Mientras la covid se presenta como una amenaza a la humanidad, hay otra pandemia que llevamos ignorando demasiado tiempo. Se trata de la destrucción acelerada de los peces y otras formas de vida en el mar. A menos que se implementen muy pronto medidas radicales, el pescado y el marisco de calidad se convertirán en artículos de lujo que solo los ricos podrán permitirse. Algunas de las especies de peces cuya existencia la mayoría de nosotros damos por supuesta desaparecerán por completo.
La amenaza afecta a todo el planeta. Muchas especies se han convertido de corrientes y baratas en escasas y caras. En la década de los cuarenta, la cocina japonesa consideraba el atún rojo un producto de ínfima calidad. Hoy en día hay tan poco que su precio es astronómico. En el Atlántico norte, actualmente tanto el eglefino como el bacalao están clasificados como reservas pesqueras colapsadas, y el salmón salvaje del Atlántico se encuentra en vías de desaparición. Los ejemplos se podrían multiplicar. Alrededor del 60% de las principales especies están en peligro.
La contaminación, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, los cientos de millones de toneladas de plástico, incluso el aumento del ruido en el mar y el vertido de productos químicos a través de nuestros ríos tienen cada uno su parte de responsabilidad. Pero el principal culpable es el exceso de pesca crónico y sin control practicado por una industria “crimogénica”, es decir, por un sector de la actividad económica sistemáticamente criminal.
Los libertarios de la derecha política sostienen como un dogma que el problema es la ausencia de derechos de propiedad, y afirman que la sobreexplotación se produce porque el mar es un “espacio común de libre acceso”. Tal afirmación es falsa. Desde que, en 1982, se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM) —en algunos casos, desde antes—, cada país es propietario de las aguas marinas hasta 200 millas náuticas de sus costas en calidad de zona económica exclusiva. Muchos han privatizado la pesca en ellas, han establecido “capturas totales permisibles” (CTP) de diversas especies de alto valor y han fijado “cuotas”, a menudo, permitiendo que estas sean “transferibles”, es decir, que se vendan a otras empresas pesqueras.
Ni los Gobiernos ni las industrias pesqueras obedecen sus propias normas. En cumplimiento de la Política Pesquera Común de la Unión Europea, los ministros encargados de los asuntos relacionados con la pesca se reúnen anualmente para decidir las CTP. En teoría, siguen las indicaciones de un comité científico que vigila las reservas pesqueras. Sin embargo, una y otra vez, los ministros deciden capturas mayores que las recomendadas.
A escala nacional, la mayoría de las cuotas se suelen asignar a empresas de gran tamaño que utilizan métodos de pesca que diezman no solo las especies que les interesan, sino también muchas otras, denominadas inocentemente “captura accesoria”. Millones de peces no deseados son arrojados por la borda muertos o moribundos. Las empresas pesqueras industriales y los grandes barcos están autorizados a cambiar a “banderas de conveniencia” para eludir la normativa del propio país. Las grandes corporaciones también infringen sistemáticamente la normativa de las cuotas.
La situación se ve aún más agravada por el hecho de que los Gobiernos conceden al sector pesquero enormes subvenciones, sobre todo para combustible, que pagamos nosotros, los contribuyentes. Esta práctica ha abaratado mucho la pesca que rebasa los límites aceptables, pero también ha hecho posible la característica más nefasta de la pesca industrial: la captura a larga distancia con superarrastreros. Por tanto, no solo se saquean las aguas del propio país, sino que se vaga por los océanos del planeta para saquear también las de todos los demás. Todo el mundo que tiene que ver con la pesca actúa como si hubiese perdido la cabeza.
El Instituto de Desarrollo de Ultramar de Reino Unido, en colaboración con Global Fishing Watch, ha utilizado sofisticados medios tecnológicos para revelar que la flota china de larga distancia era cinco veces mayor de lo que se pensaba. Según cálculos de las organizaciones, en 2020 estaba formada por 16.966 barcos. China y Rusia han tomado el relevo como los principales malhechores que practican de manera habitual la pesca excesiva y la pesca ilegal. Pero el saqueo lo empezaron las flotas pesqueras europeas, y todavía siguen expoliando.
Cualquiera en España que ame los peces y la belleza de los océanos debería mirarse en el espejo con vergüenza por la responsabilidad compartida. Por ejemplo, debido al exceso de pesca en el océano Índico, en 2017 las autoridades de la zona exigieron que todas las empresas pesqueras redujeran sus capturas. En 2019, Sudáfrica se quejó a la Comisión Europea de que la flota española había aumentado ilegalmente sus capturas de atún claro. La Comisión determinó que los barcos españoles habían sacado del mar un 30% más de lo permitido.
¿Qué hay que hacer? Los organismos pesqueros regionales han recibido una financiación lamentablemente insuficiente. El Banco Mundial y otras instituciones financieras multilaterales deberían hablar menos y poner más dinero. En Europa, el presupuesto total para la pesca representa tan solo el 0,75%, una miseria para financiar las actividades en el mar de sus países miembros. Lo cual equivale a decir que, en realidad, el asunto no nos importa.
En segundo lugar, los Gobiernos y las organizaciones internacionales tienen que realmente obligar a que se cumpla la ley y las normativas, no fingir que lo hacen. Tercero: las autoridades pesqueras tienen que dejar de pensar que la acuicultura, o la piscicultura, van a cubrir las futuras necesidades de pescado. Cuarto: las prolongadas negociaciones internacionales sobre una convención para preservar la biodiversidad en el mar deben concluir con rapidez y sin excusas para nuevos retrasos. Quinto: la Unión Europea debería dar ejemplo —por fin— eliminando gradualmente y sin demora las subvenciones para combustible a las empresas pesqueras.
Y sexto: tenemos que dar marcha atrás al modelo neoliberal del “crecimiento azul” que presenta los mares como la nueva frontera económica de la globalización, haciendo caso omiso de los intereses y la sabiduría de los “obreros azules”, los artesanos del mar.
Los países ricos han establecido acuerdos con los económicamente débiles para permitir que sus empresas de pesca a larga distancia pesquen excesivamente, y luego creen “zonas de protección marina” a fin de compensar la pesca excesiva, en las que a los pescadores a pequeña escala se les prohíbe faenar. A eso se le llama cinismo.
Esto tiene que acabar. Pero no acabará a menos que presionemos a nuestros Gobiernos, y a los organismos multilaterales que se supone que tienen que proteger los intereses de los países más pobres, para que cambien su forma de actuar. Por el futuro del Planeta Azul, los Gobiernos tienen que tener el coraje político de apoyar a los pescadores a pequeña escala en vez de a los gigantes industriales responsables de la destrucción de las poblaciones marinas. No hay tiempo que perder.
Guy Standing es autor de Plunder of the Commons [El saqueo de los bienes comunes] (Londres, Pelican Books). Traducción de News Clips.