La dirigencia europea está ayudando a los populistas de Italia

Hoy Italia es la línea de trinchera en la batalla por el euro. Un viento político de cola impulsa a su vice primer ministro, Matteo Salvini, y tras las elecciones de mayo para el Parlamento Europeo podría reforzar su capacidad de hacerle mucho daño a la Unión Europea. Lo fascinante y desconcertante del caso es que lo que genera la xenofobia en la que se sostiene la creciente autoridad de Salvini es la arquitectura defectuosa de la eurozona y el consiguiente juego político de culpabilización mutua.

En su último informe sobre los desequilibrios económicos de los estados miembros de la UE, la Comisión Europea culpa al gobierno italiano por su incapacidad para poner freno a la deuda, a la que adjudica la falta de crecimiento. Según la Comisión, la negativa del gobierno a achicar el déficit fiscal asustó a los mercados de bonos, provocó una suba de los tipos de interés y finalmente redujo la inversión.

Salvini no podría pedir más. El informe es una oportunidad espléndida para culpar a la Comisión por los padecimientos de Italia, diciendo que en realidad fueron las políticas de austeridad fiscal de la UE las que restringieron el crecimiento, dejaron la economía al borde de una nueva recesión y llevaron a la elección del gobierno populista hoy dominado por Salvini. Y por si no bastara, fueron las amenazas de la Comisión de castigar a Italia si no imponía todavía más austeridad las que inquietaron a los bonistas y provocaron un alza de tipos de interés.

La tragedia de Italia es que la Comisión y Salvini tienen ambos algo de razón, y también se equivocan. Es verdad que el anuncio de Salvini de que su gobierno no cumpliría la promesa de imponer los niveles de austeridad ya acordados alarmó a los inversores, hizo más inviable la deuda italiana y causó fuga de capitales. Pero también es verdad que si las reglas fiscales de la Comisión se hubieran implementado a rajatabla, se habría producido una recesión que de todos modos hubiera vuelto inviable la deuda.

Cuando dos explicaciones contradictorias de un mismo fenómeno son simultáneamente correctas, tienen que ser incompletas, aunque cada una puede expresar adecuadamente un aspecto diferente de la realidad observada. En estos casos, es útil adoptar un nuevo punto de vista que permita otra mirada del problema. Me parece que en lo referido al choque entre Bruselas y Roma, ese punto de vista está al otro lado del mundo: en Tokio.

Puede decirse con propiedad que Italia es el Japón de Europa. Las dos economías se caracterizan por un sector exportador fuerte, superávit de cuenta corriente, términos de intercambio similares, una situación demográfica terrible y, tras años de imprudencia crediticia, bancos zombis. Además, los dos países se parecen en la composición de sus pasivos financieros: relativamente poco endeudamiento privado, y muy alto endeudamiento público.

A diferencia de Italia, en Japón el centro político se sostiene gracias a una ligera suba de la mediana de ingresos que acompañó la estabilización económica impulsada por un banco central que imprimió moneda como si se acabara el mundo y por gobiernos que implementaron un estímulo fiscal tras otro. Si el gobierno japonés hubiera tenido que padecer restricciones como las que impusieron a Italia los tratados de la UE y las normas fiscales y monetarias de la eurozona, la sociedad japonesa se habría alzado en protestas.

De hecho, si para financiar su economía y su sistema bancario Japón hubiera dependido de un banco central externo emperrado en imponer la austeridad fiscal con amenazas de quitarle liquidez, se hubiera producido inevitablemente un ciclo mortal de bancos insolventes, suba de intereses de la deuda y fuerzas recesivas. Y detrás de eso, no tardaría en llegar el políticamente tóxico populismo, y estaríamos oyendo la misma clase de explicaciones contradictorias y a la vez compatibles que ahora les oímos a la Comisión Europea y al gobierno de Italia.

Una comparación intraeuropea permitirá entender mejor el dilema que enfrentan Italia y la eurozona. España e Italia tienen cocientes deuda/PIB casi idénticos (298,3% y 301%, respectivamente). Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de la deuda de Italia y no de la de España? La respuesta es que el 67% de la deuda de España es privada, mientras que el 64% de la deuda de Italia es pública.

En teoría (y legalmente), el Banco Central Europeo no puede monetizar ningún tipo de deuda, sea pública o privada. Pero en la práctica, el BCE ha podido y ha querido monetizar cualquier deuda privada, por el simple hecho de aceptar como garantía obligaciones privadas que no valen ni siquiera el papel en el que están impresas (por ejemplo, insolventes hipotecas italianas y pagarés de bancos griegos). En cambio, el BCE se negó por años a comprar deuda pública y, cuando lo hizo, excluyó del programa de compra de activos una gran variedad de bonos soberanos. En pocas palabras, a cualquier país que tuviera más deuda privada que pública, como Irlanda y España, le fue mucho mejor que a un país como Italia.

Los defensores de la eurozona responderán que es correcto castigar a un país por permitir una alta proporción de deuda pública. Hay un sesgo ideológico contra todo lo que sea público, que no se limita al ámbito de las empresas de servicios y los ferrocarriles. La rapidez con que las agencias calificadoras de crédito degradan los bonos de cualquier gobierno que cuestione la ortodoxia refuerza el supuesto neoliberal de que la deuda privada es, por definición, menos problemática que la pública.

Pero hasta los fundamentalistas del libre mercado deberían darse cuenta de lo endeble que es este supuesto. Si la crisis financiera de 2008 nos enseñó algo es que los riesgos endógenos son demasiados para no tenerlos en cuenta. Incluso sin corrupción, las calificaciones de crédito y las decisiones políticas se determinan mutuamente: si las agencias calificadoras perciben cualquier indicio de que el BCE va a quitarle liquidez a Italia, tienen ante sus clientes el deber de degradar los bonos italianos. Y si el BCE prevé que las agencias degradarán los bonos de Italia, sus normas la obligan a quitarle liquidez al sector bancario italiano.

Frente a la construcción de algún proyecto de infraestructura, ¿qué importancia debería tener que el que se endeuda para financiarlo sea el Estado o un desarrollador privado? Pero en la eurozona tiene importancia porque el BCE tiene mucho más margen de maniobra para refinanciar deudas insolventes si son privadas. Sin embargo, esto es una decisión política, no una realidad económica. El hecho de que la deuda pública de Italia tenga peor calificación crediticia que la deuda privada no obedece a una inferioridad intrínseca de aquella, sino a una decisión política de la dirigencia europea. Y esa decisión, al fortalecer a un político autoritario, ahora les está explotando en la cara.

Yanis Varoufakis, a former finance minister of Greece, is Professor of Economics at the University of Athens. Traducción: Esteban Flamini.

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