La educación y el futuro

Creo firmemente que la educación es el principal reto que tiene España. En mi opinión la raíz de los problemas más acuciantes que tenemos, entre los que incluyo la falta de igualdad de oportunidades real, la tasa endémica de desempleo juvenil, la baja productividad y la débil capacidad de innovación, se encuentra en el fracaso del modelo educativo que ha prevalecido en nuestro país durante las últimas décadas. Me refiero, claro está, al modelo socialista que comenzó con la aprobación de la LOGSE en 1990, se mantuvo vigente durante 23 años, tuvo una pequeña interrupción con la implementación parcial de la LOMCE diseñada por un gobierno del PP, y culmina con la aprobación de la LOMLOE hace dos años, una reforma que representa un terco intento de vuelta al modelo original, pero con serias distorsiones creadas por las concesiones a Podemos y los nacionalistas.

La educación y el futuroA medida que nos adentramos en el año electoral, se multiplican las llamadas al consenso. Bajo el manto de las buenas intenciones surgen por doquier voces alarmadas que apelan al próximo gobierno para evitar que caiga en el error de acometer una nueva reforma educativa. Parece razonable asumir que se están dirigiendo a un futuro gobierno del PP, pues no tendría sentido hacer esta petición a un gobierno del PSOE. Dicho de otra forma, se están dirigiendo a Feijóo y a su equipo en un intento de transferirles la responsabilidad de terminar con la polarización del debate educativo.

Niego la mayor. No es cierto que uno de los mayores problemas del sistema educativo sean los cambios continuos implementados por el gobierno de turno para forzar su ideología partidista. El problema radica en que ha prevalecido un modelo fallido. Tampoco lo es que el consenso esté al alcance de la mano y, mucho menos, que dependa de que el PP mantenga la última reforma aprobada por el gobierno PSOE-Podemos.

El consenso es difícil por dos razones: por una parte, las ideologías políticas tienden a polarizar las percepciones sobre las soluciones más adecuadas. Es necesario pues que los principales partidos políticos estén dispuestos a dejar a un lado las cuestiones más ideológicas y a centrarse en las medidas que pueden mejorar el rendimiento de los alumnos.

Pero hay otra razón que permanece oculta a la opinión pública y, al parecer, a muchos expertos. Las reformas educativas suponen una redistribución de los ingentes recursos que reparte el sistema educativo o suponen cambios en la forma en que las parcelas de poder se reparten entre los diferentes actores. Esto genera conflictos de intereses muy intensos. Esta «segunda cara del poder» se hace evidente a quienes hemos tenido el privilegio de diseñar e implementar una reforma educativa y nos hemos encontrado con que el apoyo tiene un precio muy concreto para la mayoría de los actores del sistema. Condicionar el apoyo a un incremento de recursos o de poder, supone que la búsqueda del consenso se convierte en un mercado persa.

Por tanto, para conseguir el consenso es necesario poner el interés de los alumnos por encima no sólo de intereses partidistas, también y fundamentalmente por encima de los intereses de múltiples actores del sistema educativo que buscan recibir más poder y más recursos con cada reforma.

El consenso en el ámbito educativo no se ha alcanzado nunca en España y el mantra es que la responsabilidad se reparte a partes iguales entre PSOE y PP. Esto no es cierto, puesto que el PSOE siempre ha defendido la educación como su territorio, ha defendido a capa y espada su modelo y, frente a los pocos intentos que el PP ha llevado a cabo de implementar reformas educativas diferentes, el PSOE siempre ha dejado claro que se revertirían en cuanto llegase al poder. Y así ha sido. Argumentar que el consenso consiste básicamente en aceptar el modelo socialista es una falacia. Si este modelo además ha resultado fallido, es una falta de responsabilidad.

El principal problema del sistema educativo español es que desde 1990 (cuando se aprueba la LOGSE) ha imperado un modelo socialista que ha resultado fallido en sus dos dimensiones más importantes: calidad y equidad. Todas las comparativas internacionales ponen de manifiesto que el rendimiento de los alumnos españoles está por debajo de la media de la OCDE y, además, que ha permanecido estancado durante décadas, demostrando su incapacidad de mejorar a lo largo del tiempo. Las deficiencias más sangrantes son un nivel particularmente bajo en matemáticas y la bajísima proporción de alumnos excelentes. La justificación de estos resultados mediocres ha consistido en argumentar que se ha priorizado la equidad sobre la excelencia. Pero se trata de una farsa fácil de desmontar, pues la elevada tasa de abandono educativo temprano y de fracaso escolar, deja a una proporción de alumnos de entornos desfavorecidos e inmigrantes sin unos niveles mínimos de conocimientos y competencias, que les abocan a elevados niveles de desempleo durante el resto de su vida. No existe mayor inequidad en un sistema educativo.

Es difícil de entender por qué la última reforma educativa (LOMLOE) vuelve a este marco general definido exclusivamente por leyes socialistas que han demostrado resultados muy pobres durante más de 20 años. Pero el problema es aún mayor. La LOMLOE da un paso más hacia la devaluación de nuestro sistema educativo y además hace concesiones a Podemos y a nacionalistas que impiden cualquier tipo de consenso. La nueva reforma facilita la progresión de un curso a otro, así como la titulación con suspensos, creando una desconexión entre el nivel de rendimiento del alumno y las métricas habituales. Ello ha dado lugar a una inflación de notas precisamente en los años en que sabemos que el impacto del Covid sobre el cierre de colegios ha supuesto retrasos en el aprendizaje y al aumento de las brechas de desigualdad. Es decir, ha creado un espejismo de notas excelentes e inventado la titulación gratis.

La lógica es perversa: los alumnos no sacan mejores notas y repiten curso con menos frecuencia porque aprendan más. Este enfoque tan equivocado de la equidad consiste en equiparar aprender con no aprender. El Estado por tanto ha renunciado a su responsabilidad para conseguir que todos los alumnos consigan un nivel razonable de conocimientos y competencias, y a poner en marcha las medidas para que la educación sea el principal motor de movilidad social.

Las voces que ahora claman por el consenso dan a entender que, en lo fundamental, las leyes educativas no se diferencian mucho. Esto requiere una aclaración: las LOMLOE aprobada por este gobierno y la LOMCE aprobada por el anterior gobierno del PP representan polos opuestos. La LOMCE consiguió rediseñar la formación profesional y hacerla atractiva a un número creciente de alumnos, cuando todos los gobiernos socialistas anteriores la habían despreciado.

En paralelo tuvo lugar una disminución histórica de la tasa de abandono educativo, que había sido ignorada hasta entonces. Planteó evaluaciones estandarizadas a nivel nacional para incentivar el esfuerzo, asegurar que todos los alumnos adquieren niveles razonables de conocimientos y evitar la divergencia entre Comunidades Autónomas, una herramienta de la que LOMLOE no sólo prescinde, sino que se atreve a impedir que los gobiernos regionales la implementen al final de las etapas educativas para poder decidir sobre progresión y titulación. Apoyó sin ambages a la escuela concertada y el derecho de los padres a elegir, dianas contra las cuales carga la LOMLOE en un intento de iniciar el desmantelamiento de la escuela concertada. Huyó del adoctrinamiento que Podemos ha incluido en los contenidos curriculares. Defendió el derecho de los padres a que el castellano fuera también, con el catalán, lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, algo que la LOMLOE sacrificó como concesión a los nacionalistas para conseguir la aprobación de los presupuestos de 2021.

En mi opinión en este marco definido por la LOMLOE no hay cabida para el consenso. Por tanto, espero que el próximo gobierno se tome el trabajo de analizar la evidencia de qué políticas han tenido un impacto positivo de cara a los problemas más graves que seguimos arrastrando. Teniendo en cuenta nuestro pasado, de cara al futuro la pregunta relevante es si el PSOE está dispuesto a negociar acuerdos con el PP sobre la base de evidencia objetiva.

Montse Gomendio es profesora de Investigación del CSIC y ha sido secretaria de Estado de Educación.

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