La embarazosa energía nuclear

La construcción del cementerio nuclear previsto en el Plan de Residuos Radiactivos del 2006, aprobado siendo José Montilla ministro de Industria, ha puesto de relieve un elocuente cambio de actitud en la opinión pública española. Frente al masivo e irreductible rechazo de antaño, promovido por un ecologismo entonces acrítico y radical, se ha pasado a la condescendencia con el hecho de que el recurso a la energía nuclear –por ahora nuclear de fisión, hasta que se consiga la de fusión, limpia y menos problemática– puede ser inevitable, sin que ello suponga necesariamente la asunción de riesgos significativos. Es llamativo comprobar cómo la posibilidad de albergar una instalación nuclear genera rivalidad y competencia entre municipios. Los candidatos quieren, evidentemente, disfrutar de los beneficios que se ofrecen, pero esta gentil disposición no existiría si previamente los ciudadanos no se hubieran convencido de que el Almacén Temporal Centralizado nuclear (el ATC) es inocuo. Otros países más desarrollados que el nuestro –Francia, sin ir más lejos– ya han interiorizado esta inocuidad hace mucho tiempo.

Con el desarrollo, la sociedad se ha cultivado, por lo que cada vez acepta con más dificultad los tópicos. Y así, cuando se habla de energía, los datos acaban imponiéndose. En efecto, si la dependencia energética de la UE es del 53,8% –y con tendencia al alza–, la española es del 81,4%, y ello a pesar de que España es el tercer productor del mundo de energía eólica (tras EEUU y Alemania).
El riesgo que entraña esta situación es obvio, tanto porque esa dependencia es en buena parte con relación a proveedores externos poco fiables por su inestabilidad estructural –el norte de África y Oriente Próximo– cuanto porque la oferta de combustibles fósiles es incierta, dado el agotamiento de los yacimientos y el consiguiente incremento del precio a medida que la demanda desborde la oferta.
De otra parte, las energías limpias tienen un alcance limitado porque no son en absoluto inofensivas. James Lovelock, padre del ecologismo nuclear y uno de los grandes impulsores de las hipótesis de Gaia, avanzó en la inclusión de la energía nuclear en el mix energético óptimo tras constatar personalmente la invasión de su refugio campestre en Inglaterra por un gigantesco y ruidoso aerogenerador. Y no debe perderse de vista que una central nuclear de mediano tamaño equivale a unos 2.000 de esos aerogeneradores, que, ubicados a la distancia óptima y puestos en fila, se extenderían, por ejemplo, de Ginebra a Barcelona.
La ciudadanía está interiorizando estas evidencias, percatándose de que la energía eléctrica de origen nuclear es limpia (no toda la energía eléctrica lo es, algo que olvidan a veces los promotores incondicionales del coche eléctrico) y convenciéndose de que, con el actual desarrollo tecnológico, las centrales y los cementerios nucleares son plenamente seguros. Asimismo, está apareciendo en España relevante literatura de alta calidad técnica que deberían conocer quienes abordan el debate nuclear sin demasiados asideros intelectuales. Lozano Leyva y Gómez Cadenas, ambos catedráticos de Física Atómica y Nuclear, publicaron el pasado año sendos ensayos sobre el problema energético español, en línea con Lovelock y la denominada ciencia de los sistemas terrestres, que, muy en síntesis, sostiene la capacidad de autorregulación de la biosfera.
Lo grave es que, cuando las creencias colectivas han evolucionado, es ahora la clase política, claramente embarazada por la mudanza, la que no es capaz de gestionar este cambio. Es tal el temor a que determinado alineamiento dé o quite votos y es tal la incertidumbre sobre qué posición es la más rentable electoralmente, que los principales partidos políticos están haciendo el ridículo, en principio proclives a la energía nuclear, pero encastillados en el aparatoso síndrome de nimby («Not in my back yard», es decir, no en mi patio trasero).

En esta coyuntura, la ubicación del ATC, que reportará una inversión del orden de 700 millones de euros a la zona del emplazamiento, dará trabajo a 300 personas durante la construcción y a unos 150 técnicos de alta cualificación posteriormente, no pasará de ser una anécdota, muy embarazosa sin duda para el Ministerio de Industria, en el proceso inevitable de toma de decisiones que hay que emprender sin más demora. Porque el consenso que habrá que establecer sobre la futura política energética no es una posibilidad opinable, sino un imperativo inalienable que las dos grandes formaciones estatales –al menos– no pueden obviar.
La salida de la recesión, que por lógica pondrá de manifiesto la debilidad de la oferta mundial de combustibles fósiles, debería impulsar ese pacto político a largo plazo del que depende nuestra estabilidad energética. Hay que pensar que la construcción de una central nuclear se demora más de 10 años desde la toma de la decisión. Y que es, por tanto, urgente establecer un itinerario flexible, pero riguroso, de política energética en el que coincidan plenamente quienes se alternan al frente del Estado.

Antonio Papell, periodista.