La era del revisionismo

Una de las mejores fondas de la Cerdanya ofrece respetables menús a precios razonables y con un servicio eficiente. Aunque no haga falta en ese paraje, donde abundan los manantiales, se ofrece al comensal un agua mineral en botellas de plástico que anuncian su origen en lugar no lejano a Teruel. No hay que ser ecologista militante para preguntarse qué fuerzas del mercado justifican el embotellamiento, transporte y distribución del agua en envases de plástico –petróleo procesado– desde tantos kilómetros a una comarca en la que abunda y sobra. Tampoco hay que ser economista para entender que la diferencia entre el coste original para el productor turolense y el precio de venta en el hostal pirenaico justifica la operación. En Manhattan pagan por aguas minerales europeas a dos pasos de Saratoga Springs, cuyo nombre ya indica lo que allí mana. En Inglaterra solían traer el agua desde Bulgaria, cuando la inglesa en la serranía de Malvern es insuperablemente exquisita.

La reacción tradicional de la izquierda ante situaciones de mercado como estas –generalizables a todo el orden económico– solía ser la de denunciar «la irracionalidad del capitalismo» y proponer mudanzas tan radicales como prohibir transacciones absurdas. La hecatombe de las economías dirigidas por poner en manos burocráticas la producción, distribución y hasta el consumo de bienes, debilitó para siempre ese argumento. Ello ha impedido ver lo que hay de irracional en el transporte masivo de aguas desde donde escasean hasta donde sobran. Los que creen en el mercado, sin regulación, continúan reivindicando, sin embargo, la racionalidad de lo irracional: para ellos no hay más que considerar los beneficios de las ventas.

Antes aun de que se desencadenara la crisis que comenzó a fines del 2007 se fue abriendo una saludable tendencia hacia el pragmatismo en el mundo de las ideas que rigen lo económico. La corriente revisionista ha permitido poner algún freno a los fanáticos del mercado libre y de la reducción del aparato estatal intervencionista, del mismo modo que ha permitido a los herederos del socialismo dogmático reducir sus excesos. Lo más probable es que, con todo ello, salgamos todos ganando y que entremos en una fase histórica en la que lo importante sea alcanzar dos objetivos: averiguar qué es lo que funciona mejor y determinar cuáles serán las consecuencias previsibles de nuestra conducta económica.

Los objetivos de la buena política en nuestra época deben ser tres, a saber, el fomento de la justicia social, el bienestar de la ciudadanía y su acceso igualitario a la educación. El coste de los dos últimos no hace más que subir incesantemente, hasta provocar lo que los más alarmistas suelen llamar la crisis del Estado asistencial o del bienestar. Es aquí donde se impone el revisionismo. Es innegable que la promoción de la educación privada –incluso con la eternización de las escuelas concertadas mientras la pública no alcance el nivel de excelencia necesario– produce disfunciones en la promoción de la desigualdad.

También lo es que mientras ello no ocurra la privada seguirá campando por sus fueros. Pero el revisionismo podría justificarse en el nivel universitario y superior, del que depende cada día más el progreso de la ciencia –es decir, de la humanidad– y donde se fragua cada vez más el futuro de todos. Algunas de las mejores universidades y centros de investigación del mundo son privados, aunque algunos públicos tampoco les van a la zaga.

El mayor escollo, el que pondrá en jaque las finanzas públicas, es el asistencial: salud, pensiones, subsidios, ayudas públicas. No habrá debate: o se recorta drásticamente otro gasto público o se introduce el copago para ciertos servicios que presta el Estado. Una cosa es infringir, como suelen decir los sindicalistas cuando ven amenazados empleos y sueldos de los obreros, «los derechos de los trabajadores», y otra enfrentarnos con las cuentas objetivas del tesoro público.

La recesión todavía en curso ha empobrecido las arcas públicas, que se nutren de impuestos de las empresas, por la caída de la recaudación. Ello está estimulando una visión menos rígida de cómo debe regularse el mercado y qué es aquello que no debe ser intervenido. Si vivimos en un orden capitalista que, por lo que se comprueba, nadie está dispuesto a derrocar –con perdón de los movimientos alternativos, tan significativos, pero incapaces aún de proponer una política macroeconómica viable–, carece de sentido un proteccionismo salarial que acabe con las mismas empresas.

El agua de secano transportada al valle alpino seguirá apagando la sed de quien la prefiera a la de la fuente que allí mismo mana. Así que no estaría mal que, aprovechando los calores y calenturas veraniegas, nos percatáramos de que la revisión, palmo a palmo, de nuestras incongruencias es la vía recomendable. ¿Dan los tiempos para más?

Salvador Giner, presidente del Institut d’Estudis Catalans.