La deslocalización de la tortura

Emilio Menéndez del Valle es embajador de España y eurodiputado socialista (EL PAIS, 19/07/05).

Cada vez que el terrorismo islámico lleva a cabo un atentado (11-S, 11-M, 7-J) se hacen más evidentes unas cuantas reflexiones. El binomio libertad-seguridad, las causas del terrorismo y la necesidad de llegar a un acuerdo internacional sobre el concepto terrorismo son las más frecuentes.

En el primer supuesto, se está llevando a cabo un meridiano recorte de las libertades civiles, sobre todo en Estados Unidos, pero también en algún país europeo. Quienes no se atreven a preconizar abiertamente ese recorte -dada la importancia de las libertades y su arraigo en el mundo occidental- comienzan a hablar de la necesidad de «repensar el equilibrio actual entre la seguridad y la libertad». Los liberales norteamericanos y la izquierda europea combaten un enfoque hipócrita y aterrante de ese binomio.

Las causas. Para unos, el mal es intrínseco a la cultura musulmana. Para otros, la causa de esta violencia es precisamente la violencia que se inflige a los pueblos musulmanes, desde Irak a Afganistán. La cadena televisiva americana MTV quiso reflejarlo con imágenes y texto. Con las Torres Gemelas ardiendo al fondo, un único texto («Murieron 2.863 personas»), acompañado de tres subtextos: «40 millones de infectados de sida en el mundo»: «El mundo, unido contra el terrorismo, tiene que unirse también contra el sida»; «824 millones de personas padecen hambre en el mundo»: «El mundo, unido contra el terrorismo, tiene que unirse también contra el hambre»; «630 millones de personas sin hogar en el mundo»: «El mundo, unido contra el terrorismo, tiene que unirse también contra la pobreza». Este impactante anuncio de MTV -que aún se puede ver en Internet- sólo pudo emitirse una vez. El recorte de libertades decretado por la Administración de Bush lo eliminó.

Para luchar eficazmente contra el terrorismo es necesario que la comunidad internacional alcance un acuerdo sobre qué se entiende por tal. Una cosa es enfrentarse militarmente a un ejército de ocupación, en Irak o Palestina, y otra atentar contra civiles, en Irak, Palestina o Londres. Kofi Annan trabaja en esa línea en su proyecto de reforma de Naciones Unidas.

Sin embargo, en el capítulo de causas que empujan al terrorismo hay una singular. Desde luego, no lo justifica, pero sí puede explicarlo, al menos parcialmente. La cadena televisiva MTV afirma que el anuncio de referencia fue prohibido, pero que no todo puede ser escondido. Desde hace años, antes incluso del 11-S, pero a partir de entonces con mucha mayor frecuencia, los Estados Unidos, con el pretexto de maximizar la seguridad, lideran una soterrada, y durante un tiempo secreta, guerra sui géneris. Se trata de lo que podríamos denominar deslocalización de la tortura. Puesta de actualidad recientemente por el secuestro en plena calle de Milán de un ciudadano egipcio a cargo, presuntamente, de la CIA. La fiscalía de dicha ciudad ha ordenado la búsqueda y captura de trece norteamericanos implicados en el rapto del presunto terrorista, enviado a Egipto para ser sometido a especial tratamiento. Mientras en Italia se debate la complicidad de sus servicios secretos con la CIA, El Cairo ha reconocido haberlo recibido «mediante procedimientos extraordinarios». Tales procedimientos son denominados por la CIA «rendición extraordinaria», lo que equivale a una subcontratación de la tortura. Secuestran a una persona de la que sospechan conexiones con el terrorismo y la envían a un país, normalmente árabe, especializado en tal arte. Secretamente y sin respetar derecho alguno, sale de territorio norteamericano, con lo que los «valores» patrios que repudian tal comportamiento no son conculcados, puesto que los interrogatorios tienen lugar en territorio extranjero.

La brutalidad y el cinismo del procedimiento resultan aún más patentes si se tiene en cuenta que los casos acaban apareciendo en la prensa norteamericana. En ocasiones el escándalo es mayor al comprobarse que el torturado «por poderes» es inocente. Eso le ocurrió a Maher Arar, ciudadano canadiense, detenido en 2002 en un aeropuerto neoyorquino, en tránsito a Toronto. Su caso es aún más sangrante. Fue enviado nada menos que a Siria, país terrorista para Washington y del que el Departamento de Estado -al igual que de Egipto- dice en su informe anual sobre Derechos Humanos que «practica la tortura de forma frecuente y persistente». Tras un cierto tiempo de humillación y degradación insoportables, los sirios liberaron a Maher e informaron a los norteamericanos que, tras valerse de métodos «extraordinarios», podían asegurar que el ciudadano canadiense de origen tunecino no estaba ligado a red terrorista alguna. Maher decidió relatar su caso al New York Times en 2004.

Afortunadamente, el debate continúa abierto en EE UU gracias a este diario y a algún otro medio responsable. Secuestros y torturas no «made in USA», sino en Siria, Egipto o Guantánamo, entre otras razones, porque los interrogatorios resultan más baratos que si se hacen en EE UU, como ha declarado, con toda desfachatez, un alto funcionario norteamericano.

Esta deslocalización resulta además jurídicamente conveniente porque al enviar a un prisionero fuera del país, la Constitución y sus derechos dejan de ser aplicables. Así se expresaba el ministro de Justicia, Alberto Gonzales, el amigo de Bush que, al igual que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, opinó en su día que las convenciones de Ginebra son obsoletas y no tenían por qué ser aplicadas en Irak (International Herald Tribune, 9-3-05). Precisamente, la idea de que un presidente puede legalizar lo ilegal tiene su origen en estudios realizados por funcionarios del Ministerio de Justicia, que argumentaban que la autoridad de Bush como comandante en jefe para fijar métodos de interrogatorio primaba sobre los tratados internacionales y las leyes federales norteamericanas, entre ellas, las Convenciones de Ginebra, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y el Código de Justicia Militar norteamericano (ídem, 22-6-05).

Editorialistas, intelectuales y académicos liberales o de izquierda y muy activos representantes de la sociedad civil hacen lo que pueden para denunciar los abusos y crecientes restricciones de las libertades de los ciudadanos de los Estados Unidos y de los extranjeros, que sufren arbitrariedades aún más hirientes. Proclaman que cualquier detenido está protegido por los «valores americanos» y que sus ciudadanos se consideran un «pueblo moral». El Consejo Mundial de las Iglesias, incluidas las protestantes americanas, acusó en febrero a Washington de violar el derecho internacional en Guantánamo.

Las respuestas de Dick Cheney y de George W. Bush se enmarcaron en otro tipo de moralidad. El primero ha dicho que en Guantánamo los prisioneros «están bien alimentados, tienen absolutamente todo lo que necesitan y viven en el trópico» (24-6-05), mientras que Bush asegura que «son bien tratados y hay transparencia total» (6-7-05). Paralelamente, se informaba (20-6-05) que el tristemente famoso teniente general Ricardo Sánchez, comandante en jefe en Irak cuando el escándalo de las torturas en la prisión de Abu Ghraib, estaba siendo considerado para un ascenso.

He aludido a la batalla de la dignidad de los medios de comunicación progresistas de EE UU. Conviene recordar que las sociedades islámicas, árabes y no, reciben la mayoría de las informaciones y datos que aquí proporciono por vías diversas. La tortura debe ser desterrada, entre otras cosas, por dos razones. Ante todo, por su inmoralidad intrínseca. Recordemos a Gandhi: «Siempre ha sido un misterio para mí el que los hombres puedan sentirse gratificados al infligir humillación a sus semejantes». Pero también porque es obvio que los torturados que sobreviven extenderán el odio y el resentimiento contra los torturadores y sus inductores, a la postre, Occidente. A partir de ello, la yihad gana en popularidad, y los atentados contra civiles occidentales, también.