La desigualdad financiada públicamente

Uno de los factores que estimula el dramático aumento de la desigualdad en el mundo y la concentración de la riqueza en la punta de la pirámide del ingreso es la dinámica entre la innovación y los mercados internacionales. En manos de un buen empresario, el valor de un descubrimiento tecnológico puede representar miles de millones de dólares, que responde a protecciones reglamentarias y a la naturaleza de los mercados globales de que “el ganador se queda con todo”. Sin embargo, a menudo se ignora el papel de los fondos públicos en la concentración moderna de la riqueza privada.

Como señaló recientemente Dani Rodrik, especialista en economía del desarrollo, gran parte de la inversión básica en nuevas tecnologías en Estados Unidos se hizo con fondos públicos. El financiamiento puede ser directo, o mediante instituciones como el Departamento de Defensa o los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés); o indirecta, en la forma de exenciones fiscales, prácticas de contratación pública y subsidios a laboratorios académicos o centros de investigación.

Cuando una vía de investigación se agota, como sucede en muchas ocasiones, los costos recaen en el sector público. Pero para aquellas investigaciones que son fructíferas, la situación resulta muy diferente. Una vez creada una nueva tecnología, los empresarios privados, con la ayuda de capital de riesgo, la adaptan de acuerdo a la demanda de los mercados mundiales, crean monopolios de largo plazo que les permiten obtener enormes ganancias; mientras que los beneficios revertidos en el Estado, a pesar de ser el principal responsable del desarrollo de estas tecnologías, son escasos o nulos.

El economista Jeffrey Sachs, citaba Sovaldi, medicamento utilizado para curar la hepatitis C. Como Sachs explica, Gilead Sciences, la compañía encargada de la comercialización del medicamento, posee una patente para el tratamiento que expirará en 2028, lo que le permite aplicar precios monopolistas. Por ejemplo, 84,000 dólares para un tratamiento de 12 semanas, lo que excede con creces los contados cientos de dólares que cuesta producir el medicamento. El año pasado, las ventas de Sovaldi y Harvoni, otro medicamento que la compañía comercializa por 94,000 dólares, aumentaron a 12,400 mil millones de dólares.

Sachs calcula que el sector privado invirtió menos de 500 millones de dólares en investigación y desarrollo para crear Sovaldi –inversión que Gilead pudo recuperar en solo unas cuantas semanas de venta. Sin embargo, El NIH y el Departamento de Asuntos relacionados con los Veteranos de los Estados Unidos habían financiado en gran parte el lanzamiento de la nueva empresa que desarrolló el medicamento y que más tarde fue adquirida por Gilead.

Sin duda, la imaginación, el dominio del uso de la mercadotecnia y las capacidades de gestión de los empresarios privados son cruciales para la aplicación exitosa de una nueva tecnología. Además, precios más bajos, mejores productos y excedentes del consumidor derivados de la comercialización de numerosas innovaciones, ofrecen sin duda importantes beneficios sociales. Sin embargo, no se debe pasar por alto el papel del gobierno en estas historias de éxito.

 Datos conjuntos de la OCDE y Eurostat muestran que en Estados Unidos el gasto público directo representó el 31% de los fondos destinados a I+D en 2012. Si se añaden gastos indirectos, como las exenciones fiscales, esta proporción sería de al menos 35%. Las enormes ganancias que a menudo obtienen unos pocos actores privados gracias a un gasto público de tal magnitud, es una de las principales causas de la concentración excesiva de ingresos.

Existen distintas formas de cambiar estas prácticas. Rodrik propone la creación de empresas de capital de riesgo –fondos soberanos de inversión– que tomen acciones a cambio de avances intelectuales creados con financiamiento público. Otra solución sería reformar el sistema tributario para reducir las ganancias cuando un individuo o empresa obtienen dividendos con base en investigaciones financiadas con gasto público.

Ambas soluciones tienen algunos obstáculos. Por ejemplo, los fondos soberanos tendrían que ser protegidos de políticas clientelistas, tal vez mediante acciones sin derecho a voto. Aumentar los impuestos a los beneficiarios de la investigación realizada con fondos públicos sería otro desafío, pues la relación entre un descubrimiento original y la riqueza que éste genera puede ser difícil de cuantificar. Existe también el problema de la movilidad del capital mundial y la evasión fiscal, que el G-20 apenas empieza a abordar.

Es posible ver otros enfoques: por ejemplo, fortalecer la legislación en materia de patentes o imponer controles de precios a las industrias monopólicas, como la farmacéutica; estrategia que varias economías de mercado ya han adoptado. Sin embargo, lo que no funcionaría es destinar menos recursos públicos a la investigación e innovación –motores clave del crecimiento económico.

La movilización de talentos no exige destinar gran parte de los dividendos; algo así como un margen de ganancia de 50%  sería una ganancia aceptable por el éxito de una iniciativa empresarial. Sin embargo, múltiplos de esa cantidad simplemente acaban convirtiéndose en regalos del sector público a unos cuantos individuos. Es necesario encontrar una combinación de medidas y de acuerdos internacionales que permitan a los contribuyentes obtener un rendimiento aceptable de sus inversiones, sin eliminar los incentivos a empresarios avezados para la comercialización de sus productos innovadores.

La seriedad de este problema no debe subestimar. Las inversiones en juego contribuyen a la creación de una nueva aristocracia que puede transferir su patrimonio por herencia. Si es posible invertir enormes sumas para proteger privilegios mediante el financiamiento de campañas electorales (como actualmente sucede en los Estados Unidos), las consecuencias de este problema, para la democracia y la eficiencia económica a largo plazo, podrían ser sistémicas. Las soluciones son demasiado complejas, pero vale la pena buscarlas.

Kemal Derviş, former Minister of Economic Affairs of Turkey and former Administrator for the United Nations Development Program (UNDP), is a vice president of the Brookings Institution. Traducción de Kena Nequiz.

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