Si no constituyera una afrenta tan grave a la libertad de expresión, el reciente berrinche del presidente Nicolás Maduro por un comentario de los economistas Ricardo Hausmann y Miguel Angel Santos sería casi divertido. Hace tiempo que Venezuela ataca al Fondo Monetario Internacional por atreverse a sugerir que tal vez sus políticas macroeconómicas no estén funcionando bien, pero ahora su presidente ataca a los académicos.
Maduro, por supuesto, dirige una importante economía exportadora de petróleo, tan pobremente administrada que su PIB per cápita actual real (ajustado por inflación) es un 2 % inferior al de 1970, a pesar de que los precios del petróleo se han multiplicado por 10 desde entonces. Hausmann y Santos tuvieron la audacia de preguntar si, después de incumplir absolutamente todos los compromisos imaginables de su deuda interna, Venezuela debe invitar a los inversores extranjeros a la fiesta y dejar también de pagarles a ellos. ¿Es una pregunta tan disparatada?
No queda claro si Maduro –quien solicitó a las autoridades venezolanas «iniciar acciones» (sin indicar de qué tipo) contra Hausmann y Santos (ambos ciudadanos venezolanos)– se ofendió más porque sugirieron el default de la deuda externa o porque presentaron una lista de todos los incumplimientos ya cometidos. Entre ellos se cuentan las deudas impagas del gobierno por importaciones de productos farmacéuticos (3,5 mil millones de dólares), atrasos en pagos de alimentos (más de 2 mil millones de dólares), y su deuda con las aerolíneas (casi 4 mil millones de dólares). La producción petrolera cayó más de la mitad desde 1997, en gran medida porque la empresa petrolera estatal incumplió reiteradamente sus pagos a proveedores y socios en empresas conjuntas.
Tanto el alcance como la magnitud de los incumplimientos internos son enormes, e implicaron significativos «recortes» (digamos, expropiaciones) de facto a los acreedores. Durante 2013-2014, la rentabilidad de la deuda interna del gobierno fue de aproximadamente el 17 %, cuando la inflación osciló entre el 55 % y el 75 %. Las tasas de interés ex post reales y negativas cercanas al 30-60 % están entre las más altas de la historia. El peso de estos «impuestos» no se limita a los bonistas; los pensionados, ahorristas y todos los acreedores del gobierno –en definitiva, quienquiera que posea un bolívar– se ven afectados.
Entonces, como preguntan Hausmann y Santos, ¿debe Venezuela declarar el default de su deuda externa, cuando la historia indica que casi todos los incumplimientos internos van de la mano de incumplimientos externos?
De hecho, dado que el gobierno ya está en mora con sus residentes en numerosos frentes, la probabilidad de un default de su deuda externa –según los datos de estudios históricos transversales entre países– es cercana a uno. Más allá de importantes consideraciones morales y de equidad, esta probabilidad evidencia por qué Hausmann y Santos hacen una pregunta tan obvia.
En nuestro libro Esta vez es distinto, documentamos la forma en que los incumplimientos internos están asociados a recesiones más profundas y duraderas (y a una mayor inflación) que los incumplimientos «puramente» externos. Si bien observamos que históricamente se han dado muchos defaults externos sin correlatos internos, lo opuesto no se verifica: casi todos los incumplimientos internos son «incumplimientos gemelos» que también afectan a los acreedores externos. ¿Será una excepción el caso venezolano?
Hausmann y Santos están en lo cierto al afirmar que la enorme dimensión del incumplimiento interno sugiere un elevado riesgo de incumplimiento externo. También están probablemente en lo cierto cuando afirman que, para la mayoría de los venezolanos, el default externo sería algo bueno. La cesación de pagos a los acreedores externos, como hemos afirmado en el pasado, es una estrategia riesgosa que debe evaluarse frente a otras opciones. Pero no pretendamos que no tiene precedentes en la historia venezolana. Desde su independencia, Venezuela incumplió los pagos de su deuda externa en bonos en 1826, 1848, 1860, 1865, 1892, 1898, 1983, 1990, 1995 y 2004.
«Ese es el motivo», como indican Hausmann y Santos, «por el cual los bonos venezolanos pagan más de 11 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro de EE. UU., 12 veces más que México, 4 más que Nigeria y el doble que Bolivia». Atacarlos por atreverse a impugnar la situación crediticia venezolana en 2014 se antoja un poco desconectado de la realidad presente y pasada.
La realidad relevante hoy día son las dificultades a largo plazo y la caída del nivel de vida para el ciudadano venezolano promedio. Durante los últimos 45 años, mientras el PIB real per cápita de Venezuela caía, el PIB per cápita estadounidense aproximadamente se duplicó y el chileno, casi se triplicó. Además, observadores neutrales estiman que 2014 será incluso peor para Venezuela (nada sorprendente, considerando el caos en los fundamentos de la política de ese país).
La absurda amenaza de Maduro a Hausmann y Santos huele a la búsqueda de un chivo expiatorio. Ellos no dieron un discurso político, sino una simple enumeración de hechos profundamente penosos y desagradables. Dadas la intensidad, extensión y profundización de la crisis que Venezuela enfrenta, los esfuerzos y la atención de Maduro debieran centrarse en resolver los problemas del país, más que en atacar a académicos que dan a conocer verdades incómodas.
Carmen Reinhart, a research associate at the National Bureau of Economic Research, is Professor of the International Financial System at Harvard University. Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics.
Traducción al español por Leopoldo Gurman.