Por Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona (EL PERIODICO, 21/03/05):
Matar al mensajero. Así podría resumirse la actitud que han mantenido muchas personas ante la llamada crisis catalana del 3%. No han puesto en duda el fondo de la cuestión, que por otra parte no afecta a un solo partido, pero han acusado al presidente Pasqual Maragall de actuar de forma irresponsable por haber hecho una referencia cabalística a esa realidad, sin después demostrarla o denunciarla ante los tribunales. Curioso fariseísmo, que viene a decir que Maragall tiene razón, pero debería haberse callado.
En otra ocasión he señalado que la corrupción que hay detrás de la financiación de los partidos políticos es como la cara oculta de la Luna, aquella que aún cuando no la podamos ver de forma directa, nadie pone en duda su existencia. Si no fuese así, si no existiese esa cara oculta de la financiación de los partidos, sería imposible explicar de qué viven, porque es evidente que con los ingresos que declaran es imposible mantener su actividad cotidiana y financiar las continuas campañas electorales a las que se ven sometidos. Por lo tanto, evitemos perder el tiempo en fariseismos y vayamos al fondo del asunto. ¿Por qué existe corrupción en la vida de los partidos? ¿Por qué esa corrupción se manifiesta especialmente en la construcción y la obra pública, y no en otras actividades económicas? Y, finalmente, ¿qué podemos hacer para acabar con esta especie de enfermedad contagiosa?
Algunas personas tienden a creer que la corrupción es indisociable de la vida de los partidos. Lamentablemente, determinados comportamientos políticos alimentan esas opiniones. Baste recordar las palabras de un conocido político, expresidente de una comunidad autónoma y exministro, que sin saber que estaban grabando sus palabras afirmó que él estaba en política para hacerse rico. Pero sería una tremenda injusticia verter esa sospecha sobre la mayoría; aún peor, sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado.
La causa de fondo, la madre de la corrupción política, es la insuficiencia financiera de los partidos. Insuficiencia provocada, por un lado, por los elevados gastos electorales a los que los fuerza un sistema político con continuas elecciones (estatales, regionales, municipales y europeas) y por el uso de instrumentos electorales de elevado coste y escaso efecto electoral, como las vallas publicitarias. Por otro lado, por un sistema de ingresos que al limitar fuertemente el recurso a la financiación privada transparente (mediante subvenciones y donaciones de particulares y empresas) fuerza a los partidos a buscar fondos fuera de los mecanismos legales.
UNA VEZ comprendido por qué los partidos necesitan recurrir a la obtención de fondos irregulares, la pregunta es por qué motivo la obra pública es la actividad elegida para lograrlo. Para verlo podemos formular lo que podríamos llamar la ecuación de la corrupción política: C = M + D - T. La ecuación nos dice que cuando mayor sea el número de actividades desarrolladas en régimen de monopolio (M), y cuanto mayor sea el grado de discrecionalidad (D) de que gozan los políticos a la hora de tomar decisiones, mayor será la corrupción (C). Por el contrario, cuanto mayor sea el grado de transparencia (T), menor será la corrupción.
¿Qué actividades económicas están influidas por un mayor grado de monopolio y discrecionalidad de las decisiones de los políticos? En el caso de la política municipal, la creación de suelo edificable, la recalificación de usos urbanísticos y el otorgamiento de licencias de construcción; en el caso de las autoridades regionales y estatales, la licitación de obra pública y el otorgamiento de licencias de actividad. Por lo tanto, es lógico que estas actividades sean campo abonado para la corrupción. ¿Cuál es la solución? Una primera respuesta nos la da la ecuación anterior: cuanto más aumentemos la transparencia en la licitación de la obra pública menor será la corrupción. Pero la cuestión es cómo lograr aumentar esa transparencia. La solución aparentemente más fácil es crear oficinas políticas para luchar contra el fraude y fomentar la transparencia. Esa parece ser la solución del tripartito de Maragall. Pero valen de poco. Aun sin quererlo, a la postre será como poner al zorro a vigilar a las gallinas.
LA SOLUCIÓN está en dar a los ciudadanos los instrumentos adecuados para exigir, cuando lo consideren conveniente, a los políticos y funcionarios toda la información que hayan manejado para tomar decisiones; y, por otro lado, establecer la obligación de estos últimos de dar esa información de forma rápida, con sanciones administrativas y penales cuando se resistan a hacerlo. Eso es lo que acaba de hacer el Gobierno de Tony Blair en Inglaterra. El Gobierno que aquí se atreva a ir por este camino hará la mayor contribución que puede hacerse a la transparencia y moralización de la vida política en Catalunya y en España.
Pero aun siendo un paso de gigante, no sería suficiente para erradicar totalmente la corrupción y eliminar ese enjambre de pillos que se dedican en beneficio propio a la tarea de conseguidores y al cobro de comisiones. Eso sólo se logrará cuando se afronte el problema de fondo, la madre de toda la corrupción, que es el déficit financiero en que viven nuestros partidos políticos. Aunque para ello se necesita un cambio de actitud de la sociedad ante la financiación de los partidos. España es prácticamente el único país occidental que casi prohíbe la financiación privada de los partidos. Todo iría mejor si aceptásemos las aportaciones de particulares y de empresas, pero sometiéndolas a transparencia y control.