En el debate actual sobre los efectos económicos de una posible independencia de Catalunya, se acostumbra a hacer una distinción, que creemos útil, entre las consecuencias a medio y largo plazo y los llamados costes de transición a corto plazo.
No hay ninguna duda de que una Catalunya independiente sería completamente viable: su población es similar a la de países como Dinamarca o Suiza; tiene un nivel de renta superior a la media de la UE; cuenta con una economía competitiva y diversificada; y disfruta de una administración pública capaz de gobernar el país desde la hora cero. La independencia de nuestro país tendría efectos económicos positivos a medio y largo plazo. Eliminaría un déficit fiscal muy grande y persistente (el que ahora obliga a la Generalitat a endeudarse para cubrir sus gastos). Permitiría al Gobierno de Catalunya tomar decisiones estratégicas que afectan al potencial productivo y bienestar de sus ciudadanos (como infraestructuras, educación o impuestos), que son clave para avanzar en un mundo globalizado y que, hasta ahora, han sido desatendidas por un Estado central con otras prioridades e intereses. En este escenario, el Govern podría hacer frente a las obligaciones de un Estado de bienestar adelantado –en especial las pensiones– con tantos o más recursos que el Estado.
¿Podrían ser los costes de la transición a un Estado propio más altos que los beneficios derivados de tener un Estado plenamente reconocido y operativo en la Unión Europea y dentro del euro? Si hay voluntad política de todas las partes implicadas, no hay razón objetiva que impida la continuidad de facto de las relaciones económicas y financieras con el resto de Europa en todos los ámbitos. Como una decisión política deliberada de impedir esta continuidad tendría costes económicos para todo el mundo, entendemos que las amenazas del Estado español tienen poca credibilidad.
En todo caso, estos costes de transición se podrían plantear en tres grandes áreas: un boicot comercial, la pertenencia a la UE, y el mantenimiento del euro. ¿Qué impacto económico podría tener un boicot comercial? Es cierto que Catalunya vende a España cerca de una quinta parte de lo que produce. Ahora bien, cuando calculamos los efectos comerciales de la independencia, hay que hacer cuatro consideraciones. Primera, un boicot afectaría mucho más a bienes de consumo (sólo un tercio de las exportaciones catalanas) que los bienes de capital o intermedios. Segunda, es difícil creer que habría boicot de productos de multinacionales (el 40% de la facturación manufacturera catalana) porque no se podría distinguir el origen. Tercera, el boicot tendría efectos muy graves sobre los que hicieran el boicot. Y cuarta, los productos boicoteados se podrían revender (eso sí, a precios reducidos o con costes más elevados) en otros lugares. Con estos factores, nuestro cálculo es que los efectos comerciales de la independencia serían transitorios y difícilmente superarían el 1% del PIB catalán.
El Gobierno español ha enfatizado que la independencia supondría la expulsión automática de la UE. Ahora bien, una expulsión implicaría el reconocimiento formal de Catalunya como Estado –cosa que Madrid también ha afirmado que no hará nunca–. En todo caso, los tratados de la UE no hacen ninguna referencia a la expulsión de la UE en caso de constitución de un nuevo Estado por un territorio que forma parte de la UE. De hecho, el artículo 50 de los tratados exige un proceso de negociación y el consenso de las partes implicadas para permitir a un miembro de la UE salir de la Unión. Considerando el nivel de inversiones de empresas europeas, la decisión sobre el tratamiento en Catalunya será política. Las decisiones de la UE se han caracterizado por su pragmatismo, por intentar garantizar lo mejor posible la continuidad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos europeos y preservar la estabilidad económica y financiera. En la crisis reciente, incluso se han violado normas básicas de los tratados europeos, como el principio de “no rescate” y el de “no monetización de la deuda”, para evitar el colapso financiero de algunos miembros.
Como país soberano, Catalunya podría seguir utilizando el euro –tenemos ejemplos de países que usan una moneda de otro Estado–. Para garantizar la continuidad del actual régimen de supervisión y acceso a la liquidez del sistema bancario se podría establecer un acuerdo monetario como el que tienen Mónaco y otros microestados no miembros de la UE aunque adaptado a las circunstancias del caso catalán (haber adoptado el euro desde sus inicios y mostrar el deseo de formar parte del eurosistema como miembro de pleno derecho). Incluso en ausencia de este acuerdo, los bancos que operaran en Catalunya y fueran solventes podrían obtener liquidez de forma indirecta, a través de matrices o filiales operando en países de la zona euro, o en el mercado interbancario global. Cualquier suspensión de pagos de un banco sin su actividad restringida a Catalunya tendría un efecto reputación devastador sobre todo el grupo bancario del que forma parte y, por tanto, este sería el primer interesado en garantizar la liquidez de sus operaciones en Catalunya.
En definitiva, mientras que cualquier beneficio de la independencia será permanente, cualquier coste transitorio será temporal (y determinado por el comportamiento del Estado español). Eso implica que el balance neto de la independencia depende del peso que, a la hora de decidir el 27-S, demos a nuestro futuro y al del nuestros hijos. Por poco que valoremos este futuro, creemos que ser soberanos será bueno para todo el mundo.
COL·LECTIU WILSON: Pol Antràs, Universidad de Harvard; Carles Boix, Universidad Princeton; Jordi Galí, CREI; Gerard Padró, London School of Economics; Xavier Sala i Martín, Universidad de Columbia; Jaume Ventura, CREI