La España que queremos

En las últimas semanas, gran parte del debate dentro del PSOE se ha centrando en cómo debe elegirse al futuro líder y quién debe ser, como si se tratara de un casting.En cambio, las diferencias programáticas entre los candidatos han sido relegadas al segundo plano. Y esto es grave, porque la función de los partidos es presentar una idea de país que pueda ganarse la confianza de una mayoría.

El PSOE tiene poco margen. Si no resuelve correctamente esta encrucijada, puede perder no sólo su liderazgo dentro del progresismo, sino también su relevancia dentro de la sociedad. Esto requiere una lectura honesta de la situación del país y sus instituciones ante la nueva situación política.

Los consensos de la Transición han caducado en su gran mayoría. Las instituciones se han visto arrolladas por una ola de desafección, y los ciudadanos no se sienten bien representados. Esto se agrava porque la respuesta por parte del Gobierno ha sido el inmovilismo, frustrando la voluntad de cambio de la sociedad.

La España que queremosSi no fuera poco, la democracia española se enfrenta en estos momentos al mayor desafío en sus 37 años: la pulsión soberanista en Cataluña. Ante el terrorismo de ETA, la respuesta de la democracia era contundente: con la violencia no se puede hacer política. Pero, ¿cómo responder a la voluntad de una abrumadora mayoría social que desea votar? Ampararse en el Estado de derecho no es decir mucho, porque el problema de fondo no es jurídico, sino de representación.

Por todo ello, el PSOE no está en una situación nada fácil. Su única salida es presentar ante los españoles un proyecto político que resuma de la forma más comprensible posible los retos por los que pasa nuestro país, presentando soluciones audaces y responsables. Esto no consiste en escribir 300 páginas, sino en desarrollar las líneas maestras que resuelvan las diversas crisis por las que pasa España. ¿Cuáles son estos problemas? Nosotros ponemos sobre la mesa cinco: el debate territorial, la jefatura del Estado, la modernización de las Administraciones públicas y el combate de la corrupción, la desigualdad y nuestra relación con Europa. ¿Cómo hacerlo?

El debate territorial y la jefatura del Estado son problemas que tienen difícil solución, puesto que fracturan la sociedad en dos partes casi iguales. Además, en estos momentos, tanto en la cuestión territorial como en la sucesión del Rey existe una fuerte demanda ciudadana a favor de una votación. Por ello, la única solución posible es una reforma constitucional que adapte estos dos problemas a las nuevas circunstancias y que después sea refrendada por el conjunto de la población.

La cuestión territorial exige introducir cambios constitucionales. Sólo una reforma federal será capaz de encajar la realidad plurinacional de España dentro del Estado de derecho, aportando reconocimiento. Esto supondría garantizar el autogobierno de Cataluña blindando competencias, sobre todo en materia de la educación y la cultura. Por otro lado, nuestro modelo territorial es susceptible de mejora. Ni el reparto de competencias ni su financiación están muy claros, y carecemos de instituciones sólidas que fomenten la cooperación y la coordinación entre Gobiernos. La organización territorial, tan instrumentalizada por los nacionalismos, no deja de ser un debate sobre cómo mejorar la administración del Estado de bienestar.

El segundo bloque de reformas constitucionales debería garantizar una jefatura del Estado más moderna y transparente. El debate no sólo se limita a la cuestión de Monarquía o República, sino a qué tipo de Monarquía o República. Cualquier jefatura del Estado debería estar sujeta a un mayor control parlamentario tanto en su agenda como en sus presupuestos. Y es el momento de acabar con el anacronismo que sitúe en desigualdad de acceso al cargo a los hombres y las mujeres.

Esta reforma constitucional nos permitiría resolver dos problemas históricos durante un largo tiempo. Pero no todo lo que nos pasa como país son problemas de esta dimensión. Otra dificultad que arrastramos desde hace décadas y que exige una solución urgente es la corrupción. La solución pasa por reformas institucionales. En primer lugar, como viene señalando Víctor Lapuente, es ineludible despolitizar algunas de nuestras Administraciones. Ello implica una mayor profesionalización en los métodos de selección, reduciendo los cargos de confianza en los sitios donde son completamente abusivos. En segundo lugar, el Poder Judicial es el único poder que no ha sufrido una transformación profunda desde la instauración de la democracia. Además de modernizarse tecnológicamente y ganar en eficiencia, el acceso a la judicatura merece una reflexión profunda.

La desigualdad es otro problema que arrastramos desde los años noventa, aunque se ha visto agravado con la crisis económica actual. Por ello es imprescindible poner sobre la mesa propuestas que permitan aumentar la cohesión social. Para ello necesitamos reforzar los mecanismos redistributivos de nuestro Estado de bienestar. Esto exige, sobre todo, cambios en los componentes del gasto, primando aquellos que generan más igualdad. Por ejemplo, sabemos del enorme efecto que tiene la etapa educativa que va de cero a tres años. Una sociedad moderna como la nuestra necesita de una red pública de guarderías que garantice la escolarización a edades muy tempranas. El sistema de pensiones también tiene un alto componente redistributivo, y garantizar su futuro es indispensable.

Pero la cohesión social no es sólo una cuestión de gasto. Las desigualdades que genera nuestro mercado laboral exigen debates y decisiones valientes. Por ejemplo, medidas como el contrato único o la flexiseguridad se han desechado muy rápidamente sin que se haya producido una discusión política de altura sobre cómo eliminar la creciente brecha entre los insiders bien protegidos y los outsiders precarios. La pretensión del Gobierno de universalizar la miseria no es ninguna solución.

Además, el combate de la desigualdad también implica acabar con algunos privilegios de las élites: puertas giratorias, aforamientos, etcétera. No se entiende, ni es aceptable, que el BOE esté al servicio del Ibex 35. Una estructura económica oligárquica es un profundo lastre, tanto para la libre competencia como para la igualdad de oportunidades.

Finalmente, nuestra relación con Europa tiene dos condicionantes importantes en materia de economía y democracia. Por un lado, el mal diseño de la unión monetaria ha intensificado la crisis. La combinación de la ortodoxia monetaria de un Banco Central Europeo junto con reglas fiscales estrictas nos condena a un panorama desolador de años de austeridad y una crisis de la deuda a cámara lenta. En lugar del actual Frankenstein económico, se exige una unión fiscal, bancaria y económica de verdad.

Mientras tanto, el diseño institucional de la Unión se parece más bien a un laberinto que a unas estructuras útiles para canalizar las demandas ciudadanas. Los ciudadanos creen, con razón, que muchas de las decisiones importantes ya no se toman en las instituciones representativas que ellos eligen. El reto para Europa es cómo avanzar hacia la unión sin sacrificar la cualidad democrática. Esta pulsión democrática se tiene que trasladar a todos los niveles.

En definitiva, no se trata de partir de cero. La crisis económica ha puesto de relieve algunos de los problemas que arrastrábamos como país, pero que en época de bonanza no parecían importarnos. Para poder solucionarlos, el Partido Socialista debe construir una coalición ciudadana contra el inmovilismo. Las fuerzas políticas progresistas sólo perduran si apuestan antes por la modernización que por la nostalgia. El orgullo de los logros conseguidos en la Transición no puede bloquear un nuevo impulso reformista.

David Lizoain es economista e Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

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