La España negra, de nuevo

El movimiento secesionista catalán trabaja con una agenda integrada por tres propósitos esenciales: construir una masa crítica dentro de Cataluña de apoyo a la secesión, crear estructuras de Estado y promover, con escasísimo éxito, su reconocimiento internacional.

Este movimiento promueve una narrativa que, contra toda evidencia, contempla a España como enemiga de Cataluña; las estructuras de estado existen gracias al avanzado régimen de autogobierno del que disfruta Cataluña, sin paragón en nuestro entorno europeo; el reconocimiento internacional, es lo que necesitaría la Generalitat para que la Cataluña nacionalista (obviando a quienes no lo son) transitara de la república “aspiracional” a la república independiente. Hasta el 1 de octubre de 2017, los secesionistas ponían el acento en el derecho de autodeterminación. Para cualquiera que esté familiarizado con la doctrina de Naciones Unidas es claro que Cataluña, no siendo una colonia, ni sufriendo una situación de opresión, carece de títulos para ostentar tal derecho. Esta pretensión choca directamente con el principio de integridad territorial de los estados, uno de los ejes que vertebran el sistema de Naciones Unidas y, por tanto, es de muy corto vuelo. De ahí el giro estratégico del secesionismo hacia al cuestionamiento del Estado de Derecho en España y a sus falsas denuncias respecto a la existencia de presos políticos, jueces no independientes, persecución a las personas con ideas, etc.

Como Presidente de la Delegación española de las Cortes Generales ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevo años enfrentándome a la beligerante incomprensión de quienes reducen la cuestión del secesionismo catalán a un ejercicio de libertad de expresión.Hace apenas dos semanas, en el Consejo de Europa, hube de mantener una suerte de careo con Roger Torrent, el presidente del Parlament, que intervino ante la Comisión de Monitoreo del Consejo. Él describió ante los representantes de 47 países europeos su visión de lo que pasa en Cataluña y yo expuse la mía.

Reiteré entonces lo que es de sobra conocido. En España, ser independentista no es un delito; nuestra Constitución, no exige adhesión a sus principios (la constitución alemana, por ejemplo, si lo hace), pero sí a sus procedimientos de reforma. España, como acaba de recoger el Democracy Index 2020, es una “democracia plena”, y no somos tantas: solo 23 de entre 167 países analizados tienen esa consideración. España es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, cuya Carta de Derechos Fundamentales es de obligado cumplimiento en el Tratado de la UE, la Comisión Europea publica un informe anual de su observancia, jamás se nos ha abierto un expediente por incumplimiento.

Es muy decepcionante que después de este continuado esfuerzo, el líder de Unidas Podemos afirme que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”. Esta declaración llega pocos días después de otra donde comparaba a los exiliados de la Segunda República con los políticos catalanes que huyeron a Bruselas para no hacer frente a sus responsabilidades penales. Su efecto sobre los esfuerzos continuados de tantas personas para sostener la reputación internacional de España es fácil de describir.

Queda siempre el consuelo de suponer que la reputación internacional del líder de Unidas Podemos deja incólume la de España, a pesar de (o precisamente por) sus embestidas contra la democracia española.

Antonio Gutiérrez Limones es presidente de la delegación española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa.

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