En contraste con las abundantes informaciones sobre la pérdida de vidas humanas y sobre la destrucción de edificaciones e infraestructuras, llegan pocas noticias sobre la destrucción del patrimonio histórico en Ucrania. Si nos fiáramos de tan escasa información, parecería que el Ejército ruso esté recorriendo el país respetando sus monumentos, lo que parece bastante difícil. De las pocas informaciones que han salido sobre este tema, EL PAÍS dedicó un artículo a las medidas de protección de la Galería Nacional de Arte de Lviv, pero sabemos muy poco sobre los monumentos, museos, bibliotecas y archivos de Kiev, de Járkov y del resto del país. Es cierto que la Unesco ha publicado un comunicado muy rotundo que expresa la preocupación de su directora general y es de suponer que tendrá iniciativas, pero lo cierto es que de todos los grandes problemas que genera la agresión rusa a Ucrania, el tema de sus bienes culturales es de los menos tratados.
Toda guerra provoca grandes daños en los bienes culturales del país que la sufre. Estos daños se deben a varias causas que suelen confluir en cada conflicto. En primer lugar, los combates nunca se detienen a las puertas de los monumentos y de los centros de depósito cultural. Es verdad que hay tratados internacionales para protegerlos, pero lo cierto es que una batalla no se interrumpe porque los combatientes encuentren un bien cultural y así ocurrió en Mosul o en Homs. Y si el Ejército ruso no se ha detenido ante una central nuclear o ante civiles desarmados, tampoco se detendrá ante el patrimonio histórico de Ucrania como no se detuvo en Alepo.
En segundo lugar, en las guerras se destruyen bienes culturales porque son símbolos de la identidad del enemigo y con su destrucción se practica la guerra psicológica que desmoraliza al adversario: así se destruyó la biblioteca de Sarajevo, el puente de Mostar y el casco histórico de Dubrovnik y, mucho antes, Alemania destruyó bienes culturales en Bélgica a partir de 1914.
Por último, desde las guerras napoleónicas (cuando se había formado el concepto de patrimonio artístico en la Revolución Francesa) las guerras permiten expoliar bienes artísticos muebles que acaban en colecciones públicas o privadas del país invasor o en el mercado de antigüedades: Alemania saqueó todos los países que ocupó a partir de 1939; la Unión Soviética se apropió de parte de lo que había saqueado Alemania y aún hoy no ha terminado de devolverlo; y guerras como la de Biafra y la de Irak han servido para poner en el mercado piezas artísticas que han desaparecido en colecciones privadas. El gran saqueo soviético sobre los bienes saqueados a su vez por Alemania es un ejemplo que tendrán en cuenta las autoridades rusas y los coleccionistas.
El derecho internacional ha producido numerosas normas que tratan de proteger los bienes. La más importante es el Convenio de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, con sus dos protocolos de 1954 y 1999. Es un convenio suscrito por Rusia y por Ucrania y debería promover la identificación y señalización de los monumentos histórico-artísticos de Ucrania para su subsiguiente protección. No nos consta que se hayan identificado los monumentos y que Rusia haya dado instrucciones a sus tropas para respetarlos. También es de aplicación la Convención de la Unesco de 1970 para prohibir e impedir la circulación y transferencia ilícita de propiedad de bienes culturales, también ratificado por ambos Estados, y la Unesco deberá vigilar su cumplimiento por parte de Rusia. Igualmente importante es la Convención de la Unesco de 1972 para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, pues en Ucrania hay siete sitios del patrimonio mundial que tienen un plus de protección que Rusia ha de respetar. Lo mismo puede decirse de los convenios del Consejo de Europa, como el de Granada de 1985 para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico y el de La Valeta de 1992 para la protección del patrimonio arqueológico, suscritos ambos por Ucrania y que crean deberes de salvaguardia de bienes culturales si bien Rusia, al retirarse del Consejo de Europa, no está obligada a cumplirlos. Añadamos los tratados internacionales generales que disciplinan el ius in bello, los convenios de Ginebra de 1949, especialmente el de protección de personas civiles.
Más allá de la aplicación de los tratados internacionales, los Estados de la Unión Europea tienen instrumentos para ayudar a la protección de los bienes culturales ucranios. Ahí llueve sobre mojado. Cuando Rusia invadió Crimea en 2014 se estaba celebrando en Ámsterdam una exposición con piezas de varios museos ucranios, algunos de Crimea. Al cerrarse la exposición, los museos de Crimea solicitaron sus obras y también lo hizo Ucrania. Tras un largo pleito el Tribunal de Apelaciones neerlandés, aplicando la Convención de la Unesco de 1970, resolvió que las piezas debían entregarse a Ucrania, el Estado que las prestó. De acuerdo con su ordenamiento jurídico respectivo, medidas similares deberían adoptar los Estados de la Unión. Si hay obras ucranias en depósito o en exposiciones temporales, no deben devolverse hasta que Ucrania esté libre del agresor. E igual que se plantea embargar bienes rusos a sus oligarcas, probablemente estos tendrán obras de arte en sus viviendas extranjeras o en sus yates, por lo que no deberían salir del espacio de la Unión Europea como tampoco las obras depositadas en las franquicias del Hermitage (la de Ámsterdam ya quiere separarse del museo ruso). Además, debería ayudarse a Ucrania si desea sacar obras como hizo Bosnia-Herzegovina con algunas de sus piezas más valiosas y guardarlas con sigilo en países comunitarios. Adicionalmente, el Convenio de La Haya de 1954 fue promovido por la Unesco y debe exigir su cumplimiento al Estado agresor. Lo importante es que Rusia se sienta vigilada, que haya protestas específicas de la Unesco y de la Unión Europea cada vez que se conozcan daños a los bienes culturales.
Javier García Fernández es catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Fue subsecretario de Cultura y Deporte y secretario General de Cultura.