Los gobiernos en América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada. La región ha avanzado en mejores políticas de desarrollo, con mayor responsabilidad fiscal. Sin embargo, están presionados por problemas cada vez más complejos y por expectativas de mejores servicios de parte de los ciudadanos.
La región necesita buenos gobiernos. Pero, ¿qué constituye un buen gobierno? En el Banco Interamericano de Desarrollo hemos realizado una serie de estudios que nos arroja tres dimensiones de un gobierno centrado en el ciudadano.
En primer lugar, los países deben forjar gobiernos eficaces.
Un gobierno eficaz es el que logra resultados que responden a las necesidades de sus ciudadanos. Gestiona en función de los resultados y toma decisiones basadas en evidencia.
¿Dónde empezar? En primer lugar, poner las estadísticas a la vanguardia del diseño de políticas para basarlas en mayor y mejor evidencia. Las estadísticas gubernamentales no son utilizadas en forma suficiente como base de información en la elaboración de políticas y los programas de gobierno son rara vez evaluados con rigurosidad. Países como México han invertido en su capacidad técnica, otorgando mayor autonomía a la entidad estadística correspondiente.
Segundo, un estado eficaz requiere un núcleo estratégico fuerte – no un estado fuerte. Los roles de presidente y de primer ministro, si bien son políticamente fuertes, suelen ser técnicamente débiles. Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros, han dado importantes pasos para reinventar sus “centros de gobierno”, que mejoran la coordinación y seguimiento de los programas de gobierno. En Ecuador y Honduras, por ejemplo, los gobiernos han creado “ministerios de coordinación”, responsables de armonizar políticas.
En segundo lugar, los países deben promover gobiernos eficientes.
Un gobierno eficiente es el que reduce los costos de los ciudadanos en sus interacciones con el sector público y brinda servicios de una determinada calidad a menor costo.
Los gobiernos eficientes requieren la ampliación de soluciones basadas en gobierno electrónico potenciando el uso de tecnologías de información en una sociedad cada vez más joven y más conectada. Esto además implica mejorar la calidad de las regulaciones y simplificar la burocracia administrativa. Promover un servicio público técnicamente competente y fiscalmente sostenible representa uno de los mayores desafíos.
¿Dónde empezar? Dos áreas principales: la profesionalización del servicio público, y la reducción de la burocracia. Si bien estos temas probablemente representan algunos de los desafíos más difíciles, introducir reformas en el servicio público es posible y, en efecto, se ha avanzado en este sentido, si bien es cierto que el nivel de base ha sido bajo. Chile, Ecuador, la República Dominicana y Perú han registrado avances, y la región, en general, ha ascendido desde 30 puntos en 2004 a 38 puntos en el periodo 2011-13 en una escala de 0 al 100, según un estudio reciente del BID.
La reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites tienen un rol preponderante para las personas cuando deban recurrir a entidades gubernamentales para conseguir un servicio o ejercer un derecho. En este sentido, los gobiernos están utilizando innovaciones tecnológicas para mejorar el manejo de la información y racionalizar los procesos administrativos, por ejemplo, a través de portales de servicios y servicios compartidos.
En tercer lugar, los países deben promover gobiernos abiertos.
Un gobierno abierto es aquel que es transparente, actúa con integridad y evita la corrupción. La relación entre el estado y los ciudadanos está siendo radicalmente transformada por la innovación tecnológica, cuya velocidad de innovación frecuentemente supera la capacidad de los gobiernos de adaptarse a ella. Los gobiernos abiertos apoyan activamente un mayor acceso a la información y promueven su uso eficaz para evitar la corrupción y mejorar la gestión.
¿Dónde empezar? Hay dos prioridades: fortalecer los sistemas de rendición de cuentas y de integridad, y mejorar políticas específicas de transparencia. Fortalecer y modernizar las entidades de control y auditoría representa un desafío definitorio para la región y es a la vez un mecanismo clave para que los gobiernos rindan cuenta de los resultados que logran, mejorando de esa manera la calidad de la gestión pública.
La necesidad de promover un enfoque bien direccionado para mejorar el uso eficaz de la información por parte de los ciudadanos y las empresas es particularmente cierta en sectores de alto potencial, pero también es real en sectores de alto riesgo, tales como las industrias extractivas - petróleo, gas y minería en particular. Colombia, con su proyecto Maparegalías, es un buen ejemplo de un país que coloca toda su información sobre los ingresos que obtiene de la industria extractiva en la web, para que todos los ciudadanos tengan acceso a ella.
Las administraciones abiertas, eficaces y eficientes marcarán el fin de los gobiernos sobredimensionados. Es hora de abrir la puerta a la era de los gobiernos inteligentes.
Carlos Santiso es Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID.