La enferma grave no es la Constitución, sino los Estatutos

Diagnosticada por una gran parte de la clase política como enferma grave, la Constitución se resiste a ser curada en sus aspectos fundamentales, los que aparecen en sus tres primeros artículos y que hacen referencia a la monarquía parlamentaria, a la indisoluble unidad de la Nación y al castellano como lengua oficial del Estado.

Lo que parecía atado y bien atado con estos tres principios aparece hoy ante los ojos de unos asombrados ciudadanos como tres nudos gordianos que es necesario cortar. Con apenas 43 años de existencia, la Constitución recibe el calificativo peyorativo de vieja.

Pero no se dice lo mismo de los Estatutos de Cataluña y el País Vasco, sólo unos meses más jóvenes. O de los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria, que se aprobaron en 1981. Los Estatutos del resto de las comunidades fueron aprobados entre 1982 y 1983.

Eso sí. Nuestros 17 Estatutos se han reformado durante los últimos 40 años nada menos que 42 veces.

Temas que sí necesitan de un desarrollo legislativo, como la ley de la Corona, no se han abordado por el miedo que suscita todo lo relativo a la monarquía, y especialmente ese artículo 1 que aseguró el regreso de la dinastía Borbón por encima de la voluntad expresada por Francisco Franco. Un Francisco Franco que antes de nombrar a Juan Carlos I como jefe de Estado se aseguró de que su padre, Juan de Borbón, legítimo heredero de Alfonso XIII, no pudiera sentarse en el trono que tanto deseaba.

El sublevado y vencedor de la Guerra Civil quería que hubiese un corte en la línea dinástica y lo consiguió. Franco buscaba una monarquía orgánica, pero en sólo 20 meses nuestra monarquía se vistió de futuro con la democracia, con las primeras elecciones libres en décadas y con la concurrencia a las urnas de la antigua y denostada oposición de los partidos socialistas y comunistas.

Querer dar un salto en el tiempo con la intención de acabar con el régimen del 78 tomando como referente el ordenamiento constitucional de 1931 durante la Segunda República es mirar hacia atrás en lugar de pensar en el futuro. Buscar que a través de otro proceso electoral, con presencia de todos los partidos, los españoles elijamos a un presidente de la República para un periodo de tiempo que podría estar entre los cinco y los siete años, en lugar de asumir la monarquía hereditaria (con todas las exigencias y el control necesarios para que se evite lo ocurrido con Juan Carlos I), es malgastar energías y tiempo.

Si a una parte importante de la clase política, que va desde el nacionalismo a la izquierda socialista y comunista, le molesta el artículo 1 de la Carta Magna, otro tanto ocurre con el número 2. La indisoluble unidad de España se puso en duda casi en el mismo instante de su aprobación por referendo el 6 de diciembre de 1978.

Luego, tras cada una de las reformas de los Estatutos, la unidad de la Nación se ha puesto en entredicho con cada declaración de los gobernantes de Cataluña y el País Vasco. La verdadera enfermedad estructural de España está enquistada en las autonomías.

Llegados al artículo 3 nos encontramos con una o dos palabras que ayudan y mucho a la ruptura del edificio constitucional. Desaparece el idioma español y aparece el castellano como lengua común, pero dejando que sean las comunidades las que articulen las relaciones con otras lenguas allí donde estas existan.

Puede que se pensara en el catalán, el vasco y el gallego dentro del esquema lingüístico que hundía sus raices en la propia historia de España. Pero ya estamos viendo en estos primeros compases del siglo XXI que en Aragón se reivindica la fabla y hasta el jaqués, en Asturias el bable, en Extremadura el castúo y, de seguir por ese camino, nos encontraremos con 17 lenguas cooficiales en muy poco tiempo.

De seguir avanzando en la destrucción de estos tres principios se corre peligro de destruir la España que conocemos y que lleva funcionando muy bien, pese a los escándalos y los vicios de algunos de sus habitantes.

Es muy difícil, por no emplear la palabra imposible, que la Constitución se reforme a esos niveles. Las exigencias de 3/5 del Congreso y otro tanto del Senado para aprobar cualquier reforma, o al menos de una mayoría absoluta en el Senado y una mayoría de dos tercios en el Congreso, obligaría a un acuerdo entre el PP y el PSOE. Es decir, de un mínimo de 233 parlamentarios de los 360 que se sienten en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Existe otro camino más duro, rupturista y complejo, y que supondría la utilización de los ciudadanos tras conseguir la desafección de estos respecto al actual sistema: redactar una nueva Constitución y someterla a referendo nacional, estableciendo un mínimo de votos afirmativos y de asistencia a las urnas.

La idea existe, los borradores existen y el camino para lograrlo transitaría por los medios de comunicación y las redes sociales. Quizás si miramos con lupa descubriremos que muchos discursos y actitudes de nuestros dirigentes políticos se explican con gran claridad a partir de esta hipótesis. Incluidos los recientes cambios en la oratoria del presidente del Gobierno, a un lado, y de los presidentes catalán y vasco, al otro.

Raúl Heras es periodista.

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