La efímera vida del constitucionalismo chino

Desde que en diciembre del 2012, al poco de asumir funciones como secretario general del PCCh, Xi Jinping afirmara que nadie está por encima de la Constitución y la ley, instando su observación y cumplimiento, los defensores de una reforma política de alcance se han inspirado en dichas palabras para impulsar una estrategia de renovación con base en el consenso político que dicho texto, aprobado en 1982, podría reflejar como punto de partida. Ello ha originado un vivo debate interno que parece camino de cerrarse.

Las posiciones que se han ido conformando desde entonces sugieren tres actitudes principales: la de quienes admiten la posibilidad de un constitucionalismo compatible con el socialismo, quienes rechazan esta posibilidad y sugieren que aquel no puede ser más que un subterfugio semántico para destruir el sistema político, y quienes apuestan abiertamente por un constitucionalismo que supere las limitaciones del sistema vigente.

La posición más moderada, defendida entre otros por el prominente jurista Jiang Ping, tildado en su día de derechista, parte de la compatibilidad de ambos conceptos, asegurando que la defensa del imperio de la ley y de las libertades es perfectamente conciliable con la búsqueda de la equidad y la justicia, objetivos esenciales del socialismo. El desencuentro entre ambos no es más que una distorsión que a China le ha costado grandes sacrificios y tragedias y debiera corregirse. Si China no avanza por esa senda, el sistema no podrá evitar una erosión paulatina a merced del aumento de las tensiones sociales que dejarán al PCCh sin margen de maniobra. Esta posición es defendida incluso por profesores de la Escuela central del PCCh como Cai Xia. La recuperación de la credibilidad social no tiene otra vía, dice, que la asunción de un constitucionalismo entendido como garantía institucional del Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia.

Los partidarios de no adjetivar el constitucionalismo, caso de Wang Jianxun, formado en ciencia política en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, recuerdan que este exige la disposición de medidas para controlar el poder del Gobierno y para proteger los derechos y libertades de los individuos. Y si el núcleo del constitucionalismo es la limitación del poder, nada mejor se ha inventado por el momento, pese a sus defectos, que la división de poderes, incluyendo la descentralización horizontal en la cima y la vertical a nivel territorial, estableciendo un amplio marco de equilibrios, garantías y contrapesos mutuos. Por otra parte, sin el respeto y protección efectiva de los derechos y libertades de la persona, no podrá garantizarse la primacía del derecho ni que el poder, como dijo Xi Jinping, pueda estar sometido en una “jaula de regulaciones”.

En contra del constitucionalismo, otras voces desmienten que se trate de un concepto aplicable a China simplemente porque se trata de un producto del capitalismo e inadecuado para vigorizar un sistema socialista, comparándolo con “pescar peces en los árboles”. En tal sentido, su objetivo sería la abolición del liderazgo del PCCh y abocaría directamente al pluripartidismo. Así se pronunció recientemente el secretario del PCCh en Shanxi, Yuan Chunqing, formado en derecho en la Universidad de Pekín, quien calificó el concepto de “idea equivocada” que pretende dividir el partido y alejar a China del socialismo. Desde el ámbito castrense, en Haijiang Online se venía incitando a la “lucha ideológica” para contrarrestar la nociva influencia de estas propuestas. También desde otros medios “civiles” como Bandera Roja, afines al nacionalismo y la izquierda (Cui Zhiyuan), el tenor es similar. No obstante, el pronunciamiento de Yuan Chunqing en el oficial Renmin Ribao pudiera revelar quién ha ganado la pugna de las influencias en los cenáculos del poder, si bien no forma parte del Buró Político del PCCh ni es un líder del máximo nivel.

El discurso oficial, pese a la intensidad del debate político y académico a propósito del término a lo largo del presente año, ni integró el concepto en su liturgia ni tampoco lo incluyó en la conocida lista de los siete tabúes a ignorar en los medios y tribunas dado a conocer en mayo último. Ni promovido ni prohibido, habitando en ese limbo conceptual sin ser considerado un vocablo “sensible”, no cabría esperar que las autoridades o sus altavoces más próximos se hiciesen eco expreso de él, pero tampoco que fuera objeto de campañas críticas y demoledoras a instancias de brigadas de expertos en el escrutinio y defensa de la teoría oficial. Esa actitud podía reflejar el afán explorador y las vacilaciones del cuerpo dirigente que optaba así por dar alas a un debate plural y abierto como pocas veces se ha visto en China, contribuyendo a una mejora sustancial del ambiente político. Pero todo parece indicar que llegó la hora de su destierro, quizá solo temporalmente, del alfabeto institucional admitido por el PCCh. Por lo pronto, pues, el sueño chino no será un sueño constitucional, aunque resta la incógnita sobre la actitud futura de sus partidarios.

Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

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