Por Amadeu Petitbó, catedrático de Economía Aplicada y director de la Fundación Rafael del Pino (LA VANGUARDIA, 03/03/04):
Ultimamente, quienes se dedican profesionalmente a la política o a la actividad sindical se han referido de forma reiterada a la deslocalización. El cierre de algunas plantas industriales en Catalunya parece que ha cogido desprevenido a alguno, lo que no deja de ser sorprendente, pues las aperturas y cierres de plantas industriales son un fenómeno tan viejo como la economía. Parece que nadie se acuerda de las inversiones extranjeras que llegaron a nuestro país al amparo de unas condiciones particularmente favorables, incluidas aquellas referidas a los menores salarios. Y gracias a aquella deslocalización y posterior relocalización nuestro país aceleró su marcha en pos de mayores cotas de crecimiento económico y bienestar social.
La globalización, la deslocalización y la consiguiente relocalización son inherentes a la economía de mercado. Los citados procesos en unas ocasiones benefician a unos países y en otras benefician a nuevos países que se incorporan a los procesos de producción mercantiles perjudicando a ciertos colectivos previamente favorecidos.
Por ello, en las circunstancias actuales las administraciones públicas deben crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan ser más competitivas como resultado de la reducción de sus costes sin alterar las condiciones de la competencia. Pero este tipo de actuaciones no son fáciles. Cuesta menos y con frecuencia conlleva una mayor rentabilidad política limitar las actuaciones en materia de política económica a las ayudas públicas, pero esta estrategia en las actuales circunstancias es un error y, además, cuesta caro, como lo demuestra un elemental análisis del pasado en relación con todas las administraciones. Los casos de Andalucía, Extremadura o el sector de la agricultura hablan por sí solos.
Pero no son sólo las administraciones las que tienen que actuar. El problema planteado reside en la investigación y en la formación. Las empresas dedican pocos recursos a la investigación y los trabajadores se esfuerzan poco para mejorar su formación. Las empresas deben investigar más y mejor y las administraciones deben diseñar instrumentos fiscales para facilitar dicho objetivo. Es cierto que algunas empresas investigan mucho y bien, pero también lo es que otras prefieren la comodidad al riesgo. Algo similar ocurre con nuestros trabajadores: unos se forman, pero otros se preocupan poco por su formación a pesar de los recursos destinados a dicho fin.
Aunque la situación mejora, las empresas españolas dedican pocos recursos a I+D. Ahora el gasto interior bruto en I+D en proporción al PIB en España supone la mitad del esfuerzo investigador de la media comunitaria. Este hecho desplaza la competitividad hacia la formación y los costes y, en particular, a los costes de la mano de obra.
Los salarios en España son mucho más elevados en comparación con los que perciben los trabajadores en los pecos (países del centro y del este europeo) y en Asia (China e India, por ejemplo). Este hecho desplaza la competitividad de los trabajadores a la formación, pero en este campo las diferencias con nuestros competidores son abrumadoras. Tomando como referencia el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que han alcanzado un nivel de enseñanza o de formación superior, la media de la UE-15 se sitúa en el 74%. Sin embargo, en el caso español el porcentaje está más de 10 puntos por debajo de dicha media, casi 18 puntos por debajo de Francia y casi 10 puntos por debajo de Alemania. Y debería preocuparnos que la fuerza de trabajo de los países que pronto se adherirán al tratado esté más formada. En efecto, los porcentajes correspondientes a Eslovaquia, la República Checa o Eslovenia son el 94%, el 92% y el 90%, respectivamente.
En este contexto, dado que nuestros empresarios y las empresas localizadas en España son competitivas, como han demostrado en los últimos años, la acentuación de la competencia fomentará la relocalización en busca de menores salarios, más flexibilidad en el mercado laboral, mayores niveles de formación o ambos. Acaso atenúe dicho movimiento, al menos temporalmente, la entrada de nuevos trabajadores eficientes procedentes de países lejanos dispuestos a aceptar menores salarios, lo que puede afectar a los trabajadores que perciben mayores salarios. Pero las fuerzas telúricas se encargarán de anular rápidamente la citada ventaja competitiva, lo que forzará aún más a buscar nuevos espacios donde la eficacia de los empresarios se traduzca en empresas que sean competitivas.
No hay crisis industrial. Las empresas cada vez son más competitivas y la tasa de crecimiento del valor añadido industrial es positiva. Lo que hay es crisis en el mercado de trabajo, porque una proporción importante de trabajadores no se ha adaptado a las nuevas condiciones exigidas por la competitividad internacional. En estas circunstancias, los trabajadores más formados se adaptarán al nuevo entorno, pero los puestos de trabajo destinados a los menos formados están expuestos a elevados riesgos.
En todo caso, lo que realmente no puede olvidarse, recordando al duque de Mantua, es que, como consecuencia de la competencia globalizada, "la empresa è mobile". De ahí la importancia de reaccionar a tiempo para crear las oportunas condiciones generales de competitividad sin caer en el fácil recurso de las ayudas públicas y procediendo a las reformas estructurales pendientes. Esta tarea corresponde a todos: administraciones, empresarios y trabajadores.