Ya había motivos de alarma y pesimismo respecto a la economía española en junio de 2018, a raíz del éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez que le permitió desalojar del poder a Mariano Rajoy y colocarse en su lugar. Ya en aquellos momentos se coligió que el Gobierno que saliese de tal operación y de tal coalición tendría muy difícil llevar a cabo una política económica firme y coherente por lo heterogéneo y contra natura de los acuerdos que lo sustentaban. La única esperanza que cabía abrigar era que se trataba de un Gobierno provisional, cuyo cometido primordial e inmediato era convocar elecciones que le permitieran, si los resultados le eran favorables, gobernar con el apoyo de una mayoría compacta.
Pero no fue así. Lo abigarrado e incoherente de la coalición que permitió la mayoría en la moción sobrevivió a dos comicios (no uno, dos). En realidad, la secuencia electoral, de abril a noviembre de 2019 ya permitía advertir el pesimismo del electorado, porque el PSOE, que pretendía gobernar en solitario mediante un buen resultado en noviembre, perdió nada menos que 700.000 votos (casi el 10% de su electorado en siete meses). Fue un descalabro considerable, que Sánchez trató de camuflar diciendo que "no era cosa de seguir ganando elecciones", cuando con más verdad hubiera debido decir que no era cosa de seguir perdiendo votos y diputados, ya que el número de los suyos pasó de un ya exiguo 123 a un mísero 120, la cifra más baja con la que un partido haya gobernado desde la Transición. En definitiva, no quieres caldo, pues dos tazas: queriendo librarse de Frankenstein, se vio Sánchez obligado a abrazarse más estrechamente a él.
Por si todo esto fuera poco, el público se había ya enterado de que tanto las credenciales del presidente para llamarse economista, como su ética académica, dejaban bastante que desear. Su tesis doctoral no es que estuviera plagiada; es que estaba manufacturada de encargo y era un pastiche tan flojo que el mismo Sánchez hizo todo lo posible por impedir que, al igual que todas las tesis doctorales, fuese accesible a quienes solicitaran leerla. Yo no la he leído (a estas alturas aún me quedan muchas obras importantes por conocer), pero economistas muy cualificados la han definido como "floja", "sin interés", "pieza periodística". "no pasaría el corte en la Autónoma", "superficial, inane, ínfima". Un buen amigo mío, catedrático, y sanchista a machamartillo, reconocía que estos calificativos eran ciertos, pero no se escandalizaba ante tal muestra de picaresca científica y política. Creo que se equivocaba. La incompetencia del presidente ha contribuido a lastrar nuestra economía durante estos cinco largos años de su Gobierno.
Empecemos por lo primero y más obvio: el largo encierro a que nos sometió en 2020-21 con motivo del Covid19 fue un error garrafal, además de una violación flagrante de la Constitución. El perjuicio económico es fácilmente cuantificable: entre 2019 y 2021 el PIB español cayó en un 6,9%. Casi todas las economías cayeron, pero dentro de Europa la española fue de las peores, hasta el extremo de que todavía no nos hayamos recuperado totalmente. El Gobierno se jacta ahora de altas tasas de crecimiento, pero ni son tan altas, ni nos han sacado aún del bache, y son debidas en gran parte a la recuperación de los países de nuestro entorno. Y resulta, como colofón, que una licenciada en periodismo, mucho mejor asesorada, desplegó en Madrid una política económica contra la pandemia que no sólo era constitucional, sino que produjo excelentes resultados que atrajeron la atención de la prensa y la admiración internacional.
Otro error grave del Gobierno de Sánchez es claramente debido a su carácter heterogéneo y caótico, al que antes hice referencia. Se trata de un Gobierno de extrema izquierda, pero no de una, sino de varias extremas izquierdas. El espectáculo que está dando, en estas semanas preelectorales, de un reñidero de todos/as contra todas/os no es más que el estallido de la incoherencia que le ha aquejado desde el principio. Las ministras comunistas, especialmente, odian a los empresarios y les llaman "capitalistas desalmados". Claro, acostumbradas a negociar diariamente con las seráficas diputadas de Bildu, un empresario que invierte su capital y da trabajo a miles de personas les parece un desalmado. Pero no estamos (afortunadamente) en una economía planificada y desde Joseph A. Schumpeter (hace más de un siglo) sabemos que el elemento dinámico de una economía de mercado es el empresario. Y también es bien conocido de los economistas con un mínimo de competencia que las expectativas empresariales son fundamentales en la toma de decisiones, sobre todo las relativas a la inversión, que a su vez es crucial para el crecimiento económico. De modo que, si en este abigarrado Gobierno hay alguien con suficiente conocimiento de economía, tiene que saber que la otra parte de este extraño colectivo con sede en la Moncloa está desincentivando la inversión e incentivando la huida de empresas, como en el reciente caso de Ferrovial. La conducta del Gobierno en este caso ha sido una verdadera salva de tiros por la culata, porque es de sentido común que hostigar y amenazar a una empresa para que se quede en España es la mejor manera de hacerla huir y de que muchas otras empiecen a plantearse seriamente imitarla. A todo esto contribuye la ignorancia de las más elementales relaciones económicas. La subida alegre y pretendidamente generosa, del salario mínimo, sin siquiera contar con al acuerdo de los empresarios ni prestar atención a la evolución de la productividad, es otra medida demagógica y, a la larga, contraproducente, que explica que España tenga la más alta tasa de paro de la Unión Europea y que, además, el desempleo aumente aquí invariablemente cuando los socialistas están en el poder. Es además una manera despótica de comprar votos a costa de la empresa privada, otro desincentivo a la inversión y otro empujón para la huida.
La Ley de la Vivienda, que parece de inminente promulgación, es otra muestra de ignorancia económica, no sólo teórica, sino también empírica. Como norma general, la intervención en los precios suele ser contraproducente: acostumbra a causar la aparición de los temibles "mercados negros", que dan lugar a toda clase de iniquidades y corrupciones. Si se quiere abaratar un bien, lo único eficaz es estimular su producción, el aumento de su oferta. Pero en el caso bastante especial de la vivienda, que es un bien de alto valor y nula movilidad, hay otro importante factor a tener en cuenta: la seguridad jurídica. Para el propietario de una casa en alquiler el riesgo de que el inquilino no cumpla el contrato es muy grave, hasta el extremo de que muchos se aseguran contra este riesgo o contratan una empresa que les garantice el cumplimiento del contrato. Este riesgo, por tanto, conlleva un sobrecoste que tiene que incidir sobre el precio del alquiler. Pues bien, España es un país donde, en materia de alquileres, la ley se viola con frecuencia e impunidad. Es el problema bien conocido de los okupas, en sus diversas modalidades. Si la ley se cumpliera y el derecho de propiedad se respetara, es indudable que los alquileres bajarían, porque al disminuir el riesgo, acudirían más propietarios al mercado y además los costes de alquilar caerían. El silencio del proyecto de ley sobre esta materia y el recurso a una casuística compleja para fijar artificialmente los precios condena a esta medida legal al fracaso. Sabemos, además, que otras leyes parecidas (desde Barcelona hasta Berlín) han producido el efecto contrario al perseguido. Al retraer a los caseros, los precios han subido en lugar de bajar. Y el salir ahora con una medida racional pero tramposa, como sacar al mercado las viviendas de la Sareb (el banco malo) es indignante por muchas razones, entre otras porque esas viviendas llevan años desocupadas (las que lo están) y resulta que Pedro Sánchez se acuerda de ellas ahora, en vísperas de elecciones. Y, además, porque el problema de la vivienda también lleva ahí mucho tiempo, y el Gobierno de Sánchez no había pensado, en estos dichosos cinco años, en formular un plan integral de vivienda, complementando el fondo de la Sareb, gran parte del cual está en zonas de poca demanda, con un plan de construcción pública y privada en zonas de alta demanda, como ha hecho, mira tú por dónde, esta licenciada en periodismo que gobierna en la Comunidad de Madrid.
No, si ahora va a resultar que se aprende más economía en las escuelas de Periodismo que en algunas Facultades de Ciencias Económicas.
Gabriel Tortella, economista e historiador, es coautor del libro España, democracia menguante, coordinado por Manuel Aragón y publicado por el Colegio Libre de Eméritos.