La colección de imágenes que nos dejó la constitución de las Cortes evidencia un tiempo nuevo. Distintas caras pero sobre todo distintas procedencias, distintos colores y distintas lenguas. Verse reconocido en muchos de los diputados y las diputadas de la bancada de Podemos no es un efecto de cámara: la gente corriente ha entrado en el Congreso. Frente a la descomposición de un bipartidismo que no responde a los anhelos de una parte creciente de la ciudadanía, irrumpen maestras, precarios, obreros manuales, autónomos, trabajadoras sociales, jueces… En suma, gente sencilla y trabajadora que hace que el Parlamento hoy se parezca más a la calle.
Como reconoce José Luis Villacañas en su Historia del poder político en España, las élites políticas españolas han sido históricamente sordas al cambio. No se trata sólo de reticencia y desconfianza hacia las transformaciones, sino de una verdadera incapacidad para adaptarse a la novedad histórica. Esta incapacidad manifiesta se materializó el pasado miércoles 13 de enero en la dificultad de muchas de sus señorías para entender aquello que tenían delante de sus ojos. Es como si de nuevo hubiera entrado el Tercer Estado en la Cámara: las mismas reacciones de estupor, las mismas caras de disgusto, el mismo pathos aristocrático. De nuevo el desdén en boca de los privilegiados. Deslumbrados por lo extravagante de lo que ellos debieron de considerar un «asalto plebeyo» (cuando no un allanamiento de morada), no repararon en que por las alfombras del Congreso desfilaba esa España que nace.
Lo verdaderamente inédito ha sido la llegada al Parlamento de una fuerza española que acepta y vive con naturalidad el carácter plurinacional del país. “Escándalo para los judíos, locura para los gentiles”. La inquietante novedad reside en este fraternal encuentro de lo distinto en una formación política capaz de concitar a las nuevas mayorías sociales en torno a un patriotismo identificado con las condiciones de vida de la gente. Jurar nuestros cargos gritando «nunca más un país sin su gente» es recordarles a algunos que España no es una marca; que la idea de patria ha sido injustamente olvidada por nuestros gobernantes y reducida a una palabra vacía al convertir la política española en una mera prolongación de los intereses de Alemania, al tiempo que con su inacción y su retórica recalentaban la situación en Cataluña. Por eso, hoy nosotros nos atrevemos a decir patria y a conjugarla con la nación vasca, la nación catalana y la nación gallega, porque apostamos por una España plurinacional fruto de la voluntad democrática de los pueblos que la integran. Podemos es un formación española, popular y soberanista; esta es la novedad histórica. Somos la única fuerza política que puede celebrar la valentía de Lluís Companys al gritar «¡Viva España!» y la dignidad heroica del presidente Allende al despedirse con un «¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!».
El nuevo tiempo político que se abre exige entender la política no como un oficio de notables, sino como un esfuerzo denodado por mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las personas que viven en nuestro país. Se trata sencillamente de entender la representación como un ejercicio público al servicio de las mayorías. Por ello, Podemos presentó ayer un proyecto de ley con vocación de atender las necesidades más urgentes de una parte importante de la ciudadanía. La Ley 25 de Emergencia Social sitúa en el centro de la discusión política el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues entre otros objetivos persigue poner fin a la pobreza energética y garantizar el derecho a la vivienda y el acceso universal a la salud.
Si fuera cierto que hay una mayoría de progreso en la Cámara no sería una dificultad legislar para que no haya en nuestro país ni una sola familia más que pueda ser desahuciada sin alternativa habitacional. Tampoco resultaría un escollo que las administraciones públicas impidiesen que siga habiendo familias que no puedan mantener una temperatura adecuada en sus hogares o que carezcan de suministros básicos. Si hubiera de verdad una voluntad de cambio en el Congreso de los Diputados, seguro que podríamos devolver la tarjeta sanitaria a las miles de personas que han sido deliberadamente excluidas del sistema sanitario público y atender a todas aquellas que no pueden hacer frente al coste de sus tratamientos médicos. Con estas medidas, necesarias pero insuficientes, podríamos empezar a pagar la enorme deuda social que este país ha contraído con aquellos que se han quedado atrás durante los años de crisis económica e irresponsabilidad política.
El sentido común indica que hay cosas que no pueden esperar; como así reclaman las organizaciones sociales. En el Parlamento entra la gente corriente y también la sociedad civil organizada con la que compartimos agenda de trabajo y una misma idea: la vulneración del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando existen condiciones materiales en España para asegurar su cumplimiento efectivo, debería resultar inaceptable para todas las fuerzas políticas. Así, consideramos que cualquier intento para buscar un consenso deberá empezar por reconstruir el pacto social en nuestro país. Legislar para recuperar unas condiciones de vida adecuadas es nuestra prioridad y precede al reparto de cualquier cargo o a la constitución del Gobierno. Sabemos que es posible, creemos que es necesario y estamos seguros de que es justo. La experiencia política de estos años nos ha demostrado que sí se puede.
Rafael Mayoral es diputado y secretario de Sociedad Civil de Podemos.