El artículo segundo de la Constitución de 1812 afirmaba: “La nación española es libre e independiente, no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. Sería ingenuo que, dos siglos después, alguien pensara que puede ser solo el proyecto de un dirigente o un partido. España es y será el fruto del trabajo, las esperanzas y los proyectos de millones de españolas y españoles que viven y se desviven tratando de sacar adelante sus vidas y las de sus familias. Para que el sueño de un dirigente político, por bienintencionado que sea, se haga realidad, para que el sueño de un partido cambie la vida de la gente, tiene que ser un sueño compartido por millones de personas, por una mayoría mucho más amplia que la de sus simpatizantes y votantes.
El proyecto político que defiendo, el del Partido Socialista, responde al empeño prolongado de millones de españolas y españoles por construir una sociedad más justa, próspera y libre. Los socialistas no bajamos hace un mes de ningún Sinaí con una verdad revelada: durante estas cuatro últimas décadas hemos acompañado a nuestro pueblo en la construcción de la España democrática. Una España que, finalmente, no ha sido el proyecto de nadie, porque ha sido el proyecto de todos.
Los socialistas no necesitamos denostar todo lo que hay para sobresalir en el paisaje del descrédito que algunos extienden sobre todo lo que hemos hecho como pueblo desde 1977. Incluso después de cuatro años de gobierno de la derecha, el Estado de bienestar que pusimos en pie los socialistas con el apoyo de la ciudadanía constituye el modelo de país justo y solidario en el que la sociedad española se reconoce.
Hoy España sufre las consecuencias de la crisis y de unas políticas erradas contra esa crisis. Y si en los últimos dos años nuestra economía, como las de todos los países del sur de Europa, da signos de mejora es porque la UE ha abandonado la austeridad impuesta por la derecha europea y que con tanto entusiasmo defendió la derecha española. El cambio en la política monetaria del BCE en 2012 y la flexibilización en el ajuste del déficit han permitido empezar a respirar a nuestra economía.
Si algo es pasado y ha fracasado son esas políticas de Mariano Rajoy y la derecha, las que responden a sus valores ideológicos y a sus intereses económicos. Pero en la agenda de las derechas sigue estando la desprotección de los trabajadores y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Después de agotar el negocio del préstamo, su siguiente objetivo es el del aseguramiento, privatizar la sanidad y las pensiones. Esa es la siguiente batalla que los fundamentalistas del mercado ya están dando contra nuestra forma de vida.
No es la racionalidad económica la que fundamenta las propuestas de la vieja y la nueva derecha, sino la lógica del negocio, el interés puro y duro. Por eso los socialistas consideramos que es más necesario que nunca defender los valores de solidaridad y justicia social, la idea de que somos una comunidad humana y no sólo un frío mercado de intereses.
En esta hora de España en la que millones de personas están desempleadas o con empleos precarios y salarios de pobreza, los socialistas apostamos por una economía que compita en mayor valor añadido y en mayor productividad y no en la devaluación de nuestras condiciones de vida. El crecimiento es una condición necesaria pero, por sí solo, no va a resolver los problemas de desigualdad o de pobreza: en estos años hemos visto cómo la mejora macroeconómica ha aumentado la desigualdad. Queremos crecimiento económico con justicia social y sabemos que la justicia social es también un factor de crecimiento económico.
Por eso estoy convencido de que nuestro país necesita cambiar su modelo productivo. Necesitamos una economía menos vulnerable al paro y que multiplique las oportunidades de los españoles y españolas. Un país que apueste por la educación, la investigación, la innovación, la digitalización y la reindustrialización. Y, frente a lo que hemos padecido estos años, un país en el que los poderes públicos estén cerca de las empresas, pero lejos del negocio.
En estos cuatro años, con la excusa de la crisis, se han roto consensos que debemos restablecer. El más importante es el consenso en torno a la convivencia democrática y nuestras instituciones. Los casos de corrupción han debilitado la confianza en el poder político, pero también lo ha hecho la incapacidad de los poderes públicos para responder a los problemas ocasionados por la crisis. Si a ello unimos la insensibilidad social de los Gobiernos conservadores ante fenómenos como la pobreza o los desahucios es fácil comprender el descontento y la urgencia de recomponer el consenso respecto a nuestra institucionalidad democrática.
Y no sólo respecto a las instituciones. Uno de nuestros activos más importantes desde la Transición ha sido el diálogo social entre trabajadores y empresarios, un diálogo que el Gobierno de la derecha ha roto cuando era más necesario. Restaurar ese diálogo, todos los diálogos, es una necesidad de nuestra democracia para recuperar la cultura del pacto y no de la confrontación, de la justicia y no de la desigualdad, del mérito y el esfuerzo y no del privilegio.
Garantizar para todos los servicios del Estado de bienestar, en especial una educación y una sanidad universales y de calidad, requiere suficiencia financiera y una fiscalidad justa. Por eso debemos reformar nuestra fiscalidad para que sea más proporcionada y eficiente, para que garantice nuestros servicios públicos sin entorpecer nuestro crecimiento.
La décima legislatura de la democracia acaba con la mayor tensión territorial que hemos conocido. Ante el intento secesionista del independentismo catalán, los socialistas no concebimos a España sin Cataluña, pero tampoco concebimos una España sin toda su diversidad. Debemos reafirmar que todos cabemos y que todos somos necesarios para nuestro progreso colectivo.
Desde la Transición los socialistas hemos estado en todos los grandes pactos de convivencia porque, en democracia, esta solo es realmente posible en el diálogo y el acuerdo. Lo pienso para los territorios, pero también para las generaciones, los trabajadores y empresarios, las mujeres y los hombres. Por eso estoy convencido de que en la legislatura que comienza debemos retomar el diálogo entre todos, un diálogo que produzca un gran acuerdo y se plasme en la reforma de nuestra Constitución. Para proteger y ampliar nuestros derechos. Para garantizar un Estado de bienestar fuerte y sostenible. Para modernizar y democratizar nuestras instituciones. Para hacer de nuestro país un marco estable de convivencia.
Los españoles y las españolas del presente tenemos el derecho y el deber de renovar el pacto constitucional que hicieron las generaciones de nuestros padres y abuelos, pero estamos obligados a llegar a una concordia tan larga y fructífera como la que ellos alcanzaron, porque la mejor enseñanza que nos dejaron es que solo entre todos podremos construir la España que queremos.
Pedro Sánchez es el cabeza de lista del PSOE en las elecciones del 20-D.