«Desayuno corrupción todas las mañanas. Al principio mi cuerpo reaccionaba con asombro; luego ya con rabia […] Estoy por tomarme un protector gástrico» Aurora Montes Quesada Cájar (Granada), en Cartas al Director.
Cualesquiera que sean las ideas que se tengan sobre la acción política y personal de Rita Barberá, habrá de convenirse que esta señora fue linchada por los medios y los partidos, empezando por el que ella ayudó a crear, el PP. El joven Javier Maroto, por ejemplo, la colocó «en las antípodas de la ejemplaridad», «en la cumbre de la indignidad», «insensible al clamor de las bases y de la gente». Por su parte, los de Ciudadanos justificaron sus ataques (llegando a poner en cuestión su pacto con el PP si Barberá no se iba de ese partido) apelando a «la percepción de la gente», según la cual España, que es una ciénaga de corrupción, «exige sacrificios».
Volvemos, pues, al medievo: «Matadlos a todos, que Dios escogerá a los suyos».
Pero ¿de qué se le acusaba a Barberá? De haber blanqueado mil euros, es decir, 167.000 pesetas.
La Inquisición no es nueva en la todavía joven democracia española. En efecto, más terrible que el de Barberá fue el caso del senador socialista Carlos Piquer, de 45 años, exalcalde de Sástago (Zaragoza), que fue imputado en 1996 por el juez Carlos Lasala, el cual, investigando una presunta mafia policial, se topó con una prostituta brasileña que señaló al senador como un cliente que la incitaba a consumir drogas y le pagaba los servicios con una tarjeta del Grupo Socialista. Cuando el Supremo decidió tramitar en el Senado el correspondiente suplicatorio, Carlos Piquer entró en una profunda depresión que terminó el 10 de noviembre de 1997, cuando a las cuatro y media de la tarde uno de sus tres hijos (el de 15 años) encontró su cuerpo colgado de una cuerda atada a la tubería del cuarto de baño.
Estamos ante un fenómeno jurídico-políticomediático que ha sido suficientemente estudiado por la Sociología. El fenómeno recibe el nombre de escándalo. El escándalo pretende obtener la condena pública de una infracción (real o supuesta), y por lo tanto existe un paralelismo entre el escándalo y cualquier proceso penal de tipo judicial. Pero el escándalo puede quedarse en la simple condena moral, aunque, para decirlo todo, un buen escándalo exige para sí la actuación penal de jueces y fiscales y que estos trabajen con la mayor lentitud posible. Y mientras, en el foro público no se habla de lo que verdaderamente habría de ocupar a la política.
Desde el punto de vista meramente informativo, el escándalo tiene su metodología. Un medio que administra un escándalo necesita seguir la norma circense del más difícil todavía para retener la atención del lector.
Pero vayamos a los datos. ¿Hay tanta corrupción en España? De los estudios objetivos que sobre la cuantificación del fenómeno se vienen elaborando en Europa se llega a las siguientes conclusiones:
—En España existe una corrupción que es más o menos igual a la media de los países de la UE.
—La corrupción se produce aquí en los tres niveles de gobierno, pero con más intensidad en el nivel autonómico y, sobre todo, en el local.
—Los servidores públicos y en especial los funcionarios españoles apenas están contaminados por la corrupción.
—La percepción que de esa corrupción tienen los ciudadanos españoles es extraordinariamente alta, con graves efectos sobre la desconfianza y la desafección políticas.
¿Por qué esa percepción es tan alta? En primer lugar, porque los procesos judiciales se eternizan y la lentitud de la Judicatura permite mantener vivo el proceso durante muchos años, recuperando así la impagable y secular figura del «empapelamiento». De esta guisa, cada vez que la instrucción judicial mueve un papel o llama a declarar a un investigado, los medios vuelven a reproducir lo ya narrado mil veces, dando así la sensación de que la corrupción es algo inmenso, continuo e interminable.
Los medios están encantados, porque «esto de la corrupción tiene mucha audiencia»; los políticos, también, pues suministra «munición para la batalla»; y los jueces, igual, porque a muchos de ellos les encanta estar subidos en el candelero mediático, contemplando a los perseguidos cual faraones subidos en sus sitiales inexpugnables mientras los esclavos construían sus pirámides.
Los nuevos justicieros, recién llegados a las instituciones públicas, ya nos han anunciado que van a «acabar con la corrupción en un plis-plas». Ya se sabe que para el populismo no hay problema, por complejo que sea, que no se pueda arreglar en un plis-plas. Y a ese plis-plas también se ha subido un partido que parecía sensato: Ciudadanos. Se diría que C’s, a falta de mejores propuestas, está dispuesto a terminar, cual Sansón, con todos los filisteos y convertirse en el paradigma de la «limpieza y regeneración» política.
Durante el proceso que condujo al pacto de investidura Ciudadanos le exigió a su socio, el PP, como medida «regeneradora» que cualquier cargo público que fuera investigado judicialmente debería ipso facto dejar su puesto.
Este «castigo» justiciero pone en manos de un denunciante, un fiscal o un juez el destino de cualquier político. Se pretende, así, imponer un método inquisitorial incompatible con la democracia.
Yno se queda ahí la cosa, pues, según se dice, Ciudadanos pretende elevar el castigo a rango de ley en la Comunidad de Madrid. Una norma que de una sola tacada se cargaría para los políticos sus más elementales derechos constitucionales, tales como: a) la igualdad de los españoles ante la ley; b) la división de poderes (poniendo en manos del Poder Judicial la vida pública y privada de los políticos); y c) la presunción de inocencia.
Y lo peor: si esa monstruosa ley entrara en vigor, ¿quién se atrevería, tal y como está el ambiente, a recurrirla ante el Tribunal Constitucional?
Cuando uno se pregunta dónde queda en todo esto la justicia y quién respeta los derechos de los crucificados, obtiene hoy una respuesta infame: «No seas ingenuo. Eso de la justicia y los derechos ¿a quién le importa?».
Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid.