de grandes mayorías parlamentarias, independientemente de quien gane las alecciones; y por eso, al contrario que con el Gobierno y el Parlamento, no limitó las atribuciones de un CGPJ en funciones. El Tribunal Constitucional (TC) ya lo dejó claro cuando, en su STC 108/1986, dijo que era inadmisible que los partidos, a la hora de renovar el CGPJ, se repartan los puestos a cubrir en proporción a su fuerza parlamentaria.

Ocurre que, a pesar de esta advertencia del TC, ese reparto por cuotas se viene produciendo desde entonces. Por eso se ha interiorizado que ahora le toca al PP ceder protagonismo en el CGPJ y que, si no lo hace, está traicionado el espíritu de la Constitución. Cuando lo inconstitucional, insisto, es trasladar el resultado de las elecciones al seno del CGPJ.

Sea como sea, el CGPJ debería haberse renovado tras haber cumplido con creces su mandato de cinco años. Eso es indiscutible. Pero que aun esté sin renovar demuestra el fracaso del sistema. Desde que se diseñó en 1985, quitando a los jueces la posibilidad de votar a 12 de los vocales del CGPJ y acordando que la totalidad de los mismos, los 20, sean elegidos por los partidos políticos, la renovación del CGPJ se ha convertido en una negociación política. Y en las negociaciones políticas funcionan los parámetros políticos. Por eso el PP se niega a renovar si no es en unas condiciones y por eso el PSOE rechaza esas condiciones, ambos por estrategia política.

Por tanto, cuando se nos pide que pongamos el grito en el cielo por esa falta de renovación, se nos pide que dejemos de lado la enfermedad y nos centremos en uno de sus síntomas. Pero lo que nosotros queremos es no seguir enfermos. Exigir el cambio de sistema, protestar por su consolidación y denunciar ambas cosas a Europa, es algo que había que hacer. Porque, modificando el sistema y permitiendo que los jueces, tal y como pide Europa, elijamos a parte del CGPJ, la renovación ya se habría producido, como corresponde a un sistema sano.

Muerto el perro se acabó la rabia.

Fernando Portillo Rodrigo es juez decano de Melilla y vicepresidente de Foro Judicial Independiente.

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