La estación pragmática del nacionalismo vasco

Ha sido señalado por autorizados intérpretes de la sociedad vasca como Ander Gurrutxaga que el nacionalismo vasco actual, el de los últimos 20 años, ha experimentado un proceso de rutinización y desencantamiento, de manera que al mismo tiempo que imponía su hegemonía cultural sobre casi toda la sociedad vasca, se remitía cada vez más a valores acusadamente pragmáticos y funcionales para apuntalar su afirmación de una naturaleza distinta del ser vasco. En efecto, el nacionalismo difuso que hoy permea la sociedad se afirma en un dato que se constata diariamente: aquí se vive bien, mejor que en el resto del Estado. Es todavía una mirada nacionalista, puesto que el argumento encubre un claro supremacismo en relación al resto de España, pero es a la vez acusadamente laica, despojada del halo romántico que conectaba aquel ser a una comunidad orgánica imaginada en términos agónicos. El bienestar, la calidad de vida y la estabilidad institucional sustituyen hoy a las ensoñaciones más tradicionales del nacionalismo en su pretendida función de operar como el cemento compartido de la sociedad vasca.

La estación pragmática del nacionalismo vasco
LPO

Esta sustitución de legitimaciones parece venir corroborada en la práctica política por los dos brazos del nacionalismo vasco. En efecto, no se trata sólo de que la utilice el Partido Nacionalista Vasco (que siempre ha tenido una componente practicista muy fuerte junto al legado sabiniano), sino que también los nacionalistas radicales de Bildu que hasta ayer mismo apoyaban la violencia (y que siguen sin rechazarla como memoria nacional) fundan hoy su indudable progresión electoral en una dedicación cuidadosa a los problemas cotidianos de la ciudadanía, en una mayor cercanía a sus demandas bienestaristas. La cara de los ayer violentos y soi disant revolucionarios es hoy la socialdemócrata, que incluso exhibe sin rubor su utilidad para la gobernación del odiado país cárcel. El Estado de bienestar no aparece ya como la enésima trampa del sistema capitalista sino como un bien digno de cuidado, y la disputa partidista se centra en la mayor o menor capacidad de uno u otro para gestionarlo razonablemente. Naturalmente que se sigue mencionando la soberanía como meta final, pero cada vez de forma más simbólica y centrada en lo concreto en expedientes plausibles dentro de una organización confederal de la república española.

Queda para el futuro, claro está, desvelar si este recurso al pragmatismo y la tregua que trae consigo son una mera estación de tránsito del nacionalismo vasco o bien constituirán su futuro estable en un medio societario e institucional cada vez más globalizado, disgregado y movedizo. También queda aparte el asunto tan debatido por la academia de cuál será la memoria hegemónica del terrorismo etarra que se impondrá en una sociedad nacionalista moderada.

A nosotros nos interesa ahora, de manera más humilde, suscitar la cuestión de hasta qué punto podría suceder que ese pragmatismo nacionalista respondiera también a la toma de conciencia por su parte (nunca ad extra) de que la Euskadi actual, engranada en España mediante un peculiar régimen de hecho confederativo, es en definitiva la versión posible más favorable de las Euskadis que se pueden imaginar, incluso desde el nacionalismo. De manera que la secesión e independencia respecto a España no sería una opción interesante de verdad para los vascos sencillamente por no proporcionarles una situación económica mejor que la actual, sino una de calidad inferior, dado el elevado coste que conllevaría su realización para el ciudadano común. De nuevo, el pragmatismo.

Desde el punto de vista comercial, la economía vasca está muy integrada y es muy dependiente de la del resto de España. Bastante más que la catalana, como mostró el estudio del profesor de la Universidad de Edimburgo José V. Rodríguez Mora (Efectos comerciales de la independencia del País Vasco, 2014) cuyo análisis y conclusiones tomamos como base. Esa superior interpenetración haría que los efectos de una hipotética separación, simplemente como consecuencia de las fricciones nacidas del efecto frontera, y suponiendo incluso que el nuevo Estado resultante permaneciera como miembro de la UE, serían tales, que el PIB del País Vasco experimentaría una pérdida de alrededor de un 12%, una pérdida de renta para sus ciudadanos sencillamente demoledora. Esa pérdida sería mucho menor para Cataluña, por cierto.

Pero es que hay más, mucho más: la situación del País Vasco en el conjunto de España desde el punto de vista fiscal y financiero sólo puede ser definida como «marciana», precisamente por constituir un caso que se desvía violentamente de lo que ocurre hoy en los Estados compuestos en este planeta nuestro: pues sucede nada menos que los ciudadanos de una de las regiones con mayor renta per cápita de ese Estado no contribuyen para nada a mejorar las rentas de los habitantes de las menos ricas, es decir, no aportan prácticamente nada a la solidaridad interterritorial. Dicho en los términos que popularizó el procés catalán: su balanza fiscal es positiva y las transferencias fluyen en la dirección inversa a la que rige actualmente en este planeta. Piénsese que, por poner un ejemplo, una región como Madrid, de similar renta per cápita, aporta a la solidaridad territorial nada menos que el 26% de sus ingresos fiscales. En cambio, Euskadi no aporta prácticamente nada de los suyos.

Esto significa que los efectos comerciales negativos de una supuesta secesión del País Vasco no podrían ser compensados en nada, ni en un mísero ochavo, por el ahorro que supondría dejar de contribuir a la solidaridad interespañola, sencillamente porque no existe esa contribución. Es una diferencia notable con el caso catalán, en el que, aquí sí, los catalanes independientes se ahorrarían la cuota de solidaridad que ahora, con toda lógica y justicia, pagan (eso que los nacionalistas llaman robo).

Por otro lado, las cuentas de la Seguridad Social son implacables: las pensiones vascas no pueden cubrirse con las cotizaciones internas, sino que presentan un déficit anual de varios miles de millones de euros que sólo el sistema de caja única estatal permite soportar. Un país independiente se vería enfrentado a una situación imposible de resolver a no ser que el Estado de origen aceptara hacerse cargo a perpetuidad de las pensiones ya existentes, hipótesis no demasiado verosímil.

El País Vasco goza de una autonomía fiscal en la definición de su recaudación incomparable con la limitada de las comunidades de régimen común y, sobre todo, sucede que con un nivel impositivo similar al común, obtiene un elevado plus de recursos por su mayor riqueza debido a la progresividad del sistema, recursos adicionales que se apropia en exclusiva (Zubiri). Así se entiende que, a igualdad de competencias y esfuerzo fiscal, las comunidades forales obtengan una financiación que hoy es ya de más del doble por habitante que la media del resto de comunidades (De la Fuente).

Vamos, que la situación del País Vasco no es exactamente la de Jauja, pero se le acerca mucho. Es bastante marciana. Reestablecer un régimen de relación financiero y fiscal con el resto de España calificable como terrestre, incluso sin tocar el sacrosanto Concierto, supondría para el País Vasco una pérdida de por lo menos el 6% de su PIB anual, unos 2.000 euros al año para cada vasco. Ningún político español en su juicio se atreve a hablar siquiera del asunto, como es patente. Así que... terreno conquistado. Pero la tan soñada secesión conllevaría pérdidas mayores, está demostrado.

Lo mejor, en un caso así, es ser pragmático. Es decir, marciano.

José María Ruiz Soroa es abogado y autor de 'Elogio del liberalismo' (Catarata, 2018).

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