Salvo que nos creamos el modelo de China, no existe la libertad de empresa sin democracia liberal, ni tampoco la democracia liberal sin libertad de empresa. Recordar esta simbiosis de éxito hubiera sido superfluo e incluso estúpido no hace mucho tiempo y, sin embargo, comenzando el 2022 tras varias sentencias sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma en España y cumplido el primer aniversario del asalto al Capitolio en Estados Unidos, no solo es recomendable sino que es imprescindible.
Recientemente me preguntaron en la inauguración de un máster universitario qué era la responsabilidad social corporativa. Respondí que la forma más natural que tienen las empresas de defender la democracia liberal, sin la cual no podrían sobrevivir. Por tanto, la forma más conveniente de defender su futuro.
En la actualidad, los populismos y nacionalismos identitarios amenazan la mejor forma de convivencia y prosperidad que hemos encontrado hasta la fecha. Debemos reaccionar y atacar las causas que los han alimentado, más que perder el tiempo en increpar a sus líderes y afear el voto a su electorado.
La principal causa de su auge global se resume en que las familias intuyen que los hijos van a vivir peor que los padres. El motivo por el que llegan a esta dura conclusión es porque sufren un grado de incertidumbre superior al que pueden gestionar, tanto individual como familiarmente. En consecuencia, las familias necesitan la colaboración de instituciones con mayor capacidad para afrontar los retos actuales o –en su ausencia– se refugian en las promesas populistas.
La pandemia se ha convertido en el centro de nuestras dudas, pero es importante recordar que los principales factores de incertidumbre nos acompañan desde antes del covid-19. Los cambios geoestratégicos con el nuevo rol de China y de Rusia en la gobernanza global, la irrupción de tecnologías que generan rivalidad internacional como el 5G y las dudas éticas sobre el uso de la inteligencia artificial son algunos de ellos, a los que las instituciones públicas deben prestar especial atención.
No obstante, quiero apuntar tres desafíos más cercanos al día a día de las personas y sobre los que las empresas pueden colaborar desde sus modelos de negocio mejorando su competitividad.
El primero de ellos está determinado por los efectos naturales del aumento de la esperanza de vida. Sin duda una buena noticia que a nivel global implica un aumento sin precedentes de la población mundial y grandes movimientos migratorios. En el caso de España, sus principales efectos son el envejecimiento, el despoblamiento de grandes zonas de nuestra geografía, y la inmigración, particularmente impactante cuando son menores.
El segundo es el cambio climático sobre el cual quedan pocas dudas, y cuya causa han abrazado con singular fuerza los más jóvenes. A su vez, las medidas para frenarlo podrían provocar consecuencias negativas derivadas de una potencial transición que no sea social y deje a parte de la población atrás.
El tercer y último elemento es el largo periodo que vivimos de estancamiento de los salarios, observando que la participación de la remuneración de los asalariados en la tarta del PIB decrece desde principios de siglo. A este fenómeno global, en España sumamos unas tasas de desempleo juvenil insostenibles.
La empresa tiene más capacidades que las familias para colaborar en la gestión de esta incertidumbre. En relación a los cambios demográficos tiene habilidad para crear plantillas diversas tanto por edad como por origen. En relación al calentamiento global puede reunir el talento para encontrar nuevas formas de producción que permitan abastecer a más población sin sobreexplotar los recursos. Por último, en relación a la redistribución de la renta, la empresa es –sin duda– la institución con mayor capacidad para crear valor y repartirlo entre sus grupos de interés de una manera justa e incentivadora.
Porque tiene todas estas respuestas, como sociedad debemos estimular a la empresa para que las desarrolle y demandar a las administraciones que faciliten el camino. Pero cuidado, porque una excesiva regulación o una imposición fiscal confiscatoria terminarán provocando lo contrario, tal y como la historia nos ha demostrado. Este es el nuevo equilibrio entre empresa y Estado que necesitamos construir para mantenernos en la hoja de ruta de la democracia liberal.
En este sentido, frente a opciones ideológicas centradas exclusivamente en el poder coercitivo del regulador, cabe una alternativa mejor basada en compartir objetivos y facilitar su cumplimiento. Para ello es necesaria una revisión de las políticas económicas incorporando una actitud positiva hacia las empresas responsables que contribuya a mejorar su competitividad e impacto social y ambiental. Algunas medidas podrían ser una aplicación útil de las cláusulas sociales, ambientales e innovadoras en la contratación pública, la atracción de inversión directa socialmente responsable o la promoción de la innovación social como alternativa profesional desde los servicios públicos de empleo.
Sin libertad de empresa no solo acabamos con la mejor forma de prosperidad económica que hemos conocido, sino también con una de las mejores herramientas que tenemos para frenar la amenaza autoritaria. Sin empresas no hay empleo de calidad para generar la confianza social en alcanzar un futuro en el que los hijos vivirán mejor que los padres, como en la mayoría de los casos hemos podido hacer los boomers.
La libertad de empresa es el mejor ecosistema para desarrollar la innovación, para aprovechar las oportunidades que supone la silver economy, la economía circular o en su conjunto el capitalismo de los stakeholders o grupos de interés que propone el foro de Davos.
En consecuencia, desarrollemos una política económica proclive a las empresas responsables, que incentive a buscar respuestas innovadoras, a destruir para crear como nos enseñó Schumpeter, y no a destruir para vivir en los escombros como nos mostró el totalitarismo.
Enrique Martínez Cantero es economista y profesor de RSC. Fue diputado en la Asamblea de Madrid.