No sabemos cuándo comenzaremos a ver la luz, inmersos en esta crisis en la que todo lo que parecía inamovible se está moviendo, silenciosamente o desgarrándose con estruendo. En medio de este tsunami, estamos expuestos al riesgo de que se laminen derechos y se sustraigan espacios, recursos, bienes y servicios comunes conservados o construidos con el esfuerzo de toda la población. Entre estos recursos, bienes y servicios, se encuentran los ambientales, de los que poco se habla en estos días. Y entre los espacios que podemos perder están nuestras costas. No hablamos solo de paisajes, ecosistemas o especies de gran valor ecológico y belleza, sino también de un espacio estratégico para la defensa, la alimentación (en la costa se generan la mayor parte de los recursos de interés pesquero), y el desarrollo de nuevas tecnologías y actividades (energéticas, alimentarias, farmacéuticas…). Y del principal soporte físico de España para el turismo, que aporta aproximadamente el 12% del PIB español, y que depende intrínsecamente de la calidad y salud de los ecosistemas marinos y costeros.
Frente a esta realidad, la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral promovida por el Gobierno central y aprobada el pasado 9 de mayo en el Congreso reduce la visión del litoral a la de un solar urbanizable, promoviendo su construcción y ocupación de manera irreversible. Privatización y destrucción. Precisamente las amenazas que se habían identificado tras el boom turístico de los años sesenta para la costa española, y para cuyo control se redactó y aprobó la Ley de Costas de 1988, que generaba instrumentos de uso y gestión del litoral desarrollando algunos preceptos constitucionales. Veinticinco años después, la nueva ley del PP tiene claros visos de inconstitucionalidad.
Para tratar este tema como merece y dimensionar su gravedad, debemos poner el foco en algunas cuestiones y recordar otras. Las costas constituyen un espacio público común de todos los españoles y todas las españolas según el artículo 132.2 de la Constitución Española: “El dominio público estatal está constituido por la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental ( …)”. Como dominio público, nuestras costas están sujetas a los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad (es decir, no se pueden traspasar, vender, regalar o ceder) por el Artículo 132.1. de la Constitución Española.
Por otro lado, todos tenemos derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado, y los poderes públicos deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, según el artículo 45 de la Constitución Española. Y todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física según su artículo 15.
Además, todos somos iguales ante la ley (artículo 13 de la Constitución Española) y tenemos derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos (artículo 24 de la Constitución Española).
Pues bien, la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral del Partido Popular atenta al menos contra estos preceptos constitucionales. Esta ley promueve y facilita la privatización del litoral a través de diversas fórmulas que van de la ampliación de las concesiones en el dominio público a 75 años (lo que supone de facto la privatización del mismo) a la desprotección de los más importantes humedales costeros de España, como son las salinas y los esteros, aun cuando sean naturalmente inundables. La ley incluso desprotege específicamente ciertas zonas como la isla de Formentera, hasta hoy referente del turismo mundial precisamente por el buen estado de conservación del dominio público marítimo-terrestre. Y al reducir la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, considera automáticamente como zona urbanizable la franja colindante con el dominio público marítimo-terrestre que hasta ahora estaba sujeta a una serie de limitaciones que protegían la integridad de dicho dominio público y su libre acceso. Así, con la nueva ley se podrán urbanizar los terrenos existentes en esa franja de 100 metros y que en los años ochenta contaban con suministro de agua, luz, acceso rodado, o estaban comprendidos entre áreas ya transformadas para la construcción en al menos la mitad de su superficie: es decir, casi todo el litoral español. Aunque en la actualidad sean playas, humedales o dunas. Tan solo será necesario el desarrollo del instrumento de planeamiento urbanístico correspondiente por parte de los Ayuntamientos que así lo quieran para que perdamos una franja de 80 metros de ancho a lo largo de gran parte de nuestros 8.000 kilómetros de costas.
Esta nueva ley, además, atenta contra la igualdad garantizada en nuestra Carta Magna, al dejar sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de justicia relativas a los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. Provoca la mayor quiebra a la seguridad jurídica conocida en nuestro país, aparte de un grave daño económico al erario público, al dar soluciones distintas a situaciones similares, mediante una serie de privatizaciones selectivas del litoral y el incentivo de su uso privativo durante varias generaciones. Nunca antes se había visto en materia de gestión del territorio que una ley identifique, como hace esta, una decena de núcleos a los que se indulta de cumplir con la aplicación de la misma.
Por otro lado, la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral no solo no integra herramientas de diagnóstico y gestión de la amenaza de las inundaciones en una zona tan frágil y dinámica como es la costa. Lejos de esto, promueve la ocupación y la construcción en zonas del litoral ya identificadas como áreas de riesgo potencial de inundación en diferentes estudios preliminares del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento) o la Universidad de Cantabria, anteponiendo el beneficio privado de los constructores a la seguridad y salvaguarda de los ciudadanos.
En resumen, la nueva ley tendrá en el litoral español un mayor efecto privatizador que las leyes desamortizadoras del siglo XIX, sin beneficio alguno para el Estado ni el interés público, siendo muy difícil que lograse pasar el examen constitucional.
Es urgente reclamar el derecho a conservar nuestras costas y mares, ahora y para las generaciones futuras. Desde aquí nos permitimos trasladar a nuestros representantes la petición de que ejerzan un liderazgo solidario, responsable y visible. Sólo desde el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral se puede cambiar el rumbo para promover un desarrollo costero y una actividad económica sostenibles.
Porque el tsunami pasará. No sabemos cómo estaremos cuando esto ocurra, pero sí sabemos que cuantos más espacios y recursos hayamos conseguir salvar, incluyendo espacios públicos como las costas, más probabilidades tendremos como sociedad de elegir cómo y hacia dónde avanzamos. O costa desolada, privatizada e inaccesible, o costa pública, conservada y con recursos para el disfrute público y para actividades diversas. Nos toca elegir.
Eva Hernández Jorge es miembro de Salvia.