La educación es crucial para la respuesta africana a la COVID-19

La educación es crucial para la respuesta africana a la COVID-19

A la dirigencia política africana no le faltan problemas de que ocuparse: aumento de los contagios de COVID‑19, sistemas sanitarios frágiles, creciente inseguridad alimentaria y, en algunas áreas, agitación social en alza. Y con la caída de la recaudación fiscal, en medio de la mayor contracción económica que haya sufrido el continente en décadas, cada vez hay menos recursos disponibles para enfrentar estos desafíos.

Por ahora, es correcto que los gobiernos, faltos de dinero, y sus socios internacionales para el desarrollo prioricen la salud pública, la protección social y el estímulo económico. Pero parece que se están olvidando de una de sus herramientas más importantes: la educación.

Análisis recientes indican que en respuesta a la pandemia, algunos gobiernos africanos están recortando el presupuesto educativo (y si la crisis financiera global de 2008 sirve de guía, los donantes también harán lo mismo). En 2008 los gobiernos pudieron mantener los presupuestos para educación apelando al endeudamiento, pero hoy la carga de deuda pública del continente es excesiva y las condiciones crediticias son desfavorables.

Sin embargo, la educación es una de las áreas estatales de mayor tamaño e impacto en África, y que las autoridades y los organismos de ayuda no la tengan en cuenta supone grandes riesgos para el continente. De hecho, mantener el apoyo a la educación durante la pandemia ayudará a los gobiernos a reforzar la respuesta inmediata a la COVID‑19 y la recuperación a largo plazo, por cuatro motivos.

En primer lugar, la COVID‑19 afecta ante todo a las personas más vulnerables en África: ha habido un aumento alarmante de la inseguridad alimentaria, y es probable que en África subsahariana la recesión económica arroje a otros 23 millones de personas a la pobreza extrema. Pero cuando reabran las escuelas, serán potentes vehículos para la provisión de protección social a las familias que más la necesitan, y eso alentará la asistencia a clases. Por ejemplo, los programas escolares que proveen viandas para llevarse a casa y ayudas en efectivo incentivan a las familias con recursos mínimos a enviar a sus niños a la escuela y al mismo tiempo les ofrecen un muy necesario apoyo nutricional y económico.

Asimismo, el sector educativo puede ser un importante auxiliar del sector sanitario en la respuesta a la pandemia. Por ejemplo, en los programas nacionales de educación a distancia se pueden incluir mensajes vitales para la protección contra la COVID‑19, desde el modo correcto de lavarse las manos hasta el uso de mascarillas. Esta estrategia de empoderar a los niños con conocimiento para modificar la conducta de sus familias resultó eficaz en campañas de salud pública anteriores, y países como Tanzania, Ghana y Uganda ya la adoptaron para la COVID‑19. Además, las escuelas siempre han sido un componente fundamental de intervenciones sanitarias como las campañas de vacunación.

En segundo lugar, la falta de apoyo adecuado a los segmentos más vulnerables de la población puede provocar protestas y agitación civil, pero la continuidad de la educación puede contribuir a la estabilidad social. En Sudáfrica, Malaui y Nigeria, jóvenes y mujeres han salido a las calles en plena pandemia para protestar contra la escasez de alimentos y otras necesidades básicas. Pero reforzando la capacidad de las escuelas para distribuir ayudas sociales, los gobiernos pueden dar a la población un muy necesario apoyo y así aliviar los padecimientos de las familias de bajos ingresos o expuestas a inseguridad alimentaria.

Además, hay abundantes estudios que muestran que la provisión desigual de servicios educativos aumenta el riesgo de agitación social y conflictos. Sin una inversión continua en educación, la brecha entre las familias ricas y las pobres se ensanchará, ya que aquellas pueden pagar oportunidades educativas para sus hijos de las que otros estudiantes estarán marginados.

En tercer lugar, el pago de salarios al personal docente ayuda a la economía. En una reseña que hicimos de 33 países africanos, con datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO y del Banco Mundial, hallamos que los salarios de maestros y otros trabajadores educativos equivalen en promedio al 3% del PIB, más de tres veces el promedio de los paquetes financieros anunciados por los gobiernos africanos para la lucha contra la pandemia. En muchos países africanos, los maestros son uno de los grupos de empleados públicos más numerosos, y su trabajo diario supone (además de su valor intrínseco) un importante aporte a la economía local y nacional. Además, que los maestros puedan seguir enseñando facilitará la vuelta al trabajo de los padres.

Finalmente,la continuidad de la educación es esencial para la productividad y la competitividad. Una interrupción prolongada de la provisión de educación, o un deterioro profundo de su calidad, reducirán la competitividad económica a largo plazo de África. Muchas de las estimaciones actuales de la pérdida educativa resultante de la COVID‑19 ya presentan un panorama preocupante para los jóvenes africanos. Nuestros colegas en la Brookings Institution y en el Banco Mundial calculan que cuatro meses de pérdida de clases, manteniendo sin grandes cambios la calidad de la educación, pueden provocar una gran reducción de los ingresos futuros de los estudiantes estadounidenses actuales, hasta casi el 13% del PIB estadounidense en las próximas generaciones.

Falencias educativas y sanitarias ya tienen a África muy rezagada respecto de otras regiones en lo referido al desarrollo del capital humano. Según el Banco Mundial, el Índice de Capital Humano de África hoy sólo llega a 0,4 (en una escala que va de 0 a 1); esto quiere decir que si la región alcanzara los máximos puntajes sanitarios y educativos, el PIB por trabajador aumentaría un 250%. A la inversa, un deterioro en estas áreas ampliará la diferencia de productividad entre los trabajadores africanos y los de otros países.

El efecto de la pérdida de horas de clase sobre la productividad y competitividad de África a largo plazo dependerá de la capacidad de los gobiernos para continuar las actividades educativas durante la pandemia. Cálculos recientes muestran que sólo uno de cada cuatro países de bajos ingresos está dando oportunidades educativas a través de Internet y los medios de radiodifusión. Pero un programa de enseñanza interactiva por radio bien diseñado puede ser eficaz: el ministerio de educación de Malaui está trabajando con organizaciones de la sociedad civil para dar clases de matemática y alfabetización usando tabletas con energía solar y sin conexión a Internet. Este es sólo uno entre muchos ejemplos de estrategias que buscan un «avance acelerado no lineal» y pueden generar nuevas formas más eficaces de proveer a los jóvenes una educación de calidad durante la pandemia y después.

La COVID‑19 enfrentó a las autoridades africanas con una infinidad de elecciones difíciles. Pero si a la par de las iniciativas de salud, protección social y recuperación económica, los gobiernos siguen invirtiendo en educación, lograrán una mejora del bienestar de los jóvenes y el de sus familias, comunidades y países.

Jean-Marc Bernard is Senior Education Economist at the Global Partnership for Education.
Brahima Coulibaly is a senior fellow and Vice President of Global Economy and Development at the Brookings Institution.
Rebecca Winthrop is a senior fellow and Co-Director of the Center for Universal Education at the Brookings Institution.
Traducción: Esteban Flamini.

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