La misma semana en que la Organización de los Estados Americanos (OEA) discutió un informe sobre la situación de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitió, con pocas horas de diferencia, dos sentencias aboliendo de facto la Asamblea Nacional de esa nación.
Casi al mediodía del 30 de marzo el presidente del Poder Legislativo, el diputado Julio Borges, calificó la decisión como un golpe de Estado: “Esto es una dictadura y el mundo nos tiene que ayudar a los venezolanos a prender todas las alarmas”, afirmó. El viernes, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, durante muchos años aliada del gobierno, dijo que las sentencias representaban violaciones a la constitución que constituían una “ruptura del hilo constitucional”.
En apenas 30 días el deterioro del escenario venezolano ha alcanzado una velocidad de vértigo. En el último trimestre de 2016 se realizaron inmensas movilizaciones en varias ciudades para apoyar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero el gobierno utilizó ardides jurídicos para impedir su realización. El pesimismo y la desilusión de los venezolanos se generalizó cuando el gobierno llamó a un diálogo con la mediación del Vaticano. El gobierno no cumplió ninguno de los acuerdos y la población volvió a sus casas, mientras la crisis de alimentos y medicinas se profundizaba.
De esta manera la Asamblea Nacional se sumó a las voces que internamente venían calificando la gestión de Maduro como una dictadura, estimulando el rechazo de diferentes sectores de la comunidad internacional al quiebre de su institucionalidad democrática.
La reciente presentación de un segundo informe especial sobre Venezuela por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que le hizo un llamado al gobierno venezolano para que fije un calendario electoral, libere a los presos políticos y acepte la ayuda humanitaria o enfrente la expulsión de la OEA, ha ayudado a que la atención regional se enfoque en la carrera hacia la dictadura de la llamada “revolución bolivariana”.
En lugar de mostrar flexibilidad, Maduro se ha radicalizado dando un gran salto hacia adelante. En medio de la peor crisis económica de su historia contemporánea el gobierno venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Ejecutivo, ha anunciado dos controvertidas decisiones que podrían acarrear el retiro de la OEA y el enjuiciamiento de quienes denuncian la situación de no democracia en el país.
La primera sentencia del TSJ invalidó el acuerdo de apoyo emitido por la Asamblea Nacional a las gestiones de Luis Almagro, calificando las simpatías con la OEA de “intervencionismo” y “traición a la patria” y anulando la inmunidad parlamentaria a los miembros del cuerpo legislativo. También le otorgó facultades extraordinarias al presidente para evitar un “estado de conmoción”, uno de los tres tipos de estados de excepción presentes en la constitución venezolana.
El segundo fallo decidió sobre el poder del Ejecutivo para negociar inversiones en materia energética sin la aprobación mayoritaria de los diputados de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus funciones contraloras. La sentencia formaliza lo que ha sido la práctica del TSJ ante un parlamento de mayoría opositora: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.
En lenguaje sencillo esto significa que el TSJ asume las funciones de la Asamblea Nacional y que el gobierno de Nicolás Maduro refuerza su control dictatorial sobre Venezuela.
En el año 2016, la encrucijada dictatorial tuvo dos hitos. El primero fue la aprobación en mayo del “Decreto de estado de excepción y emergencia económica” donde se convertía en argumento oficial la llamada “guerra económica”, una teoría conspirativa del gobierno para acusar a los comerciantes de todos sus problemas, cediendo por primera vez facultades arbitrarias al presidente. Esta normativa, de apenas seis artículos redactados de manera ambigua, pasó a sustituir a la Constitución.
El segundo momento fue la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender de manera indefinida cualquier proceso de consulta y participación mediante el voto, lo que no solo afectó al referendo revocatorio sino a las elecciones de gobernadores regionales que debieron haberse realizado, obligatoriamente, en diciembre de 2016.
El chavismo vivió su mayor derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, que la oposición ganó por una diferencia de dos millones de votos con lo que obtuvo el control de la Asamblea Nacional. Ante la evidencia de que el chavismo era la nueva minoría política, Maduro desarrolló una estrategia para gobernar sin votos y sin elecciones, la última frontera de la democracia.
La indignación de sus antiguas bases de apoyo no solo tiene que ver con el agotamiento del modelo, en ausencia de Hugo Chávez, sino también en el fracaso de políticas que han generado un aumento de la pobreza a un porcentaje mayor al que Chávez encontró al llegar al poder. Actualmente 13 millones de venezolanos, según las acicaladas cifras oficiales, padecen hambre, no tienen acceso a medicinas y sufren los embates de una inflación que devora sus ingresos en lo que antes era una nación envidiada por sus riquezas energéticas.
El desenlace menos traumático a esta crisis económica y política implicaría un nuevo acuerdo entre los partidos políticos opositores y la sociedad civil, para construir y promover tanto una agenda compartida como una propuesta de país que incluya las diferencias políticas y sociales. Para contribuir a este fin, la comunidad internacional debe aumentar las presiones diplomáticas.
Venezuela necesita de nuevos flujos de inversiones que le permitan enfrentar el agravamiento de su crisis económica y el restablecimiento de la democracia debería ser una condición para obtenerlos. Los sectores “progresistas”, tanto del continente como del mundo, que hasta ahora se han mantenido en silencio —cómplice en algunos casos, ignorante en la mayoría— ante la destrucción de Venezuela ha permitido, para decirlo en términos tradicionales, que la narrativa sobre la deriva bolivariana haya sido monopolizada “por la derecha”. Ellos también deben alzar su voz para demandar el regreso de la democracia en Venezuela.
Rafael Uzcátegui es sociólogo, editor y coordinador general de Provea, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos.