La economía española de ayer a hoy

En estos días de debates electorales se han escuchado opiniones sorprendentes sobre la situación de la economía española e incluso acerca de cómo el Gobierno actual la recibió a finales de 2011. Los partidarios de este Gobierno mantienen que la situación económica de hoy es muy positiva, tanto en términos absolutos como comparándola con la herencia recibida. Los que se sitúan en la oposición lo niegan y proclaman que España se encuentra en uno de los peores momentos de su historia más reciente. Por eso resulta necesario fundamentar las cifras de la economía española y la trayectoria que ha seguido desde los últimos días de 2011, cuando el Gobierno actual tomó las riendas de nuestra política económica. Utilizaremos en este análisis datos a precios constantes de 2010 procedentes del Instituto Nacional de Estadística revisados por Eurostat, es decir, validados internacionalmente.

la-economia-espanola-de-ayer-a-hoyPara comenzar, presentaremos un panorama de lo ocurrido en nuestra economía durante ese periodo. El PIB de España en 2011, cuando termina su mandato el Gobierno anterior, fue de 1.070.103 millones de euros. En 2015 de 1.072.779 millones. Un crecimiento corto que encubre una realidad bien distinta pues, también a precios constantes, el PIB por habitante, magnitud que refleja el bienestar de los ciudadanos mejor que el PIB total, venía reduciéndose en nuestro país desde 2008 a tasas del -0,5% en ese año; del -4,5% en 2009; del -0,5 en 2010; del -1,4% en 2011; del -2,9% en 2012 y del -0,4% en 2013. Pero en 2014 cambia de signo esa trayectoria, creciendo el PIB por habitante a tasas del 1,8% en ese año y del 3,4% en 2015, esta última la mayor de las alcanzadas en los países avanzados de Europa. El bache de crecimiento entre 2012 y 2013, ya en el periodo de mandato del actual Gobierno, no fue más que la consecuencia de los esfuerzos y restricciones que necesariamente tuvieron que aplicarse para corregir un déficit público del 9,2% del PIB, ocultado por el Gobierno anterior en casi su mitad, y del esfuerzo adicional de un 4,2% del PIB que hubo de acometerse para afrontar una crisis financiera que tampoco se había reconocido hasta entonces y que las autoridades internacionales -y, sobre todo, los mercados- se encargaron crudamente de poner de manifiesto y de exigir su solución perentoria. Pese a tan extraordinarias y difíciles circunstancias, que ahora sus responsables tratan de ocultar cuidadosamente, la economía española que año tras año venía hundiéndose en sus cifras de producción, ha cambiado radicalmente y en los dos últimos años está recuperándose con fuerza bien visible. Cierto es que el PIB por habitante que, a precios de 2010, alcanzó en 2007 el valor máximo del periodo, con 24.560 euros, aún no había superado esa cota en 2015, con 23.338 euros de producción por habitante. Pero podría hacerlo en 2017 si se alcanzasen las previsiones de crecimiento que nos asignan los organismos internacionales. Nuestra crisis ha sido extraordinariamente profunda pero su superación completa puede encontrarse bastante próxima.

Algunos aspectos de esa recuperación son especialmente reseñables. En primer término, las inversiones -es decir, la formación bruta de capital- han disminuido en 2015 respecto a 2011 en 1.912 millones de euros a precios de 2010, pero esa disminución se ha debido exclusivamente a la caída de la inversión en viviendas y otras construcciones en más de 14.000 millones de euros en ese periodo. Por el contrario, las inversiones en bienes de equipo, en cultivos y en activos fijos inmateriales han aumentado sensiblemente desde 2011 a precios también de 2010, lo que seguramente propiciará mayores crecimientos del PIB en años sucesivos. En segundo lugar, las exportaciones de bienes y servicios han aumentado en casi un 17% desde 2011 mientras que las importaciones sólo lo han hecho en un 6,9%, también a precios de 2010. Hay que destacar que las exportaciones que han crecido con mayor fuerza han sido las de bienes y no tanto las de servicios, lo que indica que los productos españoles se están colocando muy bien en los mercados internacionales y que no solo exportamos servicios turísticos, como venía siendo nuestra tradición hasta ahora.

En cuanto al desempleo, sin duda el aspecto más doloroso de esta crisis, creció entre 2011 y 2015 en unas 138.000 personas pero entre 2007 y 2013, el primer año de la crisis y el año de su mayor intensidad respectivamente, lo había hecho en nada menos que 4,3 millones de personas. Entre 2013 y 2015, periodo en el que se reinicia el crecimiento de la producción, el desempleo disminuyó en casi un millón de personas según los cálculos de la Contabilidad Nacional. Hay que subrayar bien ese cambio porque supone un éxito importante de la política económica actual respecto a la del Gobierno anterior, aunque parte de esa disminución -unas 369 mil personas- se haya debido a una reducción de la población activa derivada, parcialmente al menos, de la experimentada por la población total. Merece destacarse a la vista de esos datos que no resultaría difícil que se creasen algo más de dos millones de empleos en los próximos cuatro años de mantenerse un ritmo de crecimiento del PIB en el entorno del 3%. Si se alcanzase ese crecimiento del PIB podría, incluso, haberse solucionado el problema del paro a principios de la década de los veinte, quedando reducido el desempleo a niveles puramente estructurales próximos al 5 o 6% de la población activa.

Otro problema aireado también en esos días solo aparentemente distinto del anterior es el que reflejan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística con metodología Eurostat. En esa encuesta el límite del riesgo de caer en la pobreza se sitúa en el 60% de la renta mediana, que es la que divide a la población en dos grupos de igual número de perceptores y que suele ser inferior a la renta media. A efectos de esta encuesta la renta de cada individuo incluye no sólo las cantidades habitualmente computadas como tales sino también el alquiler imputado por la vivienda cuando es propia y las transferencias recibidas del gasto público en pensiones, educación, sanidad, vivienda y otras prestaciones sociales. El 60% de la renta mediana así calculada es el límite superior del grupo que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza pero no del grupo de los pobres. Conforme a esta metodología los pobres son los que, teniendo una renta inferior al 60% de la renta mediana, no pueden tampoco disfrutar de algunos bienes y servicios tales como los ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días o mantener la vivienda a una temperatura adecuada, entre otros servicios y consumos similares. Es decir, las personas con rentas muy bajas que padecen carencias materiales severas.

Hay que señalar que en España el 55% de esos pobres se integran en hogares que utilizan menos del 20% de su capacidad de trabajo por encontrarse en paro total o parcial. En total supusieron en 2014 casi 1,84 millones de personas, cantidad algo menor que la correspondiente a 2013 que fue de 2,03 millones. Aunque el aumento del empleo en 2014 fue tan solo de 165.000 personas, la reducción del número de pobres en ese año (unas 190.000 personas) indica claramente que una política que logre aumentar el empleo disminuirá también su número de forma sustancial, ya que el paro es la primera causa de la pobreza. Esas medidas podrían complementarse con un reajuste en las pensiones, pues la edad y la enfermedad constituyen la segunda causa de la pobreza.

Pero no se pierda de vista que, como los hechos demuestran hasta la saciedad, el paro sólo puede reducirse de forma estable y sostenida aumentando la producción y no mediante políticas de creación artificial de empleo, casi siempre en el sector público. Solo una política económica que haga crecer sostenidamente la producción mejorará establemente el empleo y reducirá los niveles de pobreza. Eso es lo que ha logrado la política económica del Gobierno actual y eso fue lo que fracasó rotundamente con el Ejecutivo anterior. No repitamos los errores.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

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