La desobediencia de Torra

El Palau de la Generalitat es un edificio emblemático que alberga la sede de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. En un escenario de desafíos, como el del procés, no es banal lo que acontezca allí. Por ejemplo, la declaración unilateral de independencia de Cataluña no hubiera podido ser calificada de «ineficaz», como hizo el Tribunal Supremo, si hubiera sido seguida del arriado de la bandera de España. No es, por tanto, insignificante que en el balcón principal del Palau se colocase una pancarta con el lema «Llibertat presos polítics i exiliats» y un lazo amarillo, ni que cientos de ayuntamientos y dependencias autonómicas hagan campañas a favor de la amnistía, la autodeterminación y la independencia o denuncien la supuesta falta de calidad democrática de nuestro país. Estos mensajes son complementados con la desaparición de la bandera de España o del retrato del Rey, que son reemplazados, en no pocas ocasiones, por la estelada o la fotografía del ex presidente Carles Puigdemont.

La desobediencia de TorraEstos hechos, cargados de simbolismo, tienen una enorme repercusión en el ámbito nacional e internacional y perpetúan el mensaje de una Cataluña indómita al orden constitucional español. Los responsables autonómicos y locales son conscientes de que estas actuaciones son ilegales. No hace falta acudir a sesudos servicios jurídicos para conocer que la exhibición de mensajes partidistas en los edificios públicos o la retirada de la bandera española merecerán el reproche de los tribunales. Hay una abundante jurisprudencia al respecto, fruto fundamentalmente de la actitud de algunos ayuntamientos vascos en la década de los años 90, y el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en mayo de 2020 –con una magistrada ponente de origen catalán– que declara que no es compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas. La doctrina, por lo tanto, es muy clara. En los edificios públicos solo se pueden exhibir los símbolos oficiales y pancartas con lemas como los expuestos vulneran el principio de neutralidad institucional y no respetan el pluralismo político.

Sin embargo, a pesar de su flagrante ilegalidad, el separatismo catalán ha hecho visible su revuelta en los balcones de los ayuntamientos y dependencias autonómicas y en las calles de sus pueblos. Ello ha sido factible por la deliberada ausencia del Estado en el control de la presencia de los símbolos oficiales. Esa dejadez tiene su razón de ser en la falsa creencia de que la persecución institucional de estas ilegalidades puede incrementar el enfado de los independentistas y es mejor dejarlos en paz para evitar convocatorias de referéndum de autodeterminación sin consenso o declaraciones unilaterales de independencia. Además, y ese no es un factor menor, la ausencia de persecución facilita el amaño político, el quid pro quo que practican algunos grupos para no entorpecer acuerdos con las fuerzas separatistas sobre investiduras, Presupuestos o cualquier otro tema coyuntural. Responsables de instituciones que han accedido a sus cargos jurando o prometiendo cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, después denigran e invisibilizan los símbolos constitucionales sin ningún tipo de reparo y millones de españoles contemplan atónitos e indignados como los sucesivos gobiernos de la nación consienten esos comportamientos e incluso dan expresas instrucciones políticas a policías y autoridades para no perseguir las actuaciones ilegales.

Inesperadamente, ese absentismo institucional en la defensa del principio de legalidad ha sido suplido por la actividad de ciudadanos, partidos y asociaciones que, hartos de la indiferencia oficial, tratan de hacer cumplir la Constitución por la vía del Derecho –mediante la interposición de acciones judiciales en los tribunales– o por la vía de los hechos –descolgando de los edificios oficiales esteladas y pancartas ofensivas con la democracia española–. Lo hacen por lealtad constitucional, pero son frecuentemente acusados de romper la convivencia y calificados de fascistas. Eso cuando no sufren agresiones de colectivos separatistas o detenciones arbitrarias por parte de policías ideologizados que muestran un celo inquisitorial inaudito con los que limpian el espacio público de símbolos ilegales y, en cambio, hacen la vista gorda con las flagrantes irregularidades de las corporaciones públicas en manos de los independentistas.

Torra contaba con la abstención del Gobierno de España, pero no valoró la perseverancia ciudadana. Eso no le ha impedido, consciente de la carga simbólica de su gesto y del esplendido escaparate de la Plaza Sant Jaume, manejar hábilmente el escenario y convertirse en el paladín de la desobediencia. Requerido para retirar la pancarta de los presos políticos y exiliados, se resistió a cumplir las resoluciones apelando a la falta de competencia de la autoridad electoral central para mandatarle a él o descalificando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como órgano parcial que reprimía su libertad de expresión. Las resoluciones judiciales, finalmente, se han ejecutado porque los encargados de llevarlas a cabo, en este caso la policía autonómica, han retirado las pancartas del edificio de la Generalitat. Eso no ha sido óbice para que los tribunales hayan inhabilitado a Torra para ejercer su cargo por su reconocida desobediencia y que él haya utilizado su enjuiciamiento para denigrar, una vez más, a la democracia española y presentarse como un perseguido por ejercer su libertad de expresión.

No casualmente, la pancarta del desacato, la que reclamaba la libertad de los presos políticos y exiliados, fue reemplazada de forma inmediata por otra que abogaba por la Llibertat d’expressió i d’opinió. Esa apelación falsea cínicamente los términos del debate.

Los tribunales no han limitado la libertad de expresión de Torra como político. Han censurado el uso ilegítimo que ha hecho de la institución autonómica que, como todos los poderes públicos, está sometida al cumplimiento del ordenamiento constitucional. Las resoluciones de la Junta Electoral Central y de los tribunales declararon que la utilización del Palau como plataforma publicitaria es contraria a derecho porque los políticos tienen vedado el uso privativo de las corporaciones públicas, ya que éstas deben servir con objetividad al interés general. La privatización ideológica de las instituciones públicas por aquellos que las regentan es propia de regímenes totalitarios o de gobernantes con pocos escrúpulos. Recientemente, Donald Trump ha utilizado los jardines de la Casa Blanca para celebrar la Convención del Partido Republicano en la que fue nominado candidato a la Presidencia. Es la primera vez que se ha utilizado esa residencia oficial con ese fin.

Torra tiene pleno derecho a expresar su pensamiento político y lo hace habitualmente en ruedas y comunicados de prensa o en actos públicos, pero el presidente de la Generalitat no puede utilizar la casa de todos los catalanes para publicitar sus personales postulados. El Palau de la Generalitat no es suyo, es patrimonio público, y un mensaje tan ideologizado como el exhibido en la pancarta a favor de los condenados o perseguidos por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia contribuye al enfrentamiento entre los catalanes, justo lo contrario de lo que debiera hacer un gobernante responsable. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de ponderar la libertad de expresión y la neutralidad de las Administraciones Públicas como bienes jurídicos. Ha concluido que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Uno de ellos afecta a las autoridades y funcionarios que prestan servicios públicos. Su libertad de expresión debe respetar la imprescindible neutralidad institucional. Es esencial para proteger el pluralismo político y la libertad de conciencia de todos los ciudadanos. Justo lo contrario de lo que hace el desobediente Torra y otros cientos de autoridades públicas en Cataluña. Se les juzga o juzgará porque se reconocen desobedientes a las reglas básicas de la convivencia plural. No actúan como buenos demócratas. Definitivamente, no lo son.

José Domingo es presidente de Impulso Ciudadano.

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