La discriminación positiva, acorralada

La discriminación positiva, acorralada
Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images

¿Hay que tratar de distinta manera a la gente según su raza, casta, género, religión o cualquier otra característica accidental de nacimiento? En junio de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos respondió a esa pregunta con un rotundo «no» cuando abolió la discriminación positiva, también llamada acción afirmativa, en la educación superior. El demandante del caso, la ONG Students for Fair Admissions, había iniciado acciones legales contra la Universidad de Carolina del Norte y Harvard College alegando que sus políticas de admisión, atentas a las razas, discriminaban a los postulantes estadounidenses de origen asiático.

Cuando un país está plagado de desigualdades enraizadas entre los grupos, cualquier política basada en ellos, como la discriminación positiva, genera interrogantes. Los esfuerzos por reparar la discriminación histórica —como la esclavitud y los sesgos por castas— y fomentar la igualdad de oportunidades para las comunidades marginadas son inevitables... al igual que el fuerte rechazo posterior de esas políticas debido a que perpetúan la «discriminación inversa» y protegen a sus beneficiarios del rigor de la competencia.

La desigualdad en las oportunidades no depende de la riqueza de los países: EE. UU. es mucho más rico que la India —su PBI per cápita es aproximadamente nueve veces mayor en términos de paridad del poder adquisitivo—; además, el 88 % de los estudiantes estadounidenses elegibles están inscritos en institutos de educación superior y universidades, algo que solo ocurre con el 31 % en la India... sin embargo, ambos países implementaron políticas de discriminación positiva.

En EE. UU. esas políticas se remontan al movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, que buscaba desmantelar al racismo y la segregación sistémicos, el legado de siglos de esclavitud. La idea era remediar, mediante la acción afirmativa, la grave discriminación histórica y las continuas desventajas que enfrentaban los afroamericanos, las mujeres y otras minorías.

La inclusión de la raza entre los factores a considerar en las inscripciones universitarias siempre fue polémica, pero también fue considerada, una y otra vez, constitucional —primero en el caso de 1978 del Consejo Directivo de la Universidad de California vs. Bakke (aunque la Corte Suprema rechazó la implementación de cupos estrictos) y luego en otros, como Grutter vs. Bollinger en 2003. La decisión de junio de la Corte Suprema de EE. UU. implicó entonces la anulación de precedentes de larga data.

Una de las facetas del ingreso a las universidades estadounidenses, sin embargo, no ha cambiado: la ventaja heredada: una publicación reciente mostró que la probabilidad de que los hijos de las familias que pertenecen al 1 % de la población con mayores ingresos asistan a universidades del grupo Ivy-Plus (conformado por las universidades de la Ivy League y la Universidad de Stanford, el MIT, la Universidad de Duke y la Universidad de Chicago) duplica a la de que quienes provienen de familias de clase media con puntajes similares en las pruebas académicas SAT/ACT. Asistir a una de esas universidades, en vez de a una universidad pública extremadamente selectiva, prácticamente duplica la probabilidad de que esos estudiantes estudien luego en una escuela de posgrado de elite, y triplica la probabilidad de que trabajen en una empresa prestigiosa. En otras palabras, aunque se abolió la discriminación positiva para los afroamericanos y otros grupos minoritarios, sigue vivita y coleando para los ricos.

También en la India las políticas de larga data de discriminación positiva se están viendo erosionadas. La Constitución de 1950 formalizó la política de «reservas» de la era británica, que obligaba a mantener cupos mínimos para las Castas Registradas (en inglés, Scheduled Castes o SC) —el término oficial correspondiente a los dalits, el grupo menos privilegiado dentro del sistema discriminatorio de castas hinduista— y las Tribus Registradas (en inglés, Scheduled Tribes o ST) —término oficial para designar a los adivasis o grupos indígenas del país— en el empleo en el sector público, la política y la educación. Algunas de esas políticas fueron ampliadas luego para incluir a las Otras Clases Atrasadas (en inglés, Other Backward Classes u OBC), definidas como las castas y comunidades «atrasadas» (un término no peyorativo en el discurso indio) en términos sociales o educativos, pero no estigmatizadas del mismo modo que las SC y ST.

La política de reservas de la India fue concebida como una suerte de discriminación compensatoria orientada a todas las SC y ST, independientemente de su situación económica, y a las OBC no adineradas (las OBC adineradas, a quienes los indios llamaban «capa cremosa» o creamy layer, en inglés, fueron excluidas). Pero en 2019 las autoridades anunciaron un cupo adicional del 10 % en el empleo y la educación para los sectores más desfavorecidos (en inglés, Economically Weaker Sections o EWS) de la sociedad. Para acceder a este cupo, las familias debían ganar menos de 800 000 rupias (apenas por debajo de los 10 000 dólares) al año, y no podían ser miembros de las SC, ST u OBC. Más del 98 % de los indios, de acuerdo con ese punto de corte en el ingreso, cumplían el requisito.

Como solo se centraba en la situación económica y no en la marginación y discriminación basadas en la identidad social, el nuevo cupo para las EWS implicó un giro de 180 grados en la política de reservas. Se iniciaron acciones legales para eliminarla por excluir a las SC, ST y OBC, pero en noviembre de 2022 la Corte Suprema de la India respaldó la validez del programa. Por primera vez desde la independencia del país, los grupos desproporcionadamente pobres —aquellos con el mayor porcentaje de personas bajo la línea de pobreza— quedaron excluidos de un cupo que, en principio, procura evitar las privaciones económicas.

La reserva para EWS se presenta como algo basado en criterios económicos, no identitarios, pero, en realidad, es en gran medida un cupo basado en castas, orientado específicamente a grupos que no sufren discriminación y, de hecho, están en la cima de la escala social de pureza ritual. El gobierno indio creó en realidad un cupo para las castas superiores: todos, excepto quienes más ganan, pueden acceder a él.

Las políticas de discriminación positiva de EE. UU. y la India fueron creadas para solucionar la discriminación histórica y fomentar la justicia social. Con el tiempo llevaron a una mayor representación de las comunidades marginadas y les brindaron más oportunidades, pero este principio orientador se fue atenuando considerablemente y quedan ahora pocas esperanzas de lograr una situación equitativa en alguno de esos dos países.

Ashwini Deshpande is Professor of Economics and Founding Director of the Centre for Economic Data and Analysis (CEDA) at Ashoka University. Traducción al español por Ant-Translation.

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