Las noticias con las que nos desayunábamos en las últimas semanas nos anunciaban cambios significativos en el mundo de la informática. Como nos atrevimos a aventurar algunos hace unos meses, Google se propone meter el ordenador en la Red, eliminando todas las barreras que los no expertos en informática teníamos que intentar saltar cuando lo que imperaba era el soporte. Ya sabemos que con el anuncio de Google, el ordenador estará en la Red y, en consecuencia, vuelve a cobrar actualidad, ahora con más necesidad, el debate sobre la neutralidad de esa Red.
La evolución de las tecnologías de la información está cambiando las formas de comunicación, siendo Internet la plataforma tecnológica que sustenta este cambio. Su extensión y su uso están permitiendo que el intercambio de conocimiento, ideas, información, etcétera, se realicen bajo un esquema de libertad. Pero, por otra parte, esa situación de libertad permite que, con lo anterior, convivan la desinformación, el descrédito, la difamación de la forma más injusta e impune; en consecuencia, el mayor logro de Internet es también uno de sus mayores enemigos.
A lo anterior se une el hecho de que la Red se está convirtiendo en el soporte de la comunicación entre las empresas, ya que un número cada vez más elevado utiliza la Red como parte cotidiana y fundamental de su gestión, tanto administrativa como técnica. Ante este hecho, se desprenden algunas preguntas: ¿qué pasaría si Internet no funcionara?, ¿qué pasaría si la gestión de Internet pasase a un monopolio que controlase tanto su acceso como su tráfico? Cualquiera de estas situaciones tendría unas consecuencias dramáticas y, por tanto, surge la inquietud sobre cómo conseguir que la Red siga siendo un medio neutro de comunicación.
Hay que recordar que Internet funciona gracias a que existe una compleja infraestructura de telecomunicaciones gestionadas por operadores que, mediante una serie de plataformas de acceso, permiten que las diferentes personas que se conecten a la misma puedan comunicarse de una forma global. Las Administraciones (nacionales y supranacionales) y las grandes empresas de telefonía y cable son los actores interesados en el debate de la neutralidad. Para los segundos, su modelo de negocio se vería muy reforzado si pudiesen ser ellos, directamente, los que controlasen el acceso a la infraestructura y los canales de comunicación digital. Para los primeros, el camino sólo pasa por establecer una senda democrática que mantenga el equilibrio, aunque no siempre agrade a todos.
Se entiende que la neutralidad en la Red debería garantizar el derecho de acceso a la infraestructura, a la información y a la participación en la toma de decisiones apoyado por la intervención pública.
El derecho de acceso a la infraestructura y a la información. El tan reclamado derecho a la información sigue presentando lagunas, puesto que aún existen países con regímenes totalitarios que intentan impedir ese derecho.
En lo referente al derecho a la infraestructura, tenemos que reconocer que está muy lejos de conseguirse porque, aun en los países más desarrollados, el concepto de acceso universal sigue siendo una quimera. Bien es cierto que no existen, en general, prohibiciones de acceso, pero la ley del mercado impone condiciones que se convierten en prohibiciones de facto.
Sólo mediante una actuación de las administraciones se puede conseguir que este desequilibrio se pueda anular o mitigar. Esta situación de desigualdad es especialmente grave cuando se comparan países desarrollados con países subdesarrollados. El caso de África es paradigmático. No sólo presenta unas tasas de acceso a la banda ancha que apenas alcanza el 0,4% de la población, sino que, además, el acceso es muy desigual entre los países de ese continente.
Para muchas naciones en vía de desarrollo, el coste del acceso a los grandes troncales de Internet resulta desproporcionado e inabarcable. Estos Estados deben asumir el coste de la conexión de su red nacional a la red internacional y repercutir este coste en las tarifas locales, lo que las hace inaccesibles al conjunto de su población.
No se considera la bidireccionalidad de las comunicaciones; esto es, que las redes tanto sirven para acceder desde un país en vías de desarrollo a contenidos del primer mundo, como a la inversa.
Como se ve, con estas condiciones de acceso tan injustas, es difícilmente alcanzable que, en Internet, todo el mundo pueda ser centro y periferia. Las iniciativas de las instituciones internacionales que trabajan en defensa del desarrollo de estos países contribuyen a mitigar este déficit, pero resultan insuficientes y cuando menos desfasadas respecto a la situación del primer mundo.
La participación de todos en la toma de decisiones. La infraestructura de Internet es administrada, a día de hoy, predominantemente por empresas privadas, norteamericanas, para más señas. Una de las demandas mundiales es que la gobernanza de la Red como un todo pase a ser efectivamente global, democrática, transparente y pluralista, con representación de todos los grupos de interés en el proceso decisivo: telecomunicaciones, informática, política, derecho, usuarios, etcétera.
La inquietud por la gobernanza de Internet es un hecho real. Posiblemente porque, amparándose en que algo hay que hacer para solucionar los males de Internet (spam, phishing, pornografía, etcétera), se proponen ahora nuevos modelos de organización de la Red basados en varias calidades de servicio en función del coste de acceso. Y no se trata de calidades de servicios medidas en ancho de banda, sino calidades de servicio en cuanto a posibilidades de conexión. Hasta la fecha, el modo mayoritario de funcionamiento de los proveedores de telecomunicaciones ha sido el transporte común, según el cual se puede acceder a cualquier aplicación o contenido legal, y el proveedor de banda ancha no puede actuar de filtro, lo que puede considerarse como un enfoque neutral respecto de la Red.
Pero se plantean otros enfoques, donde el proveedor decide cómo y a quién garantiza el acceso. En el fondo, se trataría de un debate sobre la libertad en Internet. La cuestión principal es qué libertad debe prevalecer; si la de los usuarios al acceso libre a los contenidos, o la de los proveedores a imponer sus restricciones de acceso a los mismos.
El modelo de Internet como espacio infinito de mercados, contactos, acceso a información, etcétera, podría tocar a su fin. Y ya sabemos quién se quedaría fuera. Por eso, el papel de las administraciones, tanto nacionales como internacionales, es nuevamente fundamental, ya que deben garantizar que las prestaciones y condiciones de los servicios de acceso deben ser prestadas por las empresas bajo las condiciones de neutralidad más estrictas posibles.
La intervención pública. Debe igualmente resolverse el tema de la armonización de la propiedad de la infraestructura privada (redes físicas) con el estatus de Internet como bien público global. En este sentido, los gobiernos tienen la posibilidad de establecer los marcos normativos del establecimiento y explotación en cada territorio, y en sus relaciones internacionales, de las citadas infraestructuras privadas. En cualquier escenario donde se produzcan éstos déficit, y a falta de regulación global, y de iniciativas del sector privado, no debiéramos olvidar que las administraciones tienen la posibilidad de establecer y construir redes y servicios que se desarrollen en paralelo con las infraestructuras privadas, en aquellos escenarios que consideren estratégicos para el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos.
Por tanto, parece lógica una profunda reflexión sobre la creación de redes públicas, soporte y garantía de continuidad de las funciones propias de la Administración y, sobre ellas, articular otros proyectos que garanticen a sus ciudadanos el derecho de acceso a las redes.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura.