La deuda pendiente

Por Ian Gibson, historiador (EL PERIÓDICO, 10/04/06):

A mediados del mes pasado la Comisión Permanente del Consejo de Europa expresó su unánime condena del régimen de Franco y sus crímenes. La resolución pedía al Gobierno español actual, entre otras medidas, la creación de “una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista” entre 1939 y 1975, con la finalidad de establecer “la verdad sobre la represión”; el acceso sin trabas de los investigadores a la totalidad de los archivos con documentación capaz de establecer la verdad sobre aquellos desmanes (acceso en muchos casos todavía difícil); la erección de monumentos dedicados a la memoria de las víctimas; y la instalación de una exposición permanente en el Valle de los Caídos acerca de los 12.000 presos republicanos forzados a trabajar en su construcción.
Aquella resolución también solicitaba, esta vez al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que fijara el 18 de julio como fecha mundial del rechazo del franquismo.

Era una seria llamada de atención desde las instancias más altas de la Europa comunitaria. Ahora, dos semanas después, Amnistía Internacional (AI) acaba de presentar en Madrid un informe minucioso –está colgado en su página web– en el cual recomienda al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero que no demore ya más la tramitación y puesta en marcha de su prometida ley de memoria histórica.
Tengamos en cuenta, con respecto a esta iniciativa, que fue en septiembre del 2004 cuando el Ejecutivo creó la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, con el cometido principal de elaborar un anteproyecto legislativo en el cual se regulasen las “medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas”. Desde entonces han pasado 19 meses, como subraya el informe de Amnistía Internacional.
El Gobierno ha dicho que tiene la intención de llevar el anteproyecto de ley al Congreso antes del 30 de junio. Amnista Internacional espera que, antes, la comisión interministerial comunique los contenidos del mismo a las numerosas asociaciones privadas dedicadas a la recuperación de la memoria de las víctimas, y concretamente a la localización y excavación de las fosas. Se entiende la inquietud de la organización. En vísperas del 75° aniversario de la proclamación de la Segunda República, y 31 años después de la muerte de Franco, la España democrática tiene una deuda pendiente con las víctimas de aquella vesánica dictadura. Hay que hacer justicia ya.

AUNQUE PARECEN indudables las buenas intenciones del Ejecutivo, todo ha venido resultando más complicado de lo previsto en un principio. Entre otras razones por la radical oposición del Partido Popular, con su actitud de “para qué remover el pasado”. Actitud indignante, por lo menos a juicio de quien esto escribe, cuando se recuerda que los ganadores tuvieron 40 años para desenterrar a las víctimas suyas (y para machacar a los del otro bando y sus familias).
Estoy convencido de que el Partido Popular, si adoptara en este terreno, así como en otros, una posición más conciliadora, más magnánima, vería muy incrementadas sus posibilidades de evitar un descalabro en las próximas elecciones. Las manifestaciones contra la guerra de Irak demostraron que el electorado de los populares es más liberal que el liderazgo del partido. Seguir con el empeño de estar en contra de todo, o sólo colaborar como leal oposición cuando no hay más remedio, no parece políticamente muy inteligente. El Partido Popular no perdería nada mostrándose más generoso hacia las víctimas del franquismo. Creo que al contrario.
Si se cumple la promesa del Gobierno, a éste le quedan tres meses para llevar su anteproyecto al Congreso. Es de esperar que tenga en cuenta, entre tanto, las recomendaciones de Europa y de Amnistía Internacional. El momento es inmejorable; con el marco de estabilidad que ahora disfrutamos, alejado el fantasma del rencor, hay una sed de justicia, de recuperación de la realidad histórica; y un deseo tangible de incorporar a la vida política actual los valores éticos y culturales pregonados por los hombres y mujeres que trajeron aquella República tan esperada y esperanzada, y que finalmente fue hundida por el fascismo nacional e internacional, ante la ciega inhibición de las llamadas democracias.

FLOTA EN EL ambiente la nostalgia de la República traicionada. Se notan por doquier los síntomas, empezando por la oferta editorial. Y uno piensa qué trágico ha sido el discurrir de este país desde la magnífica promesa de la Constitución de Cádiz, tan pronto frustrada, y luego con el esfuerzo a lo largo de todo el laberíntico siglo XIX por recuperar aquel espíritu de libertad, de humanismo y de tolerancia, aquel empuje vital. ¡Qué tenaz, a cada paso, la oposición de una Iglesia oscurantista, cerrada a todo progreso! Y qué inevitable el anticlericalismo consiguiente de muchos no creyentes, reflejado, lamentablemente, en la Constitución de 1931, y tema de amarga meditación posterior por parte de Manuel Azaña.
Por todo ello, ¿cómo no experimentar el momento actual como casi milagroso, pese a la continuada obcecación de la jerarquía católica? ¿Y cómo no satisfacer la sed de justicia de las familias agredidas por el franquismo, para que de una vez por todas se vayan cerrando las profundas heridas de la guerra y la posguerra? Azaña pidió paz, piedad y perdón. También hay que exigir justicia. Sin ella nunca habrá reconciliación definitiva.