La política exterior de las democracias desarrolladas se basa en los valores (derechos humanos fundamentales y respeto del Estado de derecho) y en los intereses nacionales (políticos, económicos o relativos a su seguridad), y se ejecuta a través de los canales diplomáticos.
Ahora bien, el mundo de la diplomacia se rige por una serie de reglas que es necesario conocer, en particular cuando se va a pedir algo, ya sea una ayuda financiera o el reconocimiento internacional de un nuevo Estado. Hay que saber a quién dirigirse, los valores del otro y sus intereses nacionales, así como el código para interpretar los gestos y las actitudes públicas y privadas de los representantes de los otros Estados, bajo riesgo de hacer fracasar la gestión.
En la UE se analizan las situaciones que puedan suponer una amenaza o una oportunidad para la Unión y se adoptan posiciones al respecto. Y luego viene el reparto de papeles. En asuntos donde existe una clara coincidencia de pareceres y no hay una competencia directa en favor de la propia UE como tal, la práctica suele ser que aquellos países miembros a los que más les afectaría el tema (Francia en el caso de una hipotética secesión de Cataluña) sean quienes expresen las posiciones de la UE y lleven la voz cantante.
Como mínimo se puede decir que la venta del proceso soberanista a la comunidad internacional no ha estado debidamente preparada: el envío de cartas a los líderes europeos sin recibir respuesta; visitas del propio Artur Mas a Bruselas y a otros lugares sin ser recibido en el nivel adecuado; la negativa del presidente del Parlamento Europeo (PE) a recibir a los representantes de la ANC, Òmnium Cultural y AMI para presentarle las firmas recogidas el 9-N denunciando la falta de voluntad democrática del Estado español ante el derecho a decidir de los catalanes. Asimismo, la concesión del Premio Ciudadano Europeo 2014 a la entidad Sociedad Civil Catalana, en lugar de a la ANC (también candidata) no es de extrañar, en vista de sus propuestas de desobediencia de las leyes que democráticamente nos hemos dado todos con el fin de conseguir la tan ansiada secesión: una forma de mostrar el rechazo a unos posicionamientos inaceptables desde los valores fundamentales que conforman la UE y que el Parlamento Europeo, como depositario de la voluntad popular de todos los ciudadanos europeos, tiene la obligación de defender y ante la cual no puede exhibir neutralidad alguna.
Pero no es solo una cuestión de valores, donde el respeto del Estado de derecho en el marco de un sistema democrático es innegociable, sino que afecta directamente a los intereses nacionales tanto de un número importante de Estados miembros como de la propia UE: políticos, de emulación interna; económicos, por la reducción del comercio y la inversión y la subsecuente contracción económica que provocaría tanto en Cataluña como en España; de seguridad, ante la incertidumbre de todo tipo que podría generar un proceso de separación, y de gobernanza, por el riesgo de contagio que haría más difícil la gobernabilidad de la propia Unión.
En la inmensa mayoría de las democracias occidentales no es posible legalmente ni siquiera organizar un referéndum de autodeterminación o, cuando menos, su celebración no tiene efecto alguno (EE UU, Alemania, Francia), y a estos países no se les puede tachar de no democráticos ante la comunidad internacional sin hacer el ridículo. Las excepciones son Canadá y Reino Unido, pero no porque sean más democráticos, sino porque la conformación de su sistema legal específico, de su Estado de derecho, lo permite.
En España es también posible, pero para ello hay que cambiar la Constitución (como ha señalado el Tribunal Constitucional). Lo que sí está claro es que existe un problema político al que hay que dar solución en el interior del Estado español. Eso es lo que en resumidas cuentas significa la cantinela tantas veces repetida por los líderes europeos: “Es un asunto interno español”. No es que se desentiendan o pretendan adoptar una posición neutral, sino que el mensaje que transmiten es que no interesa, ni desde los valores ni desde los intereses nacionales. Efectivamente, las cancillerías europeas (y los mercados financieros) han dado por amortizado el llamado proceso soberanista y solo están a la espera de una solución pactada y razonable que lo dé por concluido, en particular tras los resultados del pasado 9-N, cuando votó a favor de la independencia alrededor del 30% del censo.
Víctor Andrés-Maldonado es licenciado y MBA por ESADE. Fue funcionario de las instituciones de la UE durante el periodo 1986-2012.