Paola Guzmán Albarracín tenía 16 años cuando se suicidó. El vicerrector de su colegio, de 64 años de edad, había abusado sexualmente de ella durante dos años. Pocos meses antes se había enterado de que estaba embarazada; el rector la había enviado al médico del plantel para que le practicara un aborto. El médico le habría dicho que solo le practicaría el aborto si ella tenía relaciones sexuales con él.
Casi 18 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) finalmente falló sobre este caso, ocurrido en Ecuador en 2002. Esta sentencia obliga al Estado ecuatoriano a reconocer públicamente su responsabilidad en lo ocurrido con Paola Guzmán Albarracín y a ejecutar medidas de reparación hacia su familia. Es una victoria que, tras casi dos décadas, una corte internacional reconozca que el Estado debía velar por la integridad de Paola en el ámbito educativo; y que su dolorosa historia se convierta en un precedente jurídico para el país y la región, en donde historias como la suya alimentan noticieros y periódicos a diario.
Qué doloroso tener que llamar a esto una victoria. Una hija violada en el colegio, un espacio donde debía estar segura. Autoridades que, al saber que Paola había ingerido diablillos (fósforo blanco en forma de pastillas que era utilizado para hacer explosivos caseros) para suicidarse, no llamaron a una ambulancia ni la llevaron a un hospital; dejaron que pasaran los minutos que hubieran, quizás, servido para salvarle la vida. Una madre que tuvo que presenciar, impotente, la agonía de su hija y enfrentar un proceso revictimizante en el que la llevaron frente al cuerpo abierto de Paola para, supuestamente, enseñarle el útero vacío. Un vicerrector y un médico que jamás respondieron ni responderán ante la justicia por los abusos cometidos contra Paola. Cuánto pesa tener que llamarle a eso una victoria.
Durante la audiencia, los representantes del Estado ecuatoriano recibieron llamados de atención por parte de los jueces. Uno de ellos, Eduardo Vio Grossi, expresó su molestia por considerar que la defensa del Estado pretendía “desprestigiar a la víctima” al hacer énfasis en que había repetido un año. Otro juez, Humberto Sierra Porto, reclamó también por la ambigüedad en la postura del Estado que, según él, por un lado dijo estar en desacuerdo y reprochar “lo malo que pasó aquí”, pero por otro, se negaba a reconocer que en esos hechos hubiera responsabilidades estatales. Ante eso, el fallo de la Corte IDH, al que cuesta llamarle una victoria, sí lo es.
Que la Corte IDH falle este caso —el primero de violencia sexual en el ámbito educativo que llega a esta instancia— para sentar un precedente es una victoria para otras niñas o niños que pudieran sufrir violencia sexual en sus escuelas. Que la Corte IDH obligue a los Estados a detectar casos como este, a reconocer las denuncias, a proteger a las víctimas y a repararlas, es más de lo que se hace ahora y, por lo tanto, implica un menor riesgo de impunidad. Que la Corte IDH obligue a hacer un acto público, con presencia de autoridades de alto rango, para reconocer la responsabilidad sobre este caso y que deba “hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas” señaladas en la sentencia, es una forma de reivindicar la lucha de Petita Albarracín, la madre de Paola, contra la impunidad, el estigma y el silencio. Que la sentencia sirva para recordar la historia de Paola, ya no bajo los parámetros en los que fue contada hace 18 años, cuando algunos medios de comunicación pretendieron convertir a la víctima en culpable hablando de un “enamoramiento no correspondido” cuando se trató de una violación. Y sobre todo, que esta sentencia, sirva como una muestra de que alzar la voz es el inicio para cambiar el rumbo de la impunidad.
Que lo simbólico de algunas medidas, como establecer un día para la lucha contra la violencia sexual en las aulas, sirva también para recordarle sus obligaciones al Estado ecuatoriano —y a otros que pretendan evadirlas— para que la historia de Paola no se vuelva a repetir. Que su dolor y el de su madre marquen un camino para la justicia, es la pequeña gran victoria que queda tras su muerte.
María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.